``Prudencia fiscal y monetaria, fortalecimiento del sistema financiero y promoción del cambio estructural''. Según sus propios arquitectos, tales son los rasgos distintivos de la política económica. De estos tres componentes, sin embargo, el gobierno del presidente Zedillo sólo puede acreditar debidamente el primero. Después de la fuerte y costosa crisis que estalló en los primeros días de esta administración, la política macroeconómica ha sido administrada, en efecto, con cautela y moderación, pero sólo la ausencia total de autocrítica puede llevar a considerar, como se hace en los Criterios Generales de la Política Económica para el año 2000, resultados positivos y tangibles en los otros dos terrenos.

El sistema financiero sigue siendo una fuente múltiple de fragilidad para la economía. Durante los cinco años de la presente administración su contribución neta al crecimiento ha sido nula al dejar de cumplir con sus más elementales funciones de intermediación. En todo el periodo posterior a la década de los años cincuenta, no se registra en México un ciclo de retraimiento del crédito bancario al sector privado de la economía como el que se inició en 1995. En proporción al valor del Producto Interno Bruto (PIB), el monto de ese crédito decreció nueve puntos porcentuales en 1995, catorce puntos más en 1996, tres puntos adicionales en 1997, cinco puntos en 1998 y dos más a septiembre del presente año. En total, durante estos cinco años el volumen del crédito bancario a los agentes económicos privados se recortó en 33 puntos porcentuales del PIB. Esta medida del crédito sólo fue ligeramente menor a la del presente año en 1983 y 1984, cuando cayó a consecuencia de la crisis de endeudamiento externo y de la nacionalización bancaria.

Pero además de la atrofia de su función económica fundamental, el sector bancario y financiero es portador de uno de los legados más onerosos de la actual administración a las finanzas públicas de la próxima. El costo del descomunal desfalco bancario, que en parte sigue incrementándose por acumulación de intereses, fue asumido por los contribuyentes. En un contexto de restricción presupuestaria como el que padece esta economía, la socialización del pasivo bancario proyecta una pesada carga fiscal para los años por venir. Los efectos de esta herencia del gobierno actual no van a presentarse en un futuro indeterminado; sus consecuencias presupuestales ya estarán presentes en el 2000, cuando la gestión del pasivo bancario exigirá un monto estimado por las autoridades hacendarias en casi 60 mil millones de pesos (la mitad de los gastos programados en rubros como salud o seguridad social).

En cuanto al tercer elemento (el cambio estructural de la economía), los progresos registrados son poco significativos. Si por ``cambio estructural'' se entiende sólo privatizar activos públicos --como parece ser el caso entre algunos prominentes diseñadores de la política económica--, los logros de esta administración son escasos en comparación con los del gobierno de Salinas de Gortari. Son varias las razones que lo explican: la amplitud de las ``desincorporaciones'' realizadas por el gobierno anterior redujo considerablemente el espacio posible de privatizaciones, además de que el cuadro político e institucional en que se toman este tipo de decisiones cambió sustancialmente, fracturando la casi unilateralidad con que el Poder Ejecutivo pudo en el pasado privatizar entidades públicas.

Ahora bien, si por ``cambio estructural'' se entiende algo más sustantivo que privatizar, por ejemplo modificar a fondo una serie de parámetros que impiden la asignación eficiente de los recursos, los resultados de la estrategia económica del gobierno del presidente Zedillo son pobres. Por las razones que fueran (por ejemplo, la gestión de la crisis financiera y sus secuelas), este gobierno no fue capaz de instaurar políticas orientadas a facilitar durablemente la operación competitiva de los mercados. No dio pasos decisivos para limitar y regular el exceso de concentración de poder económico, y en muchos sectores de actividad la evidencia demuestra que se debilitó la capacidad del mercado como instrumento de asignación. Otra gran falla en materia de cambios estructurales de esta administración se encuentra en el ámbito de la fiscalidad. La postergación de la ``reforma fiscal integral'' que se ofreció en éste como en gobiernos anteriores, permitió que el margen de acción presupuestal con que contará el próximo gobierno sea quizá el más reducido en más de medio siglo. ¿La pusilanimidad tributaria de este gobierno también será parte de su autoproclamada prudencia macroeconómica?