Emilio Pradilla Cobos
El presupuesto del DF y las alianzas
Al aprobarse la Ley de Ingresos de la Federación para el 2000, se consumó el primer acto de recorte presupuestal al Distrito Federal: se redujo en 3 mil millones de pesos, casi en un tercio, el techo de endeudamiento solicitado por el gobierno local y con ello se limitó su capacidad de atender los enormes rezagos en infraestructura y servicios heredados de varias décadas de gobiernos priístas.
No contentos, los legisladores impusieron al gobierno capitalino diversos candados que no se aplican al gobierno federal y a los estatales, demostrando el trato inequitativo a que se le somete con claro objetivo electorero. No nos extrañaríamos si los candados surgieran de una legislación de largo plazo que obligara a todos los gobiernos, incluido el Federal, a aplicar normas de transparencia republicana; sin mediar imposiciones y por principios democráticos, los gobiernos capitalinos de Cárdenas y Robles ya se los aplican a sí mismos.
Pero está pendiente el segundo acto: la aprobación del Presupuesto de Egresos, donde se discutirán las aportaciones federales al DF, en particular las correspondientes al Ramo 33 para combatir la pobreza; en este tema, se tiene el antecedente de 1999 para el cual la alianza PRI-PAN negó a millones de pobres capitalinos, víctimas de la exclusión social propia de la política neoliberal impuesta por el gobierno priísta y sus compañeros de ruta, sin recursos para mitigar su lamentable situación. Si al final se completa el recorte, los defeños no podremos aceptar el año entrante que el PRI u otros partidos usen maniqueamente como ariete electoral las limitaciones que tenga el gobierno perredista para atender las crecientes necesidades de la ciudad, pues los responsables serán quienes votaron por la reducción presupuestal.
Estos debates han estado marcados por la inconsistencia de las posiciones del Partido del Trabajo (PT) y su acuerdo con el PRI-Gobierno para votar su propuesta. El PT fue el primero en designar a Cuauhtémoc Cárdenas --víctima de las maniobras presupuestales del PRI-- como su candidato a la presidencia; al ingresar a la Alianza por México, el PT aprobó un conjunto de documentos comunes entre los que figuran el Programa de Gobierno, la Plataforma Electoral y la Agenda Legislativa de coalición total para el 2000-2006; por la misma razón, el PT tendrá como candidato a jefe de Gobierno del DF a Andrés Manuel López Obrador, que heredaría, si gana las elecciones locales, la situación desventajosa en el trato legislativo y presupuestal que se aplique al gobierno de Rosario Robles.
Los argumentos esgrimidos por el PT para justificar su postura han sido incoherentes. Las razones fundamentales de la Alianza por México son el cambio de régimen político encarnado por el PRI, y la superación de la crisis social causada por sus políticas; aprobar con el PRI el presupuesto 2000 sería, claramente, colaborar con el despojo de las mayorías simbolizado en el Fobaproa y otras políticas, y reforzar su capacidad política. El PT habría dado un golpe político a las mayorías empobrecidas, a la Alianza y a su propia posición político-electoral en el 2000, que nadie entendería pues sólo podría explicarse en términos de beneficios colaterales mayores, poco transparentes, como ya se ha señalado en diversos medios y que quisiéramos suponer inexistentes.
Aunque la alianza es para el 2000-2006, la campaña ya empezó y en ella tienen que aplicarse coherentemente los acuerdos, pues nadie podría entender la "lógica" del PT de apoyar al PRI-Gobierno en sus actos concretos, y hacer discursos electorales en su contra en la campaña. La salida menos costosa para el PT, la alianza en la que está involucrado, la democracia y la justicia social, es la que parece haber tomado a última hora: romper su acuerdo con el PRI y vote con el PRD el presupuesto alternativo al del gobierno. Hay que señalar que en la profunda crisis del régimen político de partido de Estado, el PRI-Gobierno utiliza todos los recursos imaginables y posibles para mantener el poder y perpetuar su régimen, deteniendo el avance democrático; pero, al mismo tiempo, las fuerzas políticas que dicen oponérsele, sobre todo las más pequeñas, carecen de la coherencia político-ideológica necesaria para enfrentarlo con efectividad y, sobre todo, con transparencia y credibilidad republicanas. Por ello, la opinión pública exige a los integrantes de la Alianza por México el respeto pleno de la política que firmaron, sin que sean necesarios recordatorios y amenazas obvias de ruptura; si no es así, lo que estará en peligro serán la democracia y la viabilidad de una política equitativa y justa.