La mercadotecnia sustituye a la política y permite cualquier tipo de manipulación. Familiarizados con ella, los líderes empresariales de Monterrey lanzan un proyecto de ciudad encabezado, en este caso, por el gobernador Fernando Canales Clariond. Le llaman sueño regio y lo hacen coincidir con una suerte de catecismo urbano (buenos deseos que ofenderían el término utopía) cuyo título es Proyecto 2020.

En dos décadas piensan conformar una comunidad con ciudadanos prósperos, educados, ordenados, apegados a las reglas, emprendedores, trabajadores y productivos, orgullosos de su ciudad. Una ciudad segura, con modernos servicios de calidad y todo tipo de facilidades y cuidados para sus habitantes. No sólo: también con un estilo de vida que implique el desarrollo tecnológico de vanguardia, la cultura ecológica, líderes visionarios, educación competitiva y gobernantes eficientes. Es lamentable que no se les haya ocurrido veinte años atrás.

El sueño regio no ha esperado a que se inicie el nuevo siglo para dar frutos verbales. Gerardo Garza Sada, presidente de la Gran Comisión del Congreso y coordinador de la fracción panista, ahora empeñada en legitimar la despenalización del aborto mediante movilizaciones histéricas y trianguladas con el fanatismo pueblerino de Canoa y el fascismo, afirmó su convicción de que ``Monterrey es algo de lo que se puede presumir al mundo''. La declaración la hacía con motivo del señalamiento gazmoño de Carlos Rojas, en ese momento secretario general del CEN del PRI, de que Monterrey se había convertido en un centro de vicio y prostitución. Acusación y culpa tan típicas como hermanadas: con idéntica gazmoñería, las autoridades panistas han procedido a clausurar las table dance de Monterrey.

El sueño regio ha sido estimulado por instituciones y publicaciones internacionales dedicadas a promover la empresa, como la Organización Internacional para la Estandarización, que otorga los certificados ISO 9000, o la revista Fortune, que recientemente declaró a Monterrey la ciudad número uno de América Latina para hacer negocios.

Herencia del salinismo y producto propio, los empresarios regiomontanos ahora en el poder, insisten en dar a Monterrey, centro de sus negocios, rango de ciudad primermundista. El problema es que a la primera lluvia hay ahogados, y a la primera chispa incendios incontrolables por ausencia de cultura forestal y también por falta de equipo para combatir tales siniestros (que pueden arrasar cientos de hectáreas en Chipinque o una sola casa donde mueren cuatro niños a los que no se puede rescatar oportunamente porque los bomberos ni llegan a tiempo ni cuentan con instrumentos elementales para realizar sus tareas de salvamento). Y hay frecuentes alarmas porque industrias contaminantes en exceso son intocables, a pesar de que sus gases causen numerosas víctimas. Y también que la mayoría de los habitantes cuenta con servicios públicos deficientes o con ninguno. Y que haya un ofensivo contraste en la distribución de la riqueza: 10 por ciento de la población más rica concentra 48 por ciento del ingreso total, mientras 50 por ciento percibe apenas 16 por ciento del mismo. Y que de esa población rica, muchos individuos se hallen presos, prófugos de la justicia o sujetos a acusaciones de fraude, desvío de dinero o privilegios inadmisibles como incrementar una ya cuantiosa fortuna a costa de los contribuyentes cautivos vía Fobaproa.

A esa lista de tachas se suma ahora un doble integrismo entre el poder económico y el poder político y entre ambos y el poder eclesiástico. Tanto la ``Oración Ecuménica'', convocada por el gobierno del estado, como el asalto al Congreso por la ultra opulenta de la colonia del Valle y sus alrededores --que no dudó en acarrear niños de los colegios elitistas de esa zona, y aun llevar a bebés para presionar a los legisladores del PRI, PRD y PAN (con los de este último marchan de consuno) a fin de que modifiquen la Constitución estatal e incorporen a ella ``el derecho a la protección de la vida y la salud desde el momento de la concepción hasta la muerte''-- rezuman atraso cívico y cultural.

El derecho a la vida está consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU (1948) y México es uno de los países signatarios. Otros derechos, como el de la salud, la libertad, la democracia, la dignidad de la persona humana, etcétera, también ahí están consignados.

¿Y qué? Si en lo concreto, en lo cotidiano, no se lucha por hacerlos efectivos son letra muerta. Empresarios como Alfonso Romo (Pulsar-Savia) y empleados suyos expertos en mercadotecnia, involucrados en la promoción de la histeria colectiva, o prelados como el cardenal Adolfo Suárez Rivera, arzobispo de Monterrey que, contrario a su sensatez usual, giró una circular a los párrocos para que invitaran a la feligresía a participar en la ``marcha por la vida'', pudieran pensar en otras opciones de ayuda al prójimo y no en el fundamentalismo que mostró su rostro agresivo en la calle.

Oraciones oficiales, marchas paraoficiales, certámenes de belleza y el Teletón --la cereza de la caridad residual. Todo en una semana. Una semana en la que el litigio entre el empresario Ignacio Santos y otros inversionistas, algunos de ellos funcionarios de gobierno y vinculados a Abaco-Confia, cobró intensidad. Si no fue cortina de humo, así pareció. En política la apariencia es la esencia.