Oaxaca no es sólo el estado en el que más se ha legislado en torno al reconocimiento de los derechos indígenas; también es la entidad de la república donde más se violan. Un reciente informe, emitido por autoridades municipales y agrarias del pueblo chatino, denuncian que desde principios de octubre sufren la tala inmoderada de sus bosques a manos de una empresa maderera que, se dice, es de capital español. Ubicada en el municipio de Puerto Escondido, actúa en contubernio con los caciques regionales, especialmente la familia Zorrila Cuevas. En esta acción han contado con el apoyo de la Policía Judicial y se han amparado en la presencia del Ejército Mexicano, que se encuentra en la región desde que los temblores y las lluvias azotaron la zona en meses pasados.

Los indígenas que han sufrido el saqueo de sus bosques son de las comunidades de La Matraca, El Aguacatal, Cerro Armadillo, Santa Lucia Teotepec, Cerro del Airel, todas pertenecientes al municipio de Santos Reyes Nopala, Distrito de Juquila, Oaxaca. Ellos expresan que diariamente salen entre 15 y 20 camiones cargados de trozos de madera para concentrarse en el aserradero ubicado en el paraje Cerro de Los Limones, en San Pedro Mixtepec. Todo esto se lleva a cabo sin consentimiento de los comuneros, quienes ignoran quiénes son los miembros de las compañías madereras, si cuentan con la autorización de la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca y, en su caso, con Plan de Manejo Forestal o estudios de impacto ambiental.

Dado que no se ha extendido ningún permiso para la explotación de sus bosques, en asamblea realizada el 22 de noviembre pasado, las comunidades afectadas analizaron la problemática y decidieron detener los camiones a la altura de la comunidad de Cerro del Agua para obligar a las autoridades y a la empresa responsables a informarles de lo que está sucediendo. Entre sus demandas principales destacan la suspensión inmediata de la tala de bosques y el pago de daños causados a sus cafetales.

En cumplimiento de ese acuerdo, cerca de 500 comuneros se concentraron en la fecha y lugar acordado logrando que de inmediato se presentaran con ellos los señores Francisco y Apolinar López quienes dijeron ser representantes de la empresa. Las partes entraron en una negociación que desde el principio fue desfavorable para los indígenas, pues la empresa desconoció a sus representantes y sólo dialogó con las autoridades, que no representan sus intereses; además, siempre estuvieron bajo amenaza de desalojo si no se llegaba a acuerdos. En esas condiciones, autoridades y empresa firmaron el 24 de noviembre un convenio en donde se hace aparecer el conflicto como un problema entre las comunidades de Santa Lucía Teotepec y Cerro del Aire; en este sentido, la primera se obliga a entregar a la segunda 40 por ciento del monto total de la venta de la madera en un plazo de 25 días, lapso en el que también se suspenderá la tala del bosque. La empresa sólo se comprometió a indemnizar a los comuneros afectados en sus parcelas y a reforestar el perímetro total del bosque talado. Pero ningún compromiso beneficia a los comuneros por el saqueo de sus bosques.

Los campesinos están indignados porque la empresa desconoció a la comisión negociadora que ellos nombraron en asamblea general y los sigue tratando como seres sin derechos. Se preguntan si sirve de algo que en Oaxaca se hable mucho de derechos indígenas, de la protección de sus recursos naturales, y en los hechos se actúe como si no hubiera indígenas o éstos no tuvieran derechos. En su informe solicitan apoyo de la sociedad para hacer respetar sus derechos, pero también una respuesta pronta y clara de las autoridades correspondientes. Tienen derecho a ello.