* Sindicatos piden que se realice una consulta
Exigen impedir que el capital extranjero entre al ramo médico
* Advierte dirigente de la privatización de la seguridad social
Andrea Becerril /I * Entre fuertes presiones de la Secretaría de Hacienda para que legislen de manera apresurada y aprueben en este periodo ordinario de sesiones la iniciativa de ley que pondría en manos del capital financiero internacional los servicios médicos particulares y la demanda de asociaciones de profesionistas y empresarios del ramo y de organismos sindicales para frenar el proyecto presidencial y realizar una consulta nacional en torno al mismo, el Senado de la República deberá tomar una decisión antes del 15 de diciembre.
No hay aún una definición, dadas las protestas de los sectores afectados por la reforma legislativa propuesta por el Ejecutivo. "Esa ley puede ser la puerta de entrada a la privatización de la seguridad social, a través de la subrogación de los servicios médicos del IMSS", advirtió el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, Fernando Rocha Larráinzar, en un escrito enviado a la líder del Senado, María de los Angeles Moreno, el pasado 28 de abril, el mismo día que la minuta llegó a esa cámara.
Médicos y representantes de empresas alertaron sobre los riesgos de dejar en intermediarios financieros la salud de los mexicanos, mediante un esquema alentado por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI), cuya aplicación en Estados Unidos ha generado gran insatisfacción, pues consiste en la práctica de la medicina no como un servicio, sino un negocio, donde interesa más el costo que la calidad.
De abril a la fecha, sindicatos, asociaciones y colegios de médicos, así como representantes y propietarios de sanatorios, clínicas, maternidades, laboratorios, centros de investigación y terapéutica, entre otros, representados en la Asociación Internacional de Hospitales, remitieron también al Senado sus argumentos contra la iniciativa que, coinciden, puede causar "un daño irreparable a la medicina privada" y graves consecuencias económicas y sociales a los pacientes.
Represalias contra un hospital
que se opone a la iniciativa
Muchas de las protestas han sido acalladas por la Secretaría de Hacienda, quien, según comentó el senador perredista Higinio Martínez Miranda, secretario de la Comisión de Salud, "ha estado ejerciendo presiones indebidas" contra los legisladores y quienes se oponen al proyecto.
Así, un hospital que publicó un desplegado con la demanda de que no se apruebe el proyecto para reformar la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas, de inmediato fue objeto de auditorías ordenadas por el secretario de Hacienda, José Angel Gurría, y se le amenazó con retirarle el servicio que presta a una institución bancaria.
Martínez comentó que el PRD no va a aprobar una reforma de esa magnitud, que no tiene consenso tampoco entre las otras fuerzas políticas representadas en el Senado. Señaló que el presidente de la Comisión de Salud, el priísta Samuel Aguilar Solís, se ha mostrado abierto a escuchar a todos los sectores involucrados.
Son muchas las voces que se oponen al proyecto presidencial presentado en la Cámara de Diputados el pasado 13 de abril, y que se propone modificar diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, "con la finalidad de precisar la prestación de los servicios de salud, aun cuando se realice con recursos e instalaciones propias, como operación activa de seguros y con ello autorizar la práctica del ramo respectivo únicamente a instituciones de seguros. Las empresas así autorizadas sólo podrán operar conjuntamente el ramo de gastos médicos".
Propone modificar el artículo 23 de esa ley "a efecto de acotar las actividades que se entenderán reservadas a los agentes de seguros. Se establece que tratándose de seguros de pensiones, "la autorización para su intermediación sólo puede otorgarse a agentes de seguros especializados en esta materia respecto de una sola institución de seguros. A dichos agentes se les podrá autorizar además el ejercicio de su actividad en otras operaciones o ramos en diversas instituciones.
Plantea además "la adición de un régimen especial para la constitución de las reservas de riesgos en curso en materia de los seguros de pensiones o de supervivencia relacionados con la edad, jubilación o retiro de personas, bajo esquemas privados complementarios a la seguridad social, con objeto de complementar el régimen de reservas".
El presidente electo de la Federación Nacional de Colegios de la Profesión Médica, Héctor Fernández, en escrito dirigido a la Comisión de Salud del Senado, advierte que tanto galenos como pacientes fueron marginados del proyecto de reforma legislativa que "afecta directamente nuestros derechos, nuestra práctica profesional y la economía de los pacientes y de los médicos por igual, favoreciendo la ganancia de los intermediarios que los organizan y administran, sin mejorar la calidad ni la calidez de la atención".
Destaca que por presiones de organismos financieros se intenta con esa reforma imponer un modelo vigente en Estados Unidos, cuyo sistema nacional de salud carece de seguridad social y, no obstante gastar 14 por ciento de su PNB, deja fuera de la cobertura de salud a 35 millones de ciudadanos. Se trata de un esquema repudiado por 70 por ciento de los usuarios y la mayoría de los médicos.
Señala que las presiones del Banco Mundial son para restringir el presupuesto a las instituciones de salud y a la privatización total o parcial del IMSS, institución a la que autorizaron 700 millones de dólares con la condición de que se autorice a las compañías de seguros trasnacionales a promover la llamada medicina administrada (Managed Care) a través de intermediarias.
En un estudio de un especialista del hospital ABC se dice que la medicina administrada, "en su obsesiva tarea de contener costos", afilia sólo a personas jóvenes y con bajo riesgo de enfermedad, excluyendo a los viejos y enfermos. Bloquea el acceso a especialistas y disminuye los honorarios de los médicos.