* Concluye Mary Robinson visita de 2 días al estado

Violaciones graves en Chiapas, por impunidad y militarización

* Dice que su objetivo es contribuir a un debate para la paz

* Recibió de Samuel Ruiz informe sobre la matanza de Acteal

Rosa Rojas, enviada, y Angeles Mariscal, corresponsal, Tuxtla Gutiérrez, Chis., 27 de noviembre * Al concluir su estancia de dos días en Chiapas, la titular del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Mary Robinson, insistió en que están ocurriendo aquí violaciones graves a las garantías individuales, por la impunidad y la militarización, y manifestó su esperanza de que su visita ayudará a disminuir dichas violaciones, a eliminar la impunidad, a reducir el papel que juegan los militares y a mejorar la administración de justicia.

Reiteró además su deseo de que esta visita contribuya a un debate que pueda lograr la paz, con "plena conciencia de los derechos humanos de los pueblos indígenas" y ofreció que desde su oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos (ACNUDH) tratará de ayudar en forma constructiva, a través de programas de cooperación técnica, a los gobiernos de México y de Chiapas, para lograr ese fin "en conjunto".

Esta mañana, Robinson se reunió con representantes del Congreso estatal, con el titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Luis Felipe Cansino, y con dos de los cuatro obispos de la entidad: Felipe Aguirre Franco, de Tuxtla Gutiérrez, y Samuel Ruiz, de San Cristóbal de las Casas.

Los otros dos que se esperaba acudieran a la cita, Felipe Arizmendi, de Tapachula, y Raúl Vera, coadjutor de San Cristóbal, están fuera del país. El subsecretario de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, Humberto Lira Mora, presentó a los prelados a la señora Robinson pero no estuvo presente en la entrevista.

Samuel Ruiz, en su calidad de presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC), entregó a Robinson un informe sobre "la persistencia de violaciones sistemáticas" a los derechos humanos en la entidad y otro de actualización de información sobre los procesos penales instaurados en relación con la masacre de Acteal, ocurrida en diciembre de 1997 y sobre la situación en el municipio de Chenalhó.

En un comunicado sobre el primer informe, el CDHFBC señala que en el mismo se "sugiere" una asistencia técnica por parte del ACNUDH para la legislación sobre derechos de los pueblos indígenas, que pueda ayudar a desbloquear las negociaciones, "ya que el gobierno pretende haber cumplido los acuerdos sosteniendo (como lo hizo en la carta abierta al EZLN) que muchas iniciativas deberían ser discutidas en el Senado. Los zapatistas sostienen que la única iniciativa válida es la formulada por la Cocopa (instancia creada por iniciativa del gobierno), según el espíritu de los acuerdos".

Propone además la realización de foros con respecto al papel de las fuerzas armadas, con el apoyo y asistencia técnica del ACNUDH, en los que se discutan públicamente temas como la supervisión civil y en materia de derechos humanos de las fuerzas armadas, la limitación del fuero de guerra, de modo que las instancias militares no sean juez y parte en casos de violaciones de derechos humanos de civiles y la creación del ombudsman militar.

Asimismo, que la ACNUDH dé atención y seguimiento a la cuestión de los derechos de los pueblos indígenas, lo que incluye el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés; una legislación nacional y otra estatal sobre derechos y cultura indígena y el cumplimiento de convenios y acuerdos internacionales en relación con dichos derechos.

También que "recomiende que los proyectos económicos y sociales se detengan cuando promuevan la tensión y la división en las comunidades, en lugar de fomentar la unidad y la reconcilliación (como la ley de diálogo lo requiere)".

Subraya el informe que en la selva Lacandona "el gasto social encubre el enorme gasto militar, ya que la construcción de carreteras contribuye a fortalecer la infraestructura militar y acercar a comunidades zapatistas, más que beneficiar su desarrollo. En ese contexto sucedieron los hechos de Amador Hernández en agosto de este año, cuando se trató de construir una carretera aun en contra de la voluntad de la población".

