Hace cincuenta años nuestro gobierno asumió el compromiso ante la comunidad internacional de que en nuestro país se respetaría la libertad sindical. Al suscribir el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se obligó a otorgar una serie de garantías a las organizaciones gremiales para que pudiesen funcionar con autonomía, sin obstáculos estatales que limitaran su desempeño. Cincuenta años después podemos constatar que la libertad de asociación en nuestro país es prácticamente imposible y que el flamante Convenio 87, así como las normas constitucionales legales vigentes en la materia, son letra muerta en la mayoría de los casos; las ahogan una maraña de obstáculos e intereses que impiden a los trabajadores el goce de las garantías más elementales que privan en cualquier país democrático del mundo: derecho a organizar sindicatos autónomos, elegir a los representantes, contar con votaciones secretas (recuentos) en condiciones mínimas de seguridad, disponer de las cuotas y patrimonio sindical, tener información sobre los contratos colectivos y participar en su elaboración, revisión y terminación, y contar con una justicia ausente de consignas y compromisos.

Podríamos pensar que como sucede en el mundo electoral, los avances, si bien lentos, transitan hacia un régimen de legitimidad democrática; sin embargo, la realidad cotidiana nos demuestra que en el mundo del trabajo las cosas van exactamente en sentido contrario. Cada vez son más sofisticadas las prácticas orientadas a impedir que los trabajadores decidan con autonomía y libertad sus formas de representación y defensa. Cada vez es mayor el temor para afrontar las mafias que se enriquecen del actual modelo corporativo. Prueba de ello es la creciente contratación colectiva de protección que, sin medida alguna, amplía los circuitos de control y corrupción en todas las ramas de industria, así como los nuevos obstáculos que en prácticamente todos los tribunales del país se imponen sin fundamento legal alguno a los trabajadores que tienen la osadía de reclamar una titularidad de contrato colectivo de trabajo o que exigen la firma de un contrato colectivo por la vía de la huelga. Obstáculos cobijados en un supuesto ``diálogo obrero-empresarial'' que pretende adquirir legalidad a través de un Código Federal de Procedimientos de Trabajo.

Un elemento adicional que hace difícil la transición democrática en el mundo laboral es el hecho de que los partidos y gobiernos de oposición se hagan de la vista gorda frente a esta renovada opresión laboral. Basta observar la agenda de propuestas de los numerosos candidatos que pretenden un espacio en el nuevo gobierno, la ausencia de propuestas específicas en materia de democracia sindical.

A pesar de que en este fin de siglo se siga reclamando lo mismo que a su inicio, los trabajadores y las organizaciones democráticas continúan su esfuerzo para lograr recuperar espacios de representación y defensa legítima. Por lo pronto se preparan para celebrar el cincuentenario de un viejo convenio que consideró que la organización libre y responsable de los trabajadores era importante para una sociedad democrática.