Es inaplazable la reorganización estructural del transporte público capitalino para resolver sus añejos problemas y prepararlo al futuro, en función de las necesidades de toda la población y, sobre todo, de los sectores mayoritarios que carecen de otro medio de movilización. El actual gobierno del DF está enfrentando el problema en el marco de sus posibilidades, a pesar de la resistencia de quienes lo operan o lucran indebidamente con el servicio; a mediano y largo plazo será necesario un diseño de mayor alcance para este sistema urbano vital.
Los movimientos diarios de población atraviesan la ciudad real, la Zona Metropolitana; pero el transporte concesionado responde a normas, controles, dirección y formas organizativas fragmentadas. La reorganización debe tener un enfoque metropolitano, lo que implica la creación de una instancia operativa de gobierno con capacidad de decisión en los estados de México, Hidalgo y el DF, y con cobertura financiera y personalidad jurídica para impulsar proyectos y aplicar las leyes y normas correspondientes.
El equipo de transporte existente, mayoritariamente microbuses, es técnica y ecológicamente inadecuado para la urbe y tiene un alto grado de obsolescencia; y sus formas organizativas son atrasadas, sin capacidad para lograr la eficiencia necesaria y garantizar una operación segura y controlable. Para resolver esta inadecuación, es necesario organizar a los propietarios de combis y microbuses en organismos empresariales que les abran oportunidades crediticias para adquirir nuevas y mejores unidades y resolver la cartera vencida, tener capacidad de modernización administrativa, convertirse en sujetos morales para regularizar sus relaciones laborales y fiscales, y establecer programas de capacitación del personal. Los primeros beneficiados serían los conductores a sueldo, al mejorar sus condiciones laborales, y los usuarios cuyo riesgo disminuiría.
Combis y microbuses deben cambiarse por vehículos de mediana o gran capacidad, técnicamente avanzados, poco contaminantes y confortables. En un programa integral, estas unidades, sobre todo del tipo articulado, deberían circular por rutas metropolitanas, más allá de los límites del DF, principalmente por corredores preferenciales con semaforización inteligente. Deberían integrarse, no competir con el transporte público vertebrado por el metro, tren ligero y trolebús, por lo que la creación, mantenimiento y control de seguridad de las estaciones de transferencia multimodal es necesaria. Sólo en localidades donde la topografía y la vialidad angosta impidan el acceso del nuevo transporte, podrían permanecer combis y microbuses debidamente controlados, sirviendo como alimentadores de los medios estructuradores. Las concesiones podrían organizarse a mediano plazo por zonas, en paquetes asignados a empresas o agrupamientos de ellas, para evitar la duplicidad y la competencia que vaya contra el usuario.
En la medida que se fortalezcan los medios de mediana y gran capacidad y se diseñen programas sistemáticos de educación vial, se hará viable el desaliento al uso del automóvil particular, lo que redundará en una mejora en la velocidad vehicular y en la disminución de emisiones contaminantes. Complementariamente, cobra importancia el mantenimiento del sistema vial: reparación de la carpeta asfáltica, eliminación de obstrucciones al paso fluido, formación de carriles exclusivos, liberación del tránsito pleno en calles indebidamente apropiadas por vecinos, estacionamientos temporales en escuelas, centros comerciales, paraderos y estaciones del metro; estas cuestiones deben ser resueltas en el corto plazo.
Sin demérito de las finanzas públicas y de las razonables ganancias empresariales, los poderes legislativos deberían avanzar en el establecimiento de un esquema tarifario metropolitano que impida la diversidad e incoherencias que hoy se registran y que dañan sustancialmente al usuario diario de más escasos recursos.
Es necesario seguir ampliando los medios fundamentales (metro, tren ligero, trolebuses), que son los más adecuados en la metrópolis. No se cuenta hoy con los recursos suficientes para esta inversión que tiene por fin abatir el rezago y anticipar el futuro, por lo que es insoslayable la participación concertada de las tres entidades que forman la metrópolis, pues el DF no puede ni le corresponde asumir solo los costos. Por ello cobra relevancia que los poderes ejecutivos y legislativos de los componentes de la ciudad, las colonias, municipios y delegaciones, exijan al gobierno federal la ampliación presupuestal para continuar la construcción de un sistema de transporte público para el futuro. Los beneficiarios de un salto cualitativo y cuantitativo en la eficiencia, rapidez y comodidad del transporte serán los patronos, cuyos trabajadores perderán menos tiempo y tendrán menos desgaste en sus desplazamientos laborales; los usuarios, que estarán menos expuestos a la contaminación, la violencia y la fatiga; los empresarios del transporte cuya rentabilidad y competitividad aumentará; y los automovilistas y transeúntes que dejarán de considerar a los microbuseros como enemigos públicos. Los intereses de algunos ``líderes'' corporativizados al poder político federal y su partido no deben primar sobre los de 20 millones de habitantes metropolitanos.