Ť Sería necesario un aumento de 158% para recuperar el poder adquisitivo

Déficit de casi 5 millones de empleos: CAM y UOM

Elizabeth Velasco C. y Fabiola Martínez Ť La precariedad del trabajo avanza en México, donde 65 por ciento de la población ocupada (más de 24 millones de personas) percibe ingresos promedio de hasta dos salarios mínimos (68.90 pesos diarios) o no recibe ningún ingreso por su trabajo, además de carecer de seguridad social y prestaciones.

De acuerdo con estimaciones del Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la UNAM, y de la Universidad Obrera de México (UOM), en la presente administración se ha registrado un déficit de 4 millones 742 mil 818 empleos, en tanto que los contratos colectivos han sido ''mutilados''; el trabajo eventual tiende a ser la norma; el permanente, la excepción, y el desempleo avanza hasta abarcar a 50 por ciento de la población económicamente activa (19 millones de personas en el sector informal).

En materia salarial, los estudios de las instituciones arrojan que de diciembre de 1994 a noviembre de este año, el ingreso mínimo (34.45 pesos) sólo puede adquirir 38 por ciento de la canasta básica, cuyo costo alcanzó un monto de 623 pesos a la semana (casi 90 pesos por día) hasta noviembre pasado.

Si se compara el costo de esa canasta en igual periodo, se tiene que ha aumentado un promedio de 262 por ciento, mientras que el minisalario sólo lo hizo 86.56 por ciento. Así, indica el CAM, el poder adquisitivo del ingreso ha acumulado una pérdida de 75.1 por ciento entre fines de la década de los 80 y el presente año.

De tal suerte que, en noviembre pasado, un trabajador que percibía un salario mínimo por día requería laborar 124 horas a la semana (76 horas extra de trabajo) para poder adquirir una canasta básica; en 1994, tenía que trabajar para el mismo fin 77 horas a la semana (29 horas adicionales).

En amplio estudio, ambas instituciones señalan que el continuo deterioro del salario mínimo ha presionado hacia la baja el resto de las remuneraciones del sector productivo. ''Entre 1994 y 1999, las remuneraciones contractuales cayeron 23 por ciento; las de la industria maquiladora de exportación, 7, y las de la industria de la construcción, 30 por ciento'', ilustran.

Por ello, en estos momentos en que se negocia un aumento a los mínimos, coinciden en que el sector obrero tendría que exigir un incremento no menor a 158 por ciento para recuperar la pérdida del poder adquisitivo. Cabe aclarar que con ese porcentaje no quedarían resueltas las necesidades de vivienda, salud, educación, vestido y cultura.

Empero, para el sector obrero oficialista y para el gobierno y la cúpula empresarial, ''el salario mínimo se ha convertido únicamente en un indicador más de la economía'', dejando de ser concebido como un instrumento de justicia social, destaca la UOM.

En torno a la propuesta del Congreso del Trabajo (CT) de indexar el aumento a los salarios de acuerdo con la inflación, la Universidad Obrera afirma que es ''francamente absurda, pues de hecho las percepciones están indexadas a la inflación, pero de un indicador que subestima el nivel general de precios''.

Con referencia a la propuesta de la cúpula obrera de negociar un aumento de 15 por ciento a las percepciones mínimas, la UOM destaca que si se autorizara (monto poco probable, pues los empresarios sólo ofrecen 9 por ciento) sólo representaría un incremento de 5.16 pesos diarios; entonces, el salario oscilaría en 39.62 pesos y únicamente podría comprar 44 por ciento de la canasta básica. Además, ''dicho aumento sería en breve pulverizado por el reajuste ya programado de los bienes y servicios que vende el Estado (gas, gasolina, metro y otros)''.

Esos aumentos presionarían también al alza el precio del resto de los productos de la canasta. En particular alimentos como la tortilla, cuyo valor se ha elevado 388.53 por ciento de 94 a la fecha; pan blanco, con 344.44 por ciento; huevo, 287.07 por ciento el kilogramo, y otros productos básicos que han dejado de ser subsidiados por el Estado debido a los sistemáticos recortes presupuestales, además de la disminución del gasto destinado a la educación, la salud y la vivienda. Así, además de la precarización del trabajo, el gasto social para el próximo año será más austero, ''por lo que se profundizará aún más el sacrificio social de los trabajadores''.

Al respecto, Laura Juárez, investigadora de la UOM, señala que en el Presupuesto de Egresos para el 2000, ya se prevé reducir la partida de Liconsa en 66 por ciento; la destinada a la reconstrucción de las escuelas, 75 por ciento menos que en 99, y también el Conalep reducirá su presupuesto en 50 por ciento. Sin embargo, el gobierno ''sigue privilegiando a los grandes especuladores nacionales y extranjeros (el rescate bancario está asegurado y aumenta continuamente la inversión de cartera o especulativa), al mismo tiempo que asegura a la burocracia de alto nivel sueldos descomunales'', concluye.