* El Senado no debe aprobar la iniciativa, dijo

En riesgo, el derecho a la salud de los mexicanos: Aguilar Solís

* La Ley General de Sociedades Mutualistas y de Seguros, la causa

Andrea Becerril * El Senado de la República no puede aprobar la iniciativa presidencial de Ley General de Sociedades Mutualistas y de Seguros, tal como les fue remitida de la Cámara de Diputados, ya que requiere de una serie de modificaciones y adiciones, a fin de evitar que se lesione el derecho a la salud de los mexicanos, para favorecer a corporaciones trasnacionales, comentó el priísta Samuel Aguilar Solís.

El presidente de la Comisión de Salud del Senado informó que hay preocupación entre los legisladores por las repercusiones de la reforma planteada y la urgencia de las autoridades para que se apruebe, toda vez que existe el riego de que grandes aseguradoras extranjeras se apoderen del mercado, ųcuya apertura, de acuerdo al TLC, se dará el primero de enero del 2000ų lo que significaría el encarecimiento de los servicios médicos particulares y la disminución de su calidad.

Explicó que desde abril que les fue turnada la minuta respectiva por la Cámara de Diputados, las comisiones de Hacienda y de Salud del Senado han realizado un amplio análisis y escuchado a todos los actores afectados, entre ellos asociaciones médicas y sindicatos, las que se han pronunciado en contra de la iniciativa e incluso demandado que se pare.

Uno de los puntos más cuestionados de la iniciativa presidencial, dijo es la propuesta de crear una nueva figura, las Instituciones de Servicios de Salud (Isses), que son intermediarias financieras, encargadas de regular el mercado distorsionado de las instituciones de seguros de salud.

"Nosotros creemos que el mercado se puede regular, sin necesidad de crear las Isses, además, de acuerdo a la experiencia internacional, este tipo de intermediarias no ha funcionado en Estados Unidos, Chile, Argentina o Colombia y si no funcionan en el extranjero, no tenemos por qué ser la excepción".

Aguilar Solís explicó que básicamente lo que se propone con las reformas a la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros es apoyar a un sector del capital financiero, que son las grandes compañías de seguros y, dado que a partir del primero de enero del 2000, de acuerdo con lo negociado en el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y Canadá, se abrirá el mercado mexicano, a ese sector, "nos preocupa que esa sea la urgencia".

Entre los senadores que dictaminan la iniciativa, agregó, hay también preocupación por la posibilidad de que las grandes aseguradoras trasnacionales "cuenten también con la complacencia y hasta diría que con todo el apoyo de no pocas autoridades del sector financiero".

Igualmente se ha analizado y llegado a la conclusión de que las intermediarias financieras lo que traerían automáticamente es un incremento en el precio de los seguros de salud, en un país en que pese a los esfuerzos, aún no se amplía la cobertura médica asistencial.

"Nos preocupa también que la creación de las Isses, además de encarecer los precios, traiga consigo la posibilidad real de disminuir la calidad de los servicios médicos, al tener las empresas el objetivo central de obtener ganancias, lo que los llevaría a contratar, por ejemplo, médicos de menor capacidad o experiencia".

Además, hay otro problema, aparentemente subjetivo, "pero que los legisladores consideramos real", que es la relación entre el paciente y el médico, que se rompería con el esquema propuesto en la iniciativa, en el que las intermediarias financieras son las que decidirán a qué clínica u hospital canalizan al usuario del seguro médico".

Por otro lado, agregó el senador del PRI, los centros médicos particulares podrían verse afectados porque, para entrar en el nuevo esquema, necesariamente tendrían que constituirse en la nueva figura, las Isses y las aseguradoras extranjeras, además, van a crear sus propias clínicas y hospitales, ya que saben que cuentan con un mercado cautivo.

Incluso, explicó, tanto asociaciones médicas como sindicatos ųlos que gozan en sus contratos colectivos de servicios subrogadosų han expresado un total rechazo a la iniciativa.

Aguilar Solís precisó que en las últimas semanas han llegado cartas de inconformidad a la Comisión del Salud del Senado y se han presentado representantes de varias organizaciones gremiales, entre ellas del Sindicato de Trabajadores de la Lotería Nacional, para pedir que no legislen al vapor, ni se dé entrada a una reforma de este tipo, que lesionaría a empresas nacionales y derechos laborales a favor de corporaciones trasnacionales.

