Orlando Delgado
La nueva legislación y el crédito bancario
El marco legal del sistema financiero, establecido durante los primeros años del salinato, modificó sustancialmente la intervención gubernamental en el control a la expansión y el destino del crédito; la gestión privada de los bancos provocó un crecimiento desorbitado del crédito, explicado tanto porque las condiciones se lo permitían, como por la urgencia de recuperar los recursos pagados por las instituciones bancarias. El crédito creció en 1992, primer año de la era privada, a una tasa de 43.3 por ciento y al año siguiente al 94.7 por ciento; estos crecimientos de la cartera total del sistema bancario, en términos reales fueron de 31.5 y 16.1 por ciento, respectivamente.
Los comportamientos de tres variables agregadas, de indudable importancia para la economía, permiten dimensionar el crecimiento de la cartera: i) el PIB creció en esos años 2.8 u 0.4 por ciento; ii) la inversión fija bruta lo hizo en 13.9 y ų1.4 por ciento; iii) el consumo total, por su parte, aumentó 3.7 y 4.5 por ciento y el consumo privado 3.9 y 0.2 por ciento. Evidentemente, el crédito se expandió muy por arriba de lo que el comportamiento de la economía aconsejaba; ciertamente, la ley de quiebras no fue un obstáculo para que los bancos prestaran desenfrenadamente.
En los meses recientes, la situación ha sido la contraria: los bancos han suspendido el otorgamiento de nuevos créditos y han reducido paulatinamente el saldo de la cartera, lo que no ha impedido que se generen utilidades. La función de la banca, ser instituciones de ahorro y préstamo, se ha transformado convirtiéndose en captadoras de recursos del público que, en lugar de utilizarse para financiar el crecimiento del país, se destinan a inversiones en papel en el mercado secundario. Este funcionamiento de los bancos está dentro de la normatividad vigente, la que les permite abandonar el crédito y desarrollar otro tipo de inversiones; es posible que, en este marco neoliberal, un banco funcione sin prestar un solo peso.
Los banqueros privados han señalado que para que el crédito se reactive, es indispensable modificar el régimen legal en materia de garantías para permitir que exista seguridad en el cobro de un crédito. Para decirlo con claridad, se trata que el riesgo involucrado en cualquier operación crediticia se reduzca administrativamente, lo cual, por supuesto, significará un incremento en las utilidades bancarias, ya que se reducirá el tiempo para ejecutar las garantías dada la modificación de la ley de quiebras y suspensión de pagos.
La propuesta de la Ley de Concursos Mercantiles busca dar seguridad jurídica a los banqueros, lo que se considera conditio sine qua non para la reactivación del crédito. En las condiciones actuales esto es cierto: los banqueros requieren reducir el riesgo de una cartera vencida, cuyas garantías se demoran mucho tiempo en lograrse adjudicar. Pero también es cierto que modificar la ley no es suficiente para lograr que el crédito vuelva a los niveles de otorgamiento anteriores. Para ello, se necesita que los créditos dejen de caer en cartera vencida, lo cual ocurre en función de la evolución de la tasa de interés que se cobra al acreditado, así como de la situación económica general.
La política monetaria, la política salarial y el tipo de crecimiento económico inciden en que los créditos puedan ser pagados. La nueva ley no resolverá esto, de modo que la decisión del Banco de México de incrementar las tasas de fondeo de los bancos, como respuesta a un choque externo, provocará aumento en la cartera vencida; esto obligará a los bancos a incrementar los recursos destinados a la creación de reservas preventivas, desalentando la aceptación de nuevos créditos. Los salarios, concebidos como una de las anclas nominales para conseguir una inflación de un dígito, son básicos para mejorar la capacidad de pago de los deudores o, por lo menos, para no deteriorarla. El crecimiento de la economía, basado en un sector exportador que requiere suministros importados crecientes y que, precisamente por esto, impacta al conjunto de la economía menos que proporcionalmente que su propio crecimiento.
En consecuencia, modificar la ley para hacer más expedito el procedimiento para ejecutar las garantías, no resolverá el problema fundamental de reactivar el crédito. Ello requiere un planteo de política económica diferente, junto con modificaciones legales que permitan que se regule la obligatoriedad y el destino del crédito; de otro modo, sólo se logrará que se reduzca la cartera vencida y que aumenten los bienes adjudicados.