Al negociarse el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y Canadá, usted fue coautor de dos estudios que justificaron la inclusión del maíz en dicho acuerdo. Ahora que es responsable de Egresos en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ¿qué piensa al ver sus recomendaciones traicionadas por las necesidades del modelo de economía neoliberal?

Las recomendaciones de sus estudios eran sencillas. Primero, la apertura en granos básicos debía ser gradual para reducir su costo social. Segundo, un programa de inversiones públicas debía revalorizar los activos de los productores más afectados.

Aunque sus estudios iban más allá de la retórica superflua de un Luis Téllez, se equivocaron casi en todo. Por ejemplo, el precio del maíz cayó cerca de 50 por ciento en los primeros cinco años del TLC, pero (contrario a sus cálculos) la producción se mantuvo cerca del nivel histórico de 18 millones de toneladas alcanzado en 1994. ¿Por qué falló su predicción? Porque sus estudios no permitían considerar el efecto de la caída en precios de los demás cultivos ni la respuesta de los productores a la inflación y la pobreza. Además, la premisa central de su análisis, la ineficiencia del productor mexicano, es una idea vacía. Hoy el campo sigue en crisis y la balanza comercial agropecuaria tiende a una posición deficitaria.

Peor aún, sus recomendaciones sobre gradualismo terminaron en el cesto de papeles. La transición de 15 años establecida en el sistema arancel-cuota para el maíz fue rota por la política de Secofi, Sagar y la SHCP. Tres años después de entrar en vigor el TLC, los precios domésticos se alinearon con los precios de indiferencia, algo que se suponía debía ocurrir hasta el año 2008. Desde la Subsecretaría de Egresos, usted nunca sugirió revertir ese proceso. ¿Olvidó su recomendación sobre gradualismo?

Sus estudios recomendaron realizar inversiones públicas en infraestructura hidroagrícola para maximizar beneficios de la apertura comercial. El programa de inversiones requerido convertiría 1.1 millones de hectáreas en los primeros cinco años de la apertura. Pero en los seis años de vigencia del TLC, apenas se han incorporado al régimen de riego 46 mil hectáreas. ¿Por qué no hay asignaciones presupuestales adecuadas para programas de infraestructura? ¿Acaso estaban equivocados sus cálculos? ¿O es que ahora predomina una ``realidad fiscal'' diferente por el rescate bancario?

Según usted, para realizar esas inversiones en infraestructura las autoridades fiscales tendrían que asegurarse que los precios del maíz estuvieran liberados porque la carga fiscal acumulada de grandes programas de irrigación y de subsidios vía precios ``sería intolerable''. Pero hoy el peso muy superior del ilegal rescate bancario es perfectamente tolerable para su jefe el señor Gurría. ¿Para usted también?

Sus estudios afirmaban que la Sagar sólo aceptaría la liberación de precios de realizarse el programa de inversiones en infraestructura. Lo cierto es que el programa de inversiones no se llevó a cabo y la Sagar (Labastida-Romárico) nunca se preocupó por las consecuencias de la liberación del precio del maíz o la extinción de Conasupo. Mientras, las autoridades fiscales siguieron obsesionadas por alcanzar un superávit primario recortando el gasto programable y golpeando al sector agropecuario. Así Procampo perdió alrededor de 40 por ciento de su valor en términos reales mientras Alianza para el Campo concentra migajas en agricultores ricos poco afectados por la apertura. Hoy el incremento en el presupuesto del 2000 es ridículo para las necesidades del campo.

Las contradicciones se profundizan. Las importaciones de maíz se hicieron sin cobrar el arancel correspondiente con lo que se incurrió en un sacrificio fiscal superior a los 2 mil millones de dólares, so pretexto de que se hubiera tenido que subsidiar a las grandes harineras para evitar aumentos en el precio de la tortilla. Pero en 1994 y 1998 el subsidio para Maseca y Minsa sólo se redujo paulatinamente, abriéndoles la posibilidad del ajuste gradual que fue negada a los productores maiceros. ¡Y de todos modos el precios de la tortilla aumentó más de 100 por ciento!

La política para el campo mantiene el dumping en contra de los productores mexicanos de maíz. Para la SHCP, la prioridad sigue siendo reducir el gasto programable para cumplir metas sobre déficit fiscal pactadas con el FMI. Mientras Secofi alardea su TLC con Europa, la apertura mal negociada se aplica sin una estrategia inteligente.

Y usted, señor subsecretario, ¿qué sugiere para superar estas contradicciones? ¿Hacer como que no existen?