El gobierno ``de Ernesto Zedillo'', que intentó confiscarle el futuro a los jóvenes mexicanos al intentar privatizar a la UNAM, tiene hoy que hacer frente a la inconformidad de una juventud que cada vez más está consciente de sus derechos.

1. El diálogo del Palacio de Minería entre los integrantes del CGH y una delegación de funcionarios universitarios representantes del rector De la Fuente, constituye un acontecimiento de trascendencia nacional, no sólo por ser la única vía para resolver el conflicto de la UNAM, sino porque puede y debe constituir un precedente de cómo resolver los problemas de una comunidad en el futuro.

2. La responsabilidad por el hecho de que la UNAM haya estado cerrada durante siete meses corresponde al ex rector Barnés y a las autoridades universitarias, pero también y sobre todo a los funcionarios federales, pues todos ellos buscaron primero desmantelar la UNAM a espaldas de la nación y luego se negaron a dialogar con los estudiantes en huelga causándole un grave daño al país, y por eso no sorprende que ahora pretendan borrar su culpabilidad por lo acontecido. Ernesto Zedillo afirmó al ser entrevistado en la emisión de Zona Abierta del canal 2, del 27 de noviembre, que no le importa ``el juicio de la historia'', pero a continuación se contradijo responsabilizando a los estudiantes.

3. ¿Las autoridades mexicanas pensarán seriamente que alguien les cree cuanto dicen, sobre todo cuando afirman que ya hay democracia y equilibrio de poderes y un ``nuevo PRI'', o que no habrá devaluación ni crisis económica de fin de sexenio. Zedillo se dedicó en esta entrevista televisada a realizar en persona la tarea que el régimen le ha conferido a los medios masivos de comunicación: la de hacer la propaganda oficial. Y para ello tuvo que mentir de manera escandalosa afirmando en pleno delirio de finales del quinto año de gobierno, sin tener conciencia de la falta de respeto que ello implicaba a los mexicanos, y del ridículo que estaba haciendo, que no hay guerra en Chiapas, que se terminó ya con el dedazo y que su gobierno no ha pretendido jamás privatizar a la UNAM.

4. La primera mentira del régimen al respecto es que ya vivimos ``un nuevo presidencialismo'' y que a lo largo de estos siete meses Zedillo no ha intervenido en la UNAM o, como decían los columnistas en la televisión, ``no movió un dedo'' en los momentos más difíciles del conflicto. El Ejecutivo en México sigue siendo el gran factor determinante de todas las políticas, el presidencialismo mexicano está en pie con todas sus atribuciones metaconstitucionales y sus recursos, y Zedillo como es obvio estuvo atrás de Barnés acordando con él todo el paquete neoliberal y alentándolo en el proyecto frustrado de desmantelar a la UNAM; lo quitó cuando ya no le servía y no ha dejado de ser uno de los principales responsables de lo acontecido, como lo es ahora de la redefinición de las políticas oficiales que han llevado al régimen a recular ante la movilización social.

5. La decisión de Zedillo de que el nuevo rector dialogue con el CGH, contradiciendo las políticas definidas por Francisco Labastida cuando era el titular de Gobernación, no significan sin embargo, necesariamente, que se haya abandonado la salida de fuerza, sino que ante las presiones financieras internacionales ambos, Zedillo y Labastida, y con ellos el grupo salinista, pretenden quitarle presión social al escenario del 2000 y, como lo dijo Zedillo en la televisión, evitar que la lucha de los estudiantes se entrevere con la de los trabajadores que se oponen a la privatización de la industria eléctrica, proyecto que para él es prioritario.

6. La credibilidad del gobierno mexicano es nula y las autoridades de la UNAM, como era de suponerse, han tenido que pagar en Minería el precio no sólo por el intento del equipo del ex rector Barnés de desmantelar a la Universidad Nacional, sino por los agravios que hicieron durante siete meses a la comunidad universitaria en su conjunto y por las políticas de hostigamiento y de calumnias hacia el movimiento estudiantil.

7. ¿Qué mayor humillación para los prepotentes burócratas de la UNAM que constatar en el patio de Minería que los estudiantes del CGH tienen la razón, que defienden sus tesis con pasión porque creen en éstas, y que ellos -los integrantes de la delegación de rectoría- no tienen nada que defender, ni principios ni ideas, sino sólo su empleo?

8. El proyecto neoliberal ``a la mexicana'' ha contemplado para la UNAM un mayor control del gobierno sobre las autoridades universitarias, sobre el contenido de los planes y programas de estudio y sobre el ingreso de los jóvenes a la educación superior, pero el principal obstáculo para el diálogo no es el de la confrontación de dos proyectos que se contraponen sobre lo que debe ser la educación superior, sino el del desencuentro de dos culturas políticas: la de la cultura de la imposición de las autoridades y la del diálogo que defienden los estudiantes.

9. El inicio de la discusión de Minería (29-31 de noviembre) tiene con todos estos escollos una enorme importancia para el país, pues la crisis actual se sigue agravando ya que la Universidad Nacional que sustentó al México del siglo XX fue mutilada por la embestida monetarista, aunque el proyecto de la universidad neoliberal, puesta al servicio de un proyecto económico (y político), no haya podido imponerse del todo por la resistencia social que encabeza el CGH. La universidad a la que aspiran los universitarios y la nación está siendo en este escenario redefinida, y tras el movimiento estudiantil de 1999 es claro que esa universidad del siglo XXI ha de estar sustentada en la preeminencia de la vida académica y en prácticas democráticas, y debe optar por ponerse al servicio de la sociedad.

10. El diálogo del patio de Minería muestra que las autoridades en México tienen que aprender a dialogar: a escuchar y a hablar con respeto al ``otro'', que es la sociedad. Los tiempos en que ``el diálogo'' implicaba para el gobierno un proceso para exigir a la contraparte la rendición o el ceder en puntos clave por el amedrentamiento y por la coptación, y que llevaba a pactar acuerdos con trampas y candados, o en pensar en incumplir lo pactado, como en San Andrés, cada vez más pertenece al pasado. Porque aunque el gobierno no lo entienda, la sociedad ha cambiado.