"Días después, en San José Nueva Esperanza, comunidad muy cercana a Amador Hernández, en un operativo encabezado por Pedro Cervantes, hermano del secretario de la Defensa Nacional, militares abrieron fuego en contra de un grupo de indígenas tojolabales. Las agresiones de las fuerzas armadas a la población civil, son incentivadas por el gobierno del estado bajo el discurso de la promoción del desarrollo de las comunidades indígenas. Es evidente que con acciones de este tipo, ni se promueve el desarrollo ni se favorece un clima de distensión propicio para el diálogo y la reconciliación".

Situación en Chenalhó

Respecto a la situación en el municipio de Chenalhó, señala que las acciones de los grupos paramilitares han provocado el desplazamiento de más de 10 mil indígenas desde 1997 y continúan aumentando. El pasado 9 de noviembre, 11 familias tuvieron que abandonar sus hogares en Canolal a causa de las amenazas de muerte que recibieron. Cita además los casos de Cristóbal Vázquez y Manuel Cruz, asesinados por paramilitares de Paz y Justicia en los municipios de Tila y Ocosingo.

El informe que Samuel Ruiz entregó a Robinson sobre el caso de la masacre de Acteal, establece que si bien es cierto que nueve ex policías ya han sido sentenciados por su responsabilidad en la tolerancia de civiles armados y 57 personas han sido condenadas por implicación material en la matanza, los policías no fueron demandados por la reparación del daño y los civiles fueron absueltos del mismo.

Subraya que no han sido concluidas las investigaciones sobre la probable responsabilidad penal de altos ex funcionarios del gobierno de Chiapas, que no tomaron las debidas precauciones para evitar la consumación de los hechos. Estos servidores públicos son el ex gobernador del estado, Julio César Ruiz Ferro; el ex secretario general de gobierno, Homero Tovilla Cristiani; el ex subsecretario general de gobierno, Uriel Jarquín; el ex secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Jorge Enrique Hernández Aguilar, quien obtuvo una suspensión incidental en amparo contra órdenes de aprehensión y dos funcionarios que se encuentran prófugos: el ex director de la Policía de Seguridad Pública, José Luis Rodríguez Orozco y el ex coordinador de Seguridad Pública del estado, general retirado Jorge Gamboa Solís.

Están pendientes de ejecutar 29 órdenes de aprehensión del fuero federal contra probables autores materiales, y "la falta de desarme del grupo paramilitar de Chenalhó mantiene una seria amenaza a la seguridad de las personas en el municipio. Nuevamente se han reportado denuncias de amenazas en contra de los miembros de la sociedad civil Las Abejas en las últimas semanas".

Además, dice el informe presentado a Robinson: "A pesar de que el gobierno federal ha militarizado la zona, el aseguramiento de las armas utilizadas en la masacre no ha sido suficiente. Sólo al inicio de las investigaciones, a través de algunos testigos de Las Abejas, se descubrieron algunas armas largas; sin embargo, la mayoría presuntamente se encuentra en Chenalhó", por lo que hay riesgo para los habitantes desplazados de ese municipio.

Los diputados integrantes de los partidos de oposición ųPAN, PRD y PT, Juan Carlos Cal y Mayor, José Juan Ulloa y Héctor Robledo, respectivamenteų que se reunieron con Robinson, denunciaron la violación a los derechos constitucionales y políticos de los ciudadanos de la entidad por parte del Ejecutivo estatal, hicieron énfasis en la falta de libertad política por la inexistencia de la división de poderes y entregaron copia de la demanda de juicio político que se presentó contra el gobernador interino, Roberto Albores Guillén. El priísta Mario Carlos Culebro, presidente de la Gran Comisión del Congreso local, argumentó que existe un cambio en las actitudes que impedían la división de poderes, y sostuvieron que las actuales diferencias que existen entre los diferentes grupos sociales y políticos de la entidad, se están superando mediante el diálogo y la promoción del desarrollo de las comunidades.