* Rechazan dar a conocer órdenes de captura derivadas de recomendaciones

Procuradores limitan informes a defensores de derechos humanos

* Un acuerdo ordenaba revelar métodos para obtener datos, pero fue vetado por los funcionarios

* Se manifiestan por impulsar la capacitación que permita abatir la práctica de la tortura

José Galán, enviado, Juriquilla, Qro., 27 de noviembre * Los 32 procuradores generales de justicia del país vetaron la información a cualquier organismo público protector de los derechos humanos sobre los mecanismos para cumplir las órdenes de aprehensión contenidas en sus recomendaciones, pues, sostienen en un documento interno, ello "puede ocasionar problemas en lo referente a su aplicación".

Además, se manifestaron por impulsar la capacitación en combate a la tortura, "para tratar de abatirla", de todos los elementos a cargo de la procuración de justicia en México, así como en el caso de ejecuciones y desapariciones, delitos para los que se acordó, incluso, elaborar un informe estadístico ųque hasta el momento no existe en ninguna parte del paísų por entidad federativa, incluyendo al Distrito Federal, "con la finalidad de obtener la incidencia delictiva nacional e implementar mecanismos para su abatimiento".

El documento, del cual una copia está en poder de La Jornada, es el informe de actividades de la Comisión Sobre Derechos Humanos de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, que agrupa a todos los procuradores de justicia del país.

La comisión citada está integrada ejecutivamente por los procuradores generales de la República, del Distrito Federal, de San Luis Potosí, de Campeche y de Morelos. En el texto se hace referencia a la elaboración de un catálogo de actos que deben ejecutarse para que "los organismos públicos protectores de los derechos humanos puedan considerar cumplidas las órdenes de aprehensión a que se refieran las recomendaciones que emitan".

Dicho catálogo fue acordado por todos los procuradores del país desde su sexta reunión, el 2 de septiembre de 1999, y ya fue sometido a las instituciones que dirigen para su aprobación.

Sin embargo, en la más reciente reunión de la comisión citada, celebrada el 17 de noviembre de 1999, el documento fue analizado, y ante las objeciones de más de 22 procuradores sobre la posibilidad de revelar sus métodos para la obtención de información, se decidió por unanimidad que no se entregue esa información a ninguna entidad defensora de los derechos humanos, sino que sea de uso interno exclusivo de ellos, pues consideraron que "puede ocasionar problemas en lo referente a su aplicación".

El documento, eso sí, será proporcionado a los directores generales de las policías judiciales estatales y federales en la próxima reunión nacional de los procuradores. En tanto, se acordó actualizar otro documento, denominado Estrategias para fortalecer los derechos humanos en la procuración de justicia.

Se planteó al interior de la conferencia nacional los casos de tortura, desapariciones y ejecuciones forzadas, que el documento reconoce como prácticas que persisten en nuestro país, a efecto de establecer un consenso para determinar, en primer lugar, el índice de recurrencia por estado de este tipo de hechos, y en segundo, determinar el número de casos pendientes por resolver y los canales para combatirlos.

Analizan reparar los daños a

víctimas de prácticas ilícitas

Los procuradores analizan los mecanismos de compensación por parte del Estado, a título de reparación de daños derivados de esas prácticas ilícitas, y en las conclusiones de la comisión citada se sugiere la posibilidad de invitar próximamente a representantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para tratar este tema.

Además, se promueve la aceptación de la competencia del llamado Comité contra la Tortura y para la Eliminación de la Discriminación Racial. Finalmente, la posible firma del segundo protocolo facultativo del pacto de San José sobre derechos civiles y políticos, que proscribe la pena de muerte, no obstante que ello implique reformas a la Constitución.