Emilio Pradilla Cobos
Equidad presupuestaria para el DF
Hoy, como hace un año, se discute en la Cámara de Diputados una parte del presupuesto del DF para el 2000; en particular, la autorización del monto de su endeudamiento y las aportaciones federales, sobre todo del Ramo 33 para combatir la pobreza.
El tema es relevante, pues se trata de un año electoral y sabremos si el PRI y PAN son capaces de tratar con equidad a la capital, o si anteponen su interés electorero y siguen castigando a los capitalinos como en 1999.
De 1992 a 1996, la inversión federal en el DF cayó de 44 a 17 por ciento del total; sus aportaciones al presupuesto de la capital han sufrido una caída similar, a pesar de que su aporte a los ingresos de la federación superan 25 por ciento, según el rubro. En 1999, la alianza PRI-PAN lo excluyó del Ramo 33 para combatir la pobreza, ignorando que más de la mitad de su población se encuentra en esta situación y casi un tercio está en la pobreza extrema debido a la política económica y social aplicada por los gobiernos federales. Entre 1995 y 1997, la deuda contraída por el gobierno priísta en el DF, aumentó siete veces y su servicio tiene un peso enorme para las finanzas públicas capitalinas; el gobierno federal se niega a asumir esta deuda, derivada de inversiones que beneficiaron también a los estados vecinos.
Como se mostró recientemente, el gobierno federal no cubre cabalmente al DF los impuestos locales (predial y tenencia vehicular) ni los servicios (agua, basura); y él proporciona servicios públicos a más de tres millones de personas que diariamente llegan de estados vecinos a laborar, estudiar o consumir, sin que aporten al fisco local. Así, el DF subsidia al país, a los estados vecinos y a la federación; la redistribución de la riqueza es válida, pero en un Estado democrático, sus condiciones deben resultar de consensos y acuerdos legales y no de una imposición del gobierno federal y su partido. La reacción de la SEP ante el cobro de la millonaria deuda por servicio de agua muestra la cerrazón del PRI-gobierno federal.
Si se repite el acto autoritario de los legisladores del PRI y el PAN, los agredidos serán los defeños, sobre todo sus sectores populares, pues el gobierno capitalino no podrá garantizar en el 2000 la inversión en obras y el gasto en servicios necesarios para superar en parte los enormes rezagos que han dejado los gobiernos priístas. Por ello, los capitalinos exigimos un trato equitativo y democrático por parte del gobierno federal, su partido y el PAN. La federación debe asumir la deuda pública que legó al DF. Tiene obligación de entregarle las aportaciones que le corresponden, sobre todo del Ramo 33 para atender a millones de pobres de la ciudad; y pagar sus impuestos locales y los servicios que recibe. Los capitalinos pagaremos la deuda que contraiga el DF, por lo que la cámara debe aprobar lo solicitado por su gobierno, pues el PRI-Gobierno no puede seguir imponiéndose autoritariamente sobre los defeños. No aceptamos que por intereses electoreros, el PRI-Gobierno y el PAN nos agredan y pongan en riesgo, por segundo año consecutivo, nuestras condiciones de vida presentes y futuras.
Esta situación se basa en el estatuto de excepción que se mantiene sobre la capital, que niega el disfrute total de los derechos constitucionales y políticos a sus habitantes y le impone un anacrónico régimen político híbrido, sin ejercicio pleno de la soberanía local, diferente a las demás entidades federales. Urge que los capitalinos exijamos la conclusión de la reforma política para convertir el DF en un estado federal, dotarlo de Congreso y Constitución local, y eliminar las facultades excepcionales que tienen el Ejecutivo y el Legislativo federales sobre muchos temas de la capital, incluído el financiero. Sería un suicidio que los capitalinos, aceptando la coerción mediática y el castigo financiero, abriéramos el camino para que retornara el PRI al gobierno, pues ha mostrado que subordina las necesidades de la población a sus intereses burocráticos mezquinos y al control omnímodo del poder.