Ť Debe el Poder Judicial resolver el diferendo, señala el senador Lanz
Ordena juez a Educación precisar petición de amparo
Jesús Aranda y Andrea Becerril Ť La juez sexta de distrito en materia administrativa, Amanda Roberta García González, ordenó ayer a la Secretaría de Educación Pública (SEP) que "sustancie" la demanda en contra del cobro de agua exigido por el Gobierno del Distrito Federal, y le dio un plazo de tres días para que corrija las omisiones contenidas en su solicitud de amparo.
En caso de que la dependencia, que encabeza Miguel Limón Rojas, corrija las omisiones que contiene su queja, entonces la juzgadora estará en condiciones de resolver si da entrada a la petición de amparo, para después determinar si procede o no el recurso.
En caso de otorgar la suspensión, la juez ordenaría al Gobierno capitalino reanudar el abastecimiento de agua en los edificios en los que cortó el suministro, además de que quedaría pendiente el pago pendiente hasta que resolviera el fondo del asunto.
Aunque para otorgar la suspensión solicitada, la SEP tendría que depositar una fianza equivalente al adeudo reclamado por el gobierno capitalino, mientras éste tendría que reanudar el servicio del líquido a las oficinas a las que les fue supuestamente cortado, además quedaría pendiente el pago de los adeudos, en tanto que la juzgadora resuelve el asunto.
También podría ocurrir que la juez negara la suspensión a la dependencia federal, pero que ésta se negara a pagar y el gobierno capitalino mantuviera su decisión de negar el servicio del líquido hasta que la juez resolviera en definitiva.
En su resolución de ayer, la juzgadora determinó, con base en la Ley de Amparo, que la SEP debía sustanciar o precisar en su demanda aspectos como la dirección del promovente, del demandado, o bien, que explique con claridad por qué considera que los actos del gobierno capitalino son contrarios a la ley.
Por otra parte, fuentes del gobierno capitalino precisaron que ni la Constitución ni el Código Financiero vigente consideran casos de excepción para que instancias como la SEP dejen de pagar derechos.
Incluso, afirmaron, dependencias del propio gobierno capitalino, como el Registro Civil, por citar un ejemplo, pagan su consumo de agua.
Contradicciones jurídicas
Dado lo encontrado de las posturas entre el Gobierno del Distrito Federal y la Secretaría de Educación Pública en torno al cobro por derecho de agua y de la existencia de contradicciones jurídicas, será el Poder Judicial federal el que defina quién tiene la razón, advirtió el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado de la República, José Trinidad Lanz Cárdenas.