Ť Solicitan anular la decisión de suspender ingresos a la corporación
Interponen 26 mandos de la Policía Auxiliar un recurso contra Gertz
Ť A la fecha ha dejado de percibir $120 millones Ť El TCA ya dio entrada al juicio de los quejosos
Ricardo Olayo Ť Los 26 comandantes que conforman el mando operativo en la Policía Auxiliar presentaron un recurso de nulidad contra actos cometidos por el secretario de Seguridad Pública, Alejandro Gertz Manero, a quien señalan como el responsable de suspenderles la entrada de recursos a la asociación que integran 40 mil uniformados.
El dinero que ha dejado de entrar a la organización rebasa los 120 millones de pesos, mismos que se generan a través de los contratos que los comandantes celebran con particulares y responsables de oficinas públicas como el Metro.
Esa es la forma como trabajaba la Policía Auxiliar desde 1988, según un acuerdo firmado por las autoridades, el cual anexan en su demanda.
Este nuevo episodio de la pelea legal en la policía complementaria se desarrollará en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, instancia que ya dio entrada al juicio de los comandantes.
El dinero que ingresaba a la corporación, exponen los comandantes, servía para gastos de operación, adquisición de bienes y dar prestaciones a los policías.
De esos fondos, por ejemplo, se les ha pagado este año a los miles de uniformados una parte del aguinaldo.
De acuerdo con el secretario Gertz Manero, en esos manejos hay un desvío que denunció desde hace seis meses, y hace uno presentó una demanda penal, aunque en 1995 ya se procedió de la misma forma sin encontrar nada irregular.
Plazo hasta el 11 de enero
Ahora, en el juicio de nulidad de los comandantes, el TCA dio de plazo hasta el 11 de enero para que las diferentes dependencias del Gobierno del Distrito Federal le proporcionen información de la "afectación" que se pueda causar a las labores cotidianas de la Policía Auxiliar.
La demanda incluye solicitar una explicación de por qué se ha visto alterado su patrimonio, pues los comandantes exponen que a través de una orden verbal se les niega el dinero en los 26 agrupamientos, por lo que no pueden pagar la gasolina de los vehículos, recibos de teléfono, de energía eléctrica, y también se frena la compra de patrullas, chalecos, macanas y otros implementos para cumplir su labor.
La copia obtenida del recurso interpuesto indica que desde el 31 de octubre se determinó retener en la Dirección General de la Policía Auxiliar los recursos que son de los contratos, por lo que ya no se entregan a la asociación civil, conformada por casi 40 mil policías, y que es la dueña original de las patrullas, cascos, toletes y otros equipamientos.
La sala primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo será la encargada de conocer las pruebas que le haga llegar el gobierno a través de la Dirección General de Servicios Legales de la Consejería Jurídica del DF.
Entre las autoridades que están requeridas, se encuentran la Jefatura de Gobierno, el secretario de Seguridad Pública, el oficial mayor, el director general (interino) de la PA, el Consejo de Honor y Justicia de la SSP, el contralor general interno y el contralor de la SSP.
El escrito está firmado por los 26 comandantes de los agrupamientos de la corporación, quienes se inconforman del cumplimiento de "la orden verbal" de suspender la entrega de los fondos y también de la intención de cortarles el "sueldo y funciones" que tiene la Policía.
Ante la posibilidad de que se cumpla esta segunda "orden", indican conforme al oficio 2903 de fecha 12 de agosto de 1988, suscrito por quienes entonces se desempeñaban como titular de la policía capitalina, el tesorero y el contralor general, actualmente la SSP "mensualmente entrega a los suscritos los fondos revolventes para cubrir los gastos de operación de la prestación de los servicios de la Policía Auxiliar", basado, precisamente, en el citado oficio.
El párrafo al que hacen alusión los comandantes subraya: "Para cubrir los gastos de operación de la corporación en la prestación de sus servicios, la Oficialía Mayor le asignará los recursos vía fondo revolventes, a través de la Secretaría General de Protección y Vialidad, por un monto equivalente a los gastos de un mes. Para su reposición inmediata deberá presentar la comprobación correspondiente".
De la cancelación de recursos, los comandantes explican: "Se nos ha dejado de entregar a partir del 31 de octubre, sin que dicha orden conste por escrito, lo cual causa agravio a los actores en este juicio, pues existe la necesidad de dichos gastos de operación para poder cumplir en condiciones óptimas con la prestación de los servicios que tiene a cargo la Policía Auxiliar, de cuyos agrupamientos somos titulares".
Además, agregan, se enteraron que el pasado 17 de noviembre las autoridades habían girado órdenes verbales para que "se nos suspenda nuestro sueldo y funciones de los cargos"; esta situación no ha ocurrido, pero se discutió entre funcionarios del gobierno, justo unos días antes de la fecha de presentación del juicio.
En cualquier caso, subrayan, no han tenido la garantía constitucional de audiencia. "No se ha llevado a cabo, ni se nos ha llamado a un procedimiento administrativo".
En días recientes se les ha llamado para que rindan testimonio en la Contraloría por la forma de operar de la asociación, y sobre este tema, el contralor general, León Alazraki, no ha respondido a la solicitud de este diario para hablar sobre el tema.
Para ofrecer pruebas de que son ciertas las órdenes verbales, los comandantes piden se tome el testimonio de algunos servidores públicos para que se tengan elementos suficientes de juicio. Finalmente, puntualizan que si no se concede la nulidad de las medidas, "se causarían daños y perjuicios de muy difícil y probablemente imposible reparación".