Ť Obstaculizó el funcionario juicios por corrupción
Se niegan a reconfirmar al auditor general en Argentina
Ť El cargo corresponde a la oposición, admite el vicepresidente
Ť Lo que no queremos es que se designe a Rodolfo Barra, explica
Stella Calloni, corresponsal, Buenos Aires, 14 de diciembre Ť El vicepresidente argentino, Carlos Chacho Alvarez, se negó hoy a tomar juramento al abogado Rodolfo Barra, quien fue reconfirmado por el ex mandatario Carlos Menem para el cargo de auditor general de la Nación, debido a que este ex funcionario se vio obligado a dejar la Corte Suprema durante el pasado gobierno al incurrir en acciones ilegales para favorecer al ex presidente peronista, y también obstaculizó juicios por corrupción.
Diputados del Frente País Solidario (Frepaso), coalición que integra la gobernante Alianza junto a la Unión Cívica Radical, impugnaron sin éxito esta tarde la designación de Barra, la que consideraron "un acto de provocación" de Menem y un intento del ex mandatario para evitar investigaciones sobre los numerosos actos de corrupción que hubo bajo sus 10 años de gestión.
Alvarez reconoció que la última carta enviada por Menem como presidente del ahora opositor Partido Justicialista ųel cargo de auditor corresponde a la oposición, de acuerdo con la Constituciónų dio visos jurídicos al nombramiento, pero precisó que a lo que todos se oponen es justamente la persona designada, quien tuvo que abandonar también el ministerio de Justicia cuando se descubrió su militancia juvenil neonazi, por su "falta de cualidades morales para ese cargo".
Casi 80 por ciento de la población, según sondeos, exige acciones inmediatas contra la corrupción del gobierno saliente. El gobierno de Fernando de la Rúa ya nombró a Cecilia Felgueres, subsecretaria de Acción Social, como interventora de la obra social de los jubilados, Pami, cuyo director Víctor Alderete afronta varias causas por corrupción.
La designación de Barra y los escándalos de corrupción, así como el déficit fiscal que derivará próximamente en temidos aumentos impositivos, son sólo algunos de los temas candentes que el menemismo heredó al nuevo gobierno. También está la crítica situación en las provincias, como la de Corrientes, donde los empleados públicos exigen el pago de salarios atrasados por casi cinco meses.
El ministro del Interior, Federico Storani, detuvo anoche la represión comenzada por la gendarmería en esa provincia nordestina, donde el pueblo sigue en las calles y ha cortado un estratégico puente, comenzó negociaciones, y aprovechó para recordar la amistad entre el defenestrado intendente Raúl Tato Romero Feris con Menem, quien siempre lo amparó a pesar de que es responsable de la corrupción que paraliza a Corrientes desde abril pasado.
En este contexto, comenzó esta mañana en Dolores, provincia de Buenos Aires, el juicio oral de uno de los casos más resonantes de los últimos años, el del asesinato del reportero gráfico José Luis Cabezas, presuntamente instigado por el fallecido empresario Alfredo Yabrán, allegado al menemismo. "El motivo de este horrendo crimen ha sido la labor profesional que desarrollaba la víctima pero así también un mensaje claro y preciso a la prensa en general", aseguró la fiscalía sobre el asesinato del 27 de enero de 1997 en el exclusivo balneario de Pinamar.
La difícil investigación sobre el caso, que conmovió a la población, demostró finalmente la acción criminal y la complicidad de la policía de la provincia de Buenos Aires y dejó al descubierto las mafias del poder, hasta llevar al desenlace del suicidio de Yabrán en mayo de 1998. La madre de Cabezas ha solicitado infructuosamente la exhumación del cuerpo que se enterró como el del empresario, ya que muy pocos vieron el cadáver y existen sospechas de un suicidio simulado.
Cabezas fue el primer reportero que consiguió tomar una fotografía a Yabrán, al que la DEA estadunidense habría investigado por su presunta vinculación con el narcotráfico y a quien Menem definió alguna vez como un "empresario normal".
A las puertas de los tribunales de Dolores se congregaron periodistas de todo el país para exigir justicia, mientras Gladys Cabeza, hermana del fotógrafo asesinado dijo que si este juicio, por el cual desfilará la cifra récord de 593 testigos hasta el próximo 12 de enero, no llega a la verdad, se recurrirá a la justicia internacional.
Los principales implicados son el ex policía Gustavo Prellezzo, quien al momento del asesinato se desempeñaba en la comisaría de Pinamar, como presunto autor material; Gregorio Ríos, ex suboficial del ejército y jefe de la custodia de Yabrán, como autor intelectual, así como otros tres policías y cuatro ladrones que trabajaban para la policía.
Si algo faltaba en este panorama, la asunción del ex coronel golpista Aldo Rico como secretario de Seguridad de la provincia de Buenos Aires trajo como novedad el despido del comisario Víctor Fogelman, designado especialmente por la pasada administración para conducir la investigación del asesinato de Cabezas y para intentar depurar la llamada maldita (policía) bonaerense.
En tanto, desde Madrid se informó que el juez español Baltasar Garzón confirmó la inculpación de 98 militares y policías argentinos por los cargos de genocidio, terrorismo y torturas durante la última dictadura argentina (1976-83), entre los que se encuentran Jorge Videla, Emilio Massera y Leopoldo Galtieri.
El magistrado español rechazó argumentos de la Audiencia Nacional de que los tribunales españoles no son competentes para juzgar estos hechos, invocando las diferentes resoluciones de esta misma instancia penal en "el caso Pinochet".