Explicaba el rector Ramón de la Fuente, al responder a una maestra que le inquiría sobre el mal estado en que por culpa de la huelga se encontraban unos documentos en la Biblioteca Nacional: ``esperemos que en poco tiempo podamos dedicarnos a esos problemas, por lo pronto lo que está en cuestión es la existencia misma de la universidad nacional, tal como la hemos conocido hasta ahora, y tal como, no obstante todas las reformas que requiere, debemos conservarla''.

Qué preocupación y qué alivio provocó entre muchos de los que lo escuchábamos semejante declaración. El primer responsable de una comunidad complejísima como la UNAM escuchaba, evaluaba, se expresaba, calificaba la situación y, lo vimos días después, tomaba posiciones y proponía estrategias a futuro. Con mucha dificultad los parlamentos del primer acto terminan siendo los corolarios al final de la obra. Pero lo que ha establecido De la Fuente con sus palabras se coloca por primera vez en el elevado horizonte de complejidad al que fuimos siendo conducidos los universitarios a lo largo de estos siete meses, azorados y perplejos, desesperados al constatar que a la autoridad durante todo ese tiempo no parecía importarle otra cosa que la defensa de sus mezquinos privilegios institucionales, escudados en el discurso científico-técnico. Por primera vez desde hacía mucho tiempo escuchábamos que la voz de la rectoría alcanzaba una tonalidad parecida a la de muchas situaciones de facto y muchos momentos discursivos de estudiantes y profesores que animan el presente conflicto.

La sociología del conflicto, de las luchas sociales y de los quiebres revolucionarios coincide en una regla de oro: las rupturas del orden pueden tener distintos niveles de complejidad y, en esa medida, distintas implicaciones: las menos trascendentes son producto de un cambio en la tarifa del transporte o una exigencia salarial ante al patronato; las relativamente más complejas pueden cuestionar un orden institucional, por ejemplo, un sistema que impide la representación de actores o corrientes nuevas en el marco existente (nuestro 68 luchaba por una apertura de las instituciones políticas y culturales, por una democratización ante el verticalismo autoritario al que nos había conducido la pirámide postrevolucionaria que no entendía que la modernización es primacía de la pluralidad social sobre la voluntad política); el nivel más elevado y más complejo del conflicto se da cuando una parte de la sociedad (por más insignificante que parezca en su inicio), se propone un cambio en la orientación histórica de toda esa colectividad (nacional).

Cuando De la Fuente coloca en el centro la continuidad misma de la Universidad Nacional, se instala en un nivel discursivo semejante al del CGH: si el modelo de desarrollo que nos rige está yendo al extremo de salvar al sistema financiero (al capital) y condenar a la UNAM, y el costo de lo primero es diez veces mayor que el de lo segundo, y si ante esa aberración el movimiento estudiantil declara su intransigencia y establece que la educación debe ser gratuita (y podría establecer que también la salud, ¿por qué no?), el asunto que nos ocupa habrá pasado de ser una disputa por el aumento de las cuotas estudiantiles a ser un debate por la orientación histórica de nuestra sociedad. El futuro de México está siendo cuestionado por este conflicto, y por ello mismo nos encontramos ante una crisis de altísima complejidad (por algo similar se decretó el toque de queda en Seattle).

Si esto fuera cierto, el paso siguiente implicaría que los dos actores que por ahora están enfrentados, CGH y rectoría, desbrocen los obstáculos que siguen impidiendo que el país entero vea el escenario con claridad y tome posiciones (como en el teatro clásico). El CGH ha convencido a todo México, y sólo por eso ya triunfó, de que la educación debe ser gratuita (por ley) y que a quienes quieran cooperar con pagos voluntarios les será reconocido como un acto solidario. Pero el siguiente punto del pliego petitorio debió haber sido que, además de la gratuidad, la matrícula debería crecer (si los países de la OCDE tienen a la mitad de sus jóvenes entre 20 y 24 años siguiendo algún tipo de estudios ``superiores'' y nosotros solamente 14 por ciento, el siguiente punto del pliego petitorio no tendría que ser el pase automático, sino que entre hoy y el año 2010, 20 por ciento de nuestros jóvenes se encuentren cursando estudios en las instituciones de educación superiores). Si el rector quiere salvar a la universidad, deberá comprometerse con este planteamiento y, al hacerlo, podría pasar de estar al frente de la universidad a estar de parte de la universidad con todas las implicaciones del caso.