Miguel Concha
Discriminación social
En conformidad con la doctrina de los derechos humanos, los derechos civiles y políticos son de inmediata ejecución y no se requiere más que de la voluntad política de los Estados para hacerlos valer. Se admite que su disfrute será tanto mayor cuanto menor sea su intervención, limitándose su papel a garantizar su pleno ejercicio y a mantener un "ambiente" en el cual se puedan ejercer libremente. Por lo que se refiere a los derechos económicos, sociales y culturales, la situación es algo distinta. Contrariamente a lo que estipula el neoliberalismo, no exigen un Estado "pasivo" sino más bien "activo", responsable, redistribuidor, regulador, que provea los recursos y servicios necesarios para que puedan hacerse efectivos. Los Estados se obligan ante sus propios pueblos y ante la comunidad internacional a crear mediante sus políticas las condiciones objetivas para que se puedan disfrutar cada vez más en la práctica. Cuando el Estado abdica de su responsabilidad en este campo, se reducen o nulifican las condiciones para el pleno ejercicio de estos derechos, poniendo al mismo tiempo en riesgo el goce de otros.
Ahora bien, nuestro país ratificó el 23 de marzo de 1981 el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobado por la Asamblea General de la ONU el 16 de diciembre de 1966, y su texto fue publicado en el Diario Oficial el 12 de Mayo de aquel año. Es, pues, Ley Suprema de la Nación, según la letra del artículo 133 de la Constitución. Sin embargo, y de acuerdo con el despacho de prensa que envió Kyra Núñez desde Ginebra a La Jornada hace ocho días, el gobierno ha vuelto a ser mal calificado por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del Pacto, "uno de los varios que guían las acciones de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y del Alto Comisionado sobre la materia", por la evidente falta de progreso en el combate a la pobreza, que impide el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales de un gran número de conacionales. Es más, el Comité subraya la renuncia del gobierno mexicano a poner en práctica las recomendaciones y sugerencias que le presentó en 1993, y entre sus nuevas recomendaciones señala la necesidad de enfrentar las causas estructurales de la pobreza y promover una distribución más equitativa de la riqueza, así como acciones para corregir el actual desequilibrio en las políticas de asignación de recursos para el desarrollo regional. Se recomienda además la participación de la sociedad civil en la planeación, ejecución y evaluación de los programas sociales de combate a la pobreza.
Sus preocupaciones, observaciones y recomendaciones coinciden más con el Informe alternativo que 14 organizaciones civiles y sociales nacionales comenzaron a elaborar desde hace un año sobre la situación de tales derechos en México, con el aval de 105 organizaciones no gubernamentales mexicanas y ocho organizaciones internacionales con estatuto consultivo ante la ONU, que con el Tercer Informe Periódico que presentó el gobierno mexicano, al que por cierto se le reprochó su carácter evasivo y poco fundamentado en la práctica, así como su presentación retórica, optimista y legaloide.
En el informe de 120 páginas de las organizaciones ciudadanas se ilustra fehacientemente con el caso mexicano la manera como las políticas neoliberales de ajuste estructural exigidas por las agencias financieras internacionales y los gobiernos del primer mundo a nuestros países, e implementadas ciegamente por las autoridades, son consideradas con razón como violatorias de los derechos humanos. En la medida en que tales políticas afectan principalmente a los sectores más vulnerables y pobres de la sociedad, y contribuyen a incrementar la pobreza, la marginalidad y la exclusión, puede decirse con verdad que son discriminatorias y por lo mismo violatorias de los principios de igualdad inscritos en la Carta Internacional de los Derechos Humanos.
En nuestro caso, este deterioro se ha acentuado desde la entrada en vigor del TLC, y por ello el Comité de la ONU recomienda igualmente que se redoblen los esfuerzos para aliviar sus efectos negativos sobre los sectores vulnerables de nuestra población. Seguiremos monitoreando el cumplimiento de todas estas recomendaciones. *