* El PRI defendió la legalidad del traslado de ''unos huesos'' a EU
Senadores de AN y PRD critican la presencia de la FBI
El control de agentes de la FBI en las investigaciones de los cementerios clandestinos en Ciudad Juárez generó una polémica entre las dirigencias de los partidos políticos nacionales. Mientras el PRI defendió la legalidad del traslado de los cuerpos ų''unos huesos'', definió el senador Trinidad Lanzų a El Paso, PAN y PRD consideraron necesario que el procurador y el secretario de Gobernación expliquen al Senado por qué se autorizó que agencias estadunidenses realizaran actividades policiacas en México.
Empero, el titular de Gobernación, Diódoro Carrasco, insistió en que la participación de ambas corporaciones se encuentra enmarcada dentro de los convenios bilaterales con Estados Unidos. A pregunta expresa, el funcionario señaló que en dichos convenios no está incluido ni se contempla la posibilidad de que, específicamente, los agentes de la DEA estén armados en territorio nacional.
Insistió en que las instituciones mexicanas no son rehenes de los cárteles porque, dijo, hay un esfuerzo del gobierno federal para destinar recursos humanos y presupuestales, tecnología de punta y otras medidas que permiten enfrentar cada vez con mayor eficacia el narcotráfico. Asimismo, aseveró que se hacen esfuerzos para impulsar la cultura de la legalidad y no haya impunidad entre los funcionarios que incurran en actos de corrupción ligados al narcotráfico.
Situación lastimosa: PAN
Por su parte, el dirigente nacional del PAN, Luis Felipe Bravo Mena, calificó de ''verdaderamente lastimosa'' la presencia de agentes estadunidenses en territorio mexicano, lo que en el fondo demuestra, dijo, la desconfianza que existe hacia los cuerpos policiacos mexicanos y habla del grado de degradación al que ha llegado al país por la acción del crimen organizado, muchas veces con la colaboración y complicidad de autoridades nacionales.
Aclaró que aunque no tiene elementos para afirmar que se trata de una violación a la soberanía, no deja de ser un hecho que ''lastima mucho'' al país. Por ello, agregó, es necesario que el gobierno aclare el marco legal en que se está dando la participación de elementos de la FBI y de la DEA.
Lo declarado el pasado miércoles por la canciller Rosario Green, quien aseguró que este asunto le preocupa pero no la ocupa, fue, según Bravo Mena, un infortunado ''juego de palabras'' con el que quiso desligarse de una tarea policiaca que evidentemente no le corresponde, pero que por su cargo debe estar atenta a los términos jurídicos en los que se realiza esta ''cooperación'', precisamente porque está en juego la defensa de la soberanía nacional.
La fracción del PRD en el Senado anunció que exigirá que los titulares de la PGR y de Gobernación comparezcan ante comisiones, a fin de que informen sobre el error que se cometió al permitir que agentes de la FBI llevaran a cabo operaciones policiacas en México.
El senador perredista Jorge Calderón dijo que fue una gran equivocación autorizar que la FBI actuara en el país, ya que los convenios de cooperación entre México y Estados Unidos para el combate al narcotráfico sólo establecen mecanismos de intercambio de información, pero de ninguna manera hay base legal para que agentes extranjeros realicen funciones de seguridad pública en territorio nacional.
Es importante, insistió, que tanto el procurador como el secretario de Gobernación acudan a la brevedad ante comisiones unidas del Senado y, sin que sea motivo de nota roja o de excesos verbales, discutan con los legisladores los temas de seguridad nacional y narcotráfico.
En contraparte, la presidenta del PRI, Dulce María Sauri, consideró que la PGR ha ''colaborado'' con FBI y DEA ''en apego a la legalidad de nuestro país'', y dijo que ella no tiene elementos para pensar que hay una intervención ilegal de los agentes estadunidenses en este caso. También defendió a la canciller Rosario Green y dijo que la soberanía no ha sido violentada, puesto que quien dio a conocer la operación fue ''precisamente'' el procurador Jorge Madrazo.
ųƑAunque se lleven las evidencias del caso a Estados Unidos?
ųSi dentro del esquema de colaboración hay la determinación de que las investigaciones, entiendo que son restos humanos en avanzado estado de descomposición, y los elementos de los que disponen los laboratorios norteamericanos (sic) permiten dilucidar la situación, es una cooperación. No puedo calificarla de otra manera.
El priísta Trinidad Lanz Cárdenas, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, minimizó el hecho y a título personal expresó que no se violó la soberanía del país. Incluso, expresó: ''Lo prudente y sensato es esperar la información oficial y no seguir con especulaciones ni sostener que se violentó el marco legal sólo porque unos huesos encontrados en territorio nacional fueron llevados a Estados Unidos a ser analizados en laboratorios altamente especializados''.
Mientras tanto, para la Liga Mexicana de Derechos Humanos (Limeddh), la operación para recuperar los restos humanos representa no sólo una violación a la soberanía nacional, sino que puso de relieve la verdadera dimensión de la Policía Federal Preventiva, no como un organismo de inteligencia sino como un mecanismo de control político.
El presidente de la liga, Adrián Ramírez, sostuvo que la justificación para crear la PFP era el combate a la delincuencia organizada, pero ''en realidad se demuestra que se ha convertido en una policía política porque en todos los asuntos relevantes de ese orden ha aparecido y ha jugado un papel preponderante; sin embargo, en este momento no tiene ningún conocimiento del operativo'' juarense. (Enrique Méndez, Andrea Becerril, Alonso Urrutia, José Antonio Román y Jorge Cisneros)