La estimación del precio del petróleo, incluida en el paquete económico para el año 2000, constituye la gran trampa que podría permitir al gobierno federal seguir exprimiendo fiscalmente a Pemex, reducir las participaciones a los gobiernos de los estados y asignar discrecionalmente cuantiosos recursos en un año electoral.

Al iniciarse la discusión de la Iniciativa de Ley de Ingresos y del Proyecto de Presupuesto de Egresos enviados por el Ejecutivo al Congreso, los legisladores que no dependen de la voluntad del presidente Zedillo deberían poner especial atención en este punto, ya que resulta fundamental para la orientación de la política económica durante el próximo año, así como para la vigilancia y transparencia del manejo de los recursos públicos.

En el documento de Criterios de Política Económica para el año 2000, el Ejecutivo estima que el precio del crudo de exportación terminará 1999 con un promedio anual de 15.50 dólares por barril. Este promedio resulta de la combinación de los bajos precios observados a principios de año (alrededor de ocho dólares), y las elevadas cotizaciones actuales (21 dólares).

Sin embargo, para el año 2000, el Ejecutivo presenta un supuesto de precio del petróleo similar al observado durante el presente año: 15.50 dólares por barril en promedio. Como los precios actuales alcanzan más de 21 dólares, y se siguen incrementando, el supuesto del gobierno sólo es posible si se anticipa un verdadero derrumbe en las cotizaciones de ese hidrocarburo.

Pero la situación del mercado petrolero internacional y las opiniones de los expertos indican un panorama muy diferente. La disciplina observada hasta ahora por los países de la OPEP, la reducción de la producción doméstica de petróleo en Estados Unidos y la recuperación de la economía japonesa, han conformado una situación de mercado que ha permitido la notable recuperación que se ha observado en los precios del crudo.

Para el próximo año pueden esperarse algunos factores que debiliten la demanda de crudo, y con ello su precio, como un menor ritmo de crecimiento de la economía estadunidense. Pero nadie está anticipando un derrumbe de tal magnitud que, partiendo de los precios actuales, pudiera llevar a un promedio tan bajo como el supuesto por el gobierno.

Pero la razón de ese supuesto no se puede encontrar en una escasa capacidad de predicción de los técnicos del gobierno, o en una falta de confianza en las proyecciones existentes a nivel internacional. La razón es política, ya que entre más bajo sea ese supuesto, el gobierno federal tendrá la posibilidad de recaudar más fondos y asignarlos discrecionalmente.

El secreto está en la forma como opera el régimen fiscal de Pemex, en el mecanismo para determinar las participaciones a las entidades federativas y en los márgenes que pretende mantener el Ejecutivo durante el año 2000 para el manejo del presupuesto de egresos.

En el artículo cuarto de la Iniciativa de Ley de Ingresos se estiman los ingresos petroleros que se pretenden recaudar en el próximo año. Dichos ingresos incluyen el impuesto a la gasolina y los tres derechos sobre hidrocarburos, todos estimados con el supuesto de 15.50 dólares por barril de petróleo, y que deben alcanzar 60.8 por ciento de los ingresos totales que tenga Pemex, quedando el restante 39.2 por ciento para la operación de esa paraestatal.

Sin embargo, en la fracción novena de ese artículo se define lo que sucederá con los ingresos que provengan de un precio superior a los 15.50 dólares supuestos. En este caso, los ingresos serán recaudados mediante el aprovechamiento sobre rendimientos excedentes de Pemex, con una tasa de 39.2 por ciento, la cual se agrega al 60.8 por ciento del derecho sobre hidrocarburos.

Esto significa que los ingresos que resulten de un precio mayor al estimado, deberán ser entregados en su totalidad al gobierno federal. Así, entre más bajo sea el supuesto del petroprecio, una mayor parte de los ingresos petroleros será destinada al gobierno federal y una menor proporción se dejará para la operación de Pemex.

Pero la situación no termina ahí. En la Ley de Coordinación Fiscal no se incluye el citado aprovechamiento como parte de la base de ingresos que debe distribuirse entre las entidades federativas. Por ello, entre menor sea el supuesto de precio del petróleo, mayor será el aprovechamiento, y menor el monto a distribuir mediante las participaciones. Eso explica por qué el Ejecutivo propone también el establecimiento de un nuevo impuesto al consumo de 2 por ciento a los gobiernos de los estados, pretendiendo que con él se compense la pérdida programada en las participaciones.

Finalmente, los candados incluidos en el artículo 35 del proyecto de decreto de presupuesto de egresos contemplan el destino que deberá darse a los ingresos tributarios excedentes. Pero, como el citado aprovechamiento no entra en esa definición, la asignación de esos fondos quedaría prácticamente a la discrecionalidad del Ejecutivo, como lo contempla la fracción quinta de este artículo. Los legisladores no deberían dejar pasar trampas como ésa.