Ť Valida ley asistencial y a autoridades del sector
Le niega la justicia federal amparo al Monte de Piedad
Ricardo Olayo Ť El amparo que solicitó el Nacional Monte de Piedad contra la aplicación de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada fue denegado por la justicia federal, al comprobarse que no hay razón para desconocer a las autoridades del sector ni los nombramientos que se derivan de su actuación.
Ayer, justo a un año de la aprobación de dicha norma en la Asamblea Legislativa, se conoció la sentencia, cuya tardanza mereció que el viernes la Junta de Asistencia Privada (JAP) se inconformara ante el Consejo de la Judicatura por la actuación del juez Manuel de Jesús Rosales Suárez.
La resolución se dio a conocer por la mañana de ayer previo a una reunión que sostuvieron la jefa de Gobierno del DF, Rosario Robles, y el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Genaro Góngora, y en este encuentro el ministro reiteró que el Montepío no recibió la razón en su recurso.
De acuerdo a la explicación que se entregó, la resolución del juez se dio en dos sentidos: sobreseimiento; es decir, se decretó sin materia una parte de la solicitud de amparo y otra fue denegada; no obstante queda una última instancia de defensa para el Montepío.
De tal forma que se reitera la validez de la presidencia en la JAP de Alejandro Ainslie y de los integrantes del consejo de la misma junta, así como sus actos y otras aplicaciones de la ley.
Este amparo era el último que tenía que resolverse, de la serie interpuesta por 161 instituciones de asistencia privada, de las 450 que conforman el sector.
Sólo resta que se determine el recurso de revisión, que es competencia de la Suprema Corte de Justicia, organismo que en pleno de 11 ministros declaró el 2 de septiembre que la ley en pugna es constitucional.
A propósito de la resolución contraria a sus intereses, el presidente del patronato del Nacional Monte de Piedad, Alan de la Torre Lobera, dijo que solicitarán la revisión en los siguientes diez días, pero subrayó que hasta ahora no están obligados a entregar las cuotas ni acatar la autoridad de la JAP, como órgano del gobierno de la ciudad de México.
Dijo que a reserva de leer con detenimiento el contenido de la sentencia y consultarlo con sus abogados, la resolución es "impugnable" y "no es la última palabra" en este caso, que ha significado un enfrentamiento legal entre algunas IAP y el GDF.
De la Torre dijo que desconoce el monto de las cuotas que tiene que aportar el Nacional Monte de Piedad a la JAP, pues durante un año no ha entregado el dinero, pero rechazó que se trate de las cantidades mencionadas por Ainslie; en cualquier caso, se comprometió a que en caso de perder el recurso de revisión, se cumplirá con ese trámite.
Para Rosario Robles, el resultado del juicio es una victoria del gobierno, según informó al salir de una reunión privada con Góngora.
El consejero jurídico del DF, Manuel Fuentes, informó a su vez que la resolución fue informada por la mañana y que ya no fue necesario tocarla a fondo en el encuentro con el ministro.
La Ley de Instituciones de Asistencia Privada fue modificada en diciembre del año pasado por la fracción del Partido de la Revolución Democrática y la oposición de otros partidos, por coincidir con los intereses de otras organizaciones, entre ellas la Asociación Mexicana de Instituciones de Asistencia Privada (AMIAP).
Esta agrupación hace unos días envió documentación a las IAP para que no acaten la ley y orientando su actuación en caso de desacato a la norma en vigor.
Sus dirigentes están vinculados al ex presidente de la JAP, Víctor García Lizama, a quien se solicitó su renuncia por los manejos indebidos en su gestión, que analiza la Contraloría General del DF.