Desde que el gobierno priísta decidió rescatar los bancos privados afectados por irregularidades, quebrantos y la crisis de 1995, condenó a los mexicanos a pagar los pasivos asumidos, los que al final de este año ascenderán a 76 mil 315 millones de dólares. Convertir los pasivos generados por el rescate bancario de deuda indirecta a deuda pública, para reducir los intereses que éstos generarán, de 8.2 a 7 por ciento, como lo planteó el subsecretario de Hacienda, Martín Werner, no debe ser estimado como algún logro por parte de las autoridades hacendarias, pues es simple y sencillamente la misma fórmula por la que el gobierno optó desde el principio, nada más que presentada de otra forma. El Congreso debe aprobar, antes del 15 de diciembre, como parte del presupuesto, un monto por 35 mil millones de pesos para cubrir los intereses de los pasivos del rescate bancario en el 2000, además tendrá que decidir si incorpora los 76 mil 315 millones de dólares a la deuda pública (interna y externa). Si el Congreso aprueba la iniciativa, se prevé que el saldo de la deuda pública se eleve a 221 mil millones de dólares, lo que equivale a 50 por ciento del producto interno bruto (PIB) y coloca el monto de la deuda pública mexicana como la más alta respecto al PIB en Latinoamérica, según las estimaciones hechas por la correduría Standard and Poor's (actualmente la deuda pública interna es de 61 mil millones de dólares y la externa asciende a 84 mil millones). Aunque hasta ahora la oposición en la Cámara de Diputados se ha manifestado en contra de la iniciativa del Ejecutivo, argumentando que la privatización de los bancos en 1992 se hizo mal y el rescate de 1995 registró irregularidades -según lo demuestra la auditoría de Michael Mackey en la que se detectaron inicialmente operaciones ilegales por 6 mil millones de pesos-, la aprobación de los pasivos en deuda pública puede convertirse, por los tiempos electorales, en un escenario de dimes y diretes, con el único objetivo de que los partidos ``lleven agua a sus molinos''. En lo que tendría que ser muy cuidadosa la oposición, es en no abandonar lo que hoy debe ser la discusión central al respecto: no permitir que quienes cometieron irregularidades e hicieron malos manejos al otorgar créditos, queden sin castigo y sigan tan campantes de la mano de la impunidad, y aprobar en un plazo inmediato una ley que responda a los vacíos de la aún vigente Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos, y que derivaron en el fraude más grande de nuestros tiempos. Por lo pronto, la discusión para la aprobación del monto que cubrirá los intereses del rescate bancario en el 2000, ha sido el escenario más adecuado que pudo haber encontrado la oposición para denunciar las cantidades que algunos funcionarios reciben mensualmente por concepto de salario y pensión. Y es que a pesar de que el secretario de Hacienda, José Angel Gurría, insista en que el tema de su pensión ``ya está aclarado'' y los bancos de desarrollo sostengan que otorgan pensiones de acuerdo con ciertas leyes especiales para empleados bancarios, aún no se ha dicho por qué los funcionarios de los bancos de desarrollo -que se supone perdieron miles de millones de dólares en años recientes por malversación y malas prácticas prestamistas- se dan el lujo de ofrecer pensiones a empleados con apenas diez o quince años de servicios, cuando se supone que el sistema jubilatorio del gobierno no permite a la mayor parte de los trabajadores retirarse antes de cumplir 65 años, y cuando es un hecho que el gobierno debe de tomar medidas de austeridad ante gastos innecesarios.
Melée
Pero mire usted, parece ser que las penurias de Gurría le costarán la Secretaría de Hacienda, y ya se habla de que en su lugar arribará el actual titular de Energía, Luis Téllez, y el lugar de este último lo ocuparía Alfredo Elías Ayub, actual director de la CFE. También el que se sigue tambaleando es el secretario de Comercio, por sus múltiples errores, aunque se dice que cuenta con todo el respaldo del presidente Zedillo, después de que logró formalizar el TLC con la Unión Europea... También se supo de muy buena fuente que el actual director de la paraestatal más importante del país se está haciendo cargo de preparar la política energética de Francisco Labastida Ochoa, con quien sostiene una estrecha relación personal... ¿Hasta dónde llegará la impunidad en el megafraude cometido en contra de los más de 400 cooperativistas de La Prensa? Actualmente se libra una batalla entre los intereses que solapan los notarios públicos -del Colegio de Notarios y de la Asociación Nacional del mismo gremio- y la legalidad. Resulta que los que dicen abogar por la justicia, pero que hacen todo lo contrario -y entre los que se encuentra Alfredo Miguel Morán Moguel, quien en su calidad de abogado avaló los fraudes cometidos por los Santaella contra los cooperativistas de La Prensa-, pueden seguir ejerciendo su profesión como cualquier abogado, ya que la patente que ostentan como jueces no les ha sido retirada por los institutos y autoridades correspondiente pese a las demandas bien fundamentadas que se han presentado en su contra, como es el caso de Morán Moguel.