Ť Califica Guatemala de injusto informe de la ONU sobre derechos humanos
Piden ex militares juicio contra Rigoberta Menchú
Dpa, Afp y Reuters, Guatemala, 4 de diciembre Ť Un grupo de ex militares guatemaltecos decidió tomar revancha contra la demanda presentada en España por Rigoberta Menchú, al pedir a la justicia guatemalteca que comience acciones legales contra la dirigente indígena por "traición y violación" de la Constitución nacional.
Julio Cintrón, quien dijo pertenecer a un grupo de abogados y representar específicamente al ex gobernante de facto Oscar Mejía Víctores, afirmó que la querella de Menchú era un hecho "doloso" y "puro malinchismo", por lo que el ministerio público local debe investigarla porque si no ellos presentarán acciones legales.
"Estamos ante la presencia de un hecho doloso y así debe ser tratado, porque comete traición quien compromete su soberanía o atenta contra la unidad nacional, hecho ilícito que se castiga con prisión de 10 a 20 años", aseveró el jurista, al afirmar que es delito haber presentado una demanda en el extranjero contra guatemaltecos.
Argumentó que la medalla de la premio Nobel de la Paz 1992 está en México, su hijo fallecido nació en ese país, ella es asesorada por un supuesto abogado argentino y pretende que un juez español administre justicia en Guatemala, olvidando que desde 1821 los tribunales españoles dejaron de tener jurisdicción en el país.
La demanda de Menchú fue presentada el jueves ante la Audiencia Nacional en Madrid en contra de ex gobernantes militares, los generales en retiro Romeo Lucas García (1978-1982), Efraín Ríos Montt (1982-1983) y Mejía Víctores (1983-1985), así como contra otros cinco ex jefes militares y policiales, por delitos de lesa humanidad.
Aunque Cintrón descartó que la querella prospere en España --quedó en manos del juez Guillermo Ruiz Polanco--, reconoció implícitamente que los delitos imputados a los ex militares existieron, al señalar que "los hechos --denunciados-- fueron cometidos en Guatemala y cometidos por guatemaltecos".
Ríos Montt, a quien se atribuye haber puesto en práctica la política de tierra arrasada en su época de gobernante para acabar con todo vestigio de oposición en el campo, señaló que la demanda de Menchú "no me cae como balde de agua fría ni me preocupa, porque estoy convencido de que lo que he hecho está en la ley".
En su denuncia, que abarcó el ataque militar contra la embajada española del 31 de enero de 1980, Menchú se apoya en el informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico que arrojó un saldo de violaciones a los derechos humanos de unos 250 mil muertos y desaparecidos, sobre todo bajo los regímenes militares.
Por otra parte, el gobierno de Guatemala calificó como "drástico e injusto" el cuarto informe presentado esta semana por la Misión de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala, donde se afirma que el gobierno ha incumplido 64 por ciento de los compromisos de paz signados con la antigua insurgencia.
La encargada de paz, Raquel Zelaya, dijo que la valoración era bastante injusta porque consideraba 14 meses de trabajo y que el cronograma concluye hasta el 31 de diciembre del 2000.
A su vez, el canciller guatemalteco, Eduardo Stein, también dijo estar en desacuerdo, aunque aceptó que haya faltantes en el cumplimiento.