Medicare-California. El programa estatal estadunidense para adultos mayores enfrenta un nuevo fraude de proporciones fenomenales. Ingeniosos bandidos cibernéticos, aprovechando la siempre desordenada y desventajosa comunicación entre funcionarios y empresas de prepago (Health Maintenance Organizations), se interpusieron, vía correo electrónico, entre pacientes reales, nunca diagnosticados ni consultados, y los administradores de Medi-Cal. Solicitaban para ellos sillas de ruedas y equipo médico durable que nunca llegó a sus destinatarios. Cien agentes del FBI trabajan ya sobre la pista.

Se trata de un episodio más de una historia mil veces narrada, y que ahora, ante la firma del Tratado con la Unión Europea y en sintonía con el cumplimiento del calendario del TLC --entrada en vigor del capítulo XIV, que establece enero del 2000 para que las compañías de seguros, en especial las del ramo de Salud, tengan ingreso pleno al mercado nacional--, formara parte del quehacer diario de los mexicanos que recurran a servicios médicos de prepago.

¿Nos acostumbraremos a esta negra historia? Hay que atribuirle la responsabilidad de este futuro de corrupción, descuidos, incumplimientos clínicos, negligencias, fraudes, quejas, demandas y ``recomendaciones'' apenas administrativas de la Comisión de Arbitraje Médico, a los senadores del PAN, PRI y PRD, que aprobaron el 9 de diciembre el dictamen sobre la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros.

Todo empezó mediante una confusa iniciativa para ``impulsar una medicina privada preventiva'' (sic), enviada el 9 de abril al Congreso por el ex secretario de Salud, Ramón de la Fuente, y que fue aprobada al vapor, 48 horas después, por los diputados, con 436 votos. Limitaba su materia regulatoria fundamental en salud: costos/precios para el prestador/usuario de las intervenciones, así como coberturas y restricciones de las pólizas, a que las aseguradoras ``actúen en coordinación con la Secretaría de Salud, la que expedirá constancia para la prestación de estos servicios''. Es decir: la autoridad indiscutible en un asunto netamente sanitario sería la Comisión Nacional de Fianzas y Seguros.

Turnada con carácter de urgente al Senado, el 13 del mismo mes, a pesar de recibir llamadas telefónicas de la Secretaría de Hacienda y de la Presidencia para acelerar los trabajos, fue rechazada por la Comisión de Salud a fin de evitar extender un ``cheque en blanco a las compañías aseguradoras'', mientras que la Comisión de Hacienda la aprobó el 27 de abril.

La singular división entre los representantes priístas facilitó un lapso de más de siete meses, en que se cumplió la función parlamentaria mínima: escuchar a los médicos, voz seminal en el ánimo de la arena de la política pública.

La iniciativa finalmente se aprobó apenas ajustada al calendario del TLC, el 9 de diciembre. Un día después, con un procedimiento poco ortodoxo, se reformó con adiciones que ``garantizan que la prestación de servicios de salud en casos de emergencia cumpla con normas mínimas de calidad y se realice con pleno respeto a los juicios clínicos y la libre elección del médico y la unidad hospitalaria''. Creó la figura de Contralor Médico para cada Institución de Servicios Especializados en Salud (ISES), que será designado con participación de la Secretaría de Salud, y estableció los aspectos mínimos que deberá contener el dictamen técnico médico requerido para la constitución de las ISES.

La asociación entre los Fondos Apolo y la poderosa mutual estadunidense Prudential, así como la compra de Seguros Monterrey Aetna por la corporación New York Life, ubican el sector asegurador mexicano en las grandes ligas donde será severamente presionado por el mercado global. Las firmas locales tendrán que competir, ahora, mejorando los servicios, la atención a sus clientes y reduciendo tarifas.

De cara a este marco global en extremo dinámico, el margen de las políticas nacionales no puede sino establecer prioridades para los que tienen poco y regulaciones adecuadas para los que tienen más. Hasta ahora, están fuera de su alcance el engrosado sector informal --que casi carece de cobertura y recurre a una medicina privada que vive alrededor de su informalidad-- y los trabajadores migratorios. Además, es reducida la protección al mundo rural. La red pública de salud y seguridad social --con sus grandes problemas-- es para ellos: los que más la necesitan.

La ley que aprobó el pleno del Senado --que aún debe ser ratificada por la Cámara de Diputados-- para la clase media mexicana con capacidad de prepago entre 2 y 15 salarios mínimos, es incapaz de combinar atención eficaz de la enfermedad con las expectativas de rentabilidad que se aguardan del nicho de mercado, como ya ocurre en las HMO's estadunidenses. No garantiza calidad y contribuye a consolidar la fragmentación del cuadro de nuestra desigualdad. La ley nos costará mañana, como gusta decir el Nobel de Economía G. Becker, lo que ya le cuesta hoy a cualquier familia. n

* Investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco