``Yo dije que en mi agenda hay un asunto fundamental: la reforma constitucional que nos permita tener inversión privada en la generación y conducción de energía eléctrica. Ese asunto es muy importante para el futuro de México''.
Lo anterior fue expresado por el presidente Ernesto Zedillo en una inusual entrevista con un grupo de intelectuales y periodistas convocados por el historiador Héctor Aguilar Camín.
En ese programa, trasmitido el 27 de noviembre, se trataron con amplitud diversos asuntos de interés fundamental para el país, pero a futuro lo que podría tener una profunda trascendencia es el breve párrafo del primer mandatario. Hay otros temas de mayor impacto, como el conflicto de la UNAM, que recibieron un trato mucho más amplio y, sin embargo, para el futuro de la nación la forma como se maneje la industria eléctrica se constituirá en piedra fundamental.
Sumar voluntades
La trascendencia de este tema se puede apreciar con toda claridad en las posiciones asumidas por los partidos políticos, pues a pesar de los obstáculos encontrados por el gobierno federal en otros proyectos, como el presupuesto federal, desde ahora se vislumbran posibilidades positivas para la reforma constitucional y legal para ampliar la participación de la industria privada en la generación y distribución de la energía eléctrica. Cabe precisar que se habla de ampliación, porque de hecho ya hay mecanismos para que la empresa particular pueda generar electricidad y eventualmente vender los excedentes.
Lo que se necesita para que los cambios entren en vigor es que la bancada del PRI reciba el respaldo de otra de las tres más importantes fracciones en la Cámara de Diputados, la del PRD o del PAN.
Los diputados del PRD se mantienen en la total negativa al considerar que es fundamental para el país mantener el control absoluto sobre la industria eléctrica, pero en las filas del PAN hay indicios claros de que concuerdan con el gobierno federal y su partido acerca de la forma como deberá desarrollarse la industria eléctrica en el próximo siglo.
La Cámara de Diputados creó una comisión especial para revisar las condiciones en que se desenvuelven la CFE y la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (CLFC), como punto de partida para determinar la procedencia de la privatización de la industria eléctrica.
Como es lógico, los diputados del PRI sostienen posiciones semejantes a las del Ejecutivo. Por ello, lo trascendente resultan las actitudes asumidas por los legisladores de oposición. Si el PRI logra el respaldo del PAN o del PRD, la proyectada reforma será aprobada.
En esas reuniones de la comisión especial de análisis de la situación de la industria eléctrica, los legisladores del PRD han mantenido una posición decididamente contraria a las reformas promovidas por el Ejecutivo. Así que por ese lado no hay posibilidad de una alianza. En cambio, dentro de la fracción del PAN se han escuchado opiniones que permiten suponer que sería posible encontrar puntos de acuerdo para llevar adelante la reforma.
Las coincidencias, se puede decir, son de fondo y no tienen que ver con acuerdos coyunturales, como ocurre con la aprobación del presupuesto federal para el año venidero.
El principal punto de coincidencia es la CLFC. En opinión de los diputados del PAN no es posible sostener a esa empresa por sus reducidos niveles de eficiencia.