Los representantes del Sindicato de la Lotería Nacional, que afilia a 12 mil trabajadores, hicieron llegar a un escrito en el que advierten que cuentan con servicio médico particular ųsubrogadoų y de aprobarse la nueva ley los enviarían a cualquier otro, lo más probable de menor calidad y si hubiera alguna irregularidad, ya no podrían responsabilizar directamente a la clínica o al médico.

Por todo ello, precisó el legislador, la minuta tal como ésta no puede aprobarse y debe ser motivo de una serie de modificaciones y adiciones, entre ellas para garantizar que a la Secretaría de Salud no sólo se le den atribuciones de normas de carácter general, sino toda la reglamentación para que puede supervisar que efectivamente pueden operar las empresas, sin vulnerar el derecho de los mexicanos a la salud .

* Necesario para el 2000, duplicar el presupuesto al sector: funcionaria de la Ssa

Absurdo, ignorar los rezagos sanitarios

Sería "absurdo" no reconocer que todavía falta mucho por hacer en materia de cobertura de salud, porque si bien el paquete básico de atención sanitaria se ha extendido a toda la población, "indudablemente resulta insuficiente", manifestó Alba Moguel Ancheita, secretaria técnica de la Dirección General de Extensión de Cobertura de la Secretaría de Salud.

Entrevistada luego de participar en el cuarto simposio internacional "Por la calidad de los servicios médicos y la mejoría de la relación médico-paciente", organizada por la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed), la funcionaria admitió que aunque en México se han logrado erradicar enfermedades como la poliomielitis, aún se registran casos de niños que enferman y mueren de otros padecimientos prevenibles, como la diarrea.

Atribuyó la persistencia de este mal a la dificultad que existe para "cambiar los hábitos y las condiciones sociales de saneamiento básico, sobre todo en las áreas rurales", pero acotó que "lo importante es que el número de víctimas es menor al de hace unos años".

Es imposible, agregó, construir un centro de salud en cada una de las 160 mil localidades rurales "tan dispersas" que existen en el país y cuya población no es mayor a los 50 habitantes en algunos casos. En tal sentido, explicó que la concentración de servicios médicos que existen en las ciudades y que marcan "una profunda brecha" respecto a las comunidades rurales se debe a que la población se concentra en las metrópolis.

Durante su participación en el simposio, Moguel Ancheita refirió que 20 entidades del país no han recibido todavía la "certificación universal de cobertura plena" que otorgan la Organización Panamericana de la Salud y el gobierno de México, la cual significa que "todos los habitantes de determinado estado cuentan con el acceso regular a servicios de primer nivel".

En lo que va del año, dijo, siete entidades obtuvieron su certificación y se pronostica que antes de que concluya 1999 se evaluarán siete más, mientras que las restantes serán analizadas durante el año 2000, a fin de que "la totalidad del país esté certificado".

Asimismo, sostuvo que la cobertura en salud debe enfocarse desde dos planos: tanto el de población como el de la calidad en los servicios ofrecidos. "Este dimensionamiento nos muestra que aún hay mucho que hacer para alcanzar la plena cobertura", pero su ampliación, agregó "requiere aumentar también el gasto público en salud".

Calculó que para el año 2000 se requeriría "por lo menos duplicar" el presupuesto previsto para el sector salud, puesto que se pretenden extender los servicios de segundo y tercer nivel, lo cual implica la construcción y equipamiento de hospitales. En su opinión, no han sido significativos los incrementos que anualmente ha tenido el gasto en salud pública.

También criticó el hecho de que los recursos en la materia se distribuyan a través de varios programas federales: "En mi opinión, considero que los programas administrados desde el nivel central son menos eficaces y si los recursos federales se descentralizarán y transfirieran en su totalidad a los gobiernos estatales funcionaría mejor, ese el plan, la administración de los mismos tendría que eficientarse. Yo considero que deben estar en un sólo sistema, es decir, que no haya Progresa, Programa de Ampliación de Cobertura (PAC), Programa de Atención a Zonas Indígenas (PAZI), IMSS-Solidaridad, sino una sola forma de dar la atención."

No obstante, consideró que en esta administración "hemos dado un gran paso de muchos que tenemos que dar" con el otorgamiento del paquete básico a casi 10 millones de habitantes que no tenían servicio médico al principio del sexenio, por lo que dijo "no hay que dejar de reconocer lo que se ha hecho".

"Nos queda una tarea colosal para aspirar a la justicia social de un país con cobertura plena de servicios de salud". Cuando se logre, concluyó, "México podría pasar entonces finalmente de la cobertura universal a una verdadera protección social". (Susana González)