Ť Cometieron malversación, dice la Fiscalía Anticorrupción
Piden 25 años de cárcel contra Barrionuevo, Corcuera y Vera
Ť Fincan también responsabilidades sobre la sustracción de fondos
Ť Las autoridades solicitan condenas para otros cinco coacusados
Armando G. Tejeda, corresponsal, Madrid, 26 de noviembre Ť La Fiscalía Anticorrupción de España solicitó hoy condenas de prisión por un total de 25 años para los ex ministros del Interior José Barrionuevo y José Luis Corcuera, y para el ex secretario de Seguridad del Estado, Rafael Vera, por los delitos de malversación y sustracción de fondos públicos. Los acusados, en su defensa, señalaron a la Casa Real Española como institución que se ha beneficiado de los llamados fondos reservados.
Barrionuevo, Corcuera y Vera fueron, de 1983 a 1993, los más altos responsables de la política interna y de seguridad española, designados por el entonces presidente Felipe González, y también han sido procesados con relación a la formación y financiamiento de los ilegales Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL).
El fiscal Alejandro Luzón pide 10 años de cárcel para Corcuera, ocho para Vera y siete para Barrionuevo, y también quedarían inhabilitados por 15 años para cargos públicos
Asimismo, la fiscalía pidió condenas para cinco coacusados de Barrio Nuevo, Corcuera y Vera: diez años para el ex director general de Seguridad, Julián Sancristóbal; ocho años para el ex director general de la Policía, José María Rodríguez Colorado, y cuatro años de prisión para el ex director de la Guardia Civil, Luis Roldán, el ex gobernador civil de la provincia vasca de Vizcaya, Iñaki López, y el ex jefe del mando único de la lucha antiterrorista, Francisco Alvarez.
Este proceso se suma a otros judiciales sobre las presuntas irregularidades durante los 13 años de gobierno de González. Los casos abiertos van desde la guerra sucia de los GAL contra ETA, en la década pasada y que, como tratan de demostrar los fiscales, fue financiada con fondos del Estado.
En el proceso más reciente, Luzón tratará de demostrar que los ex ministros del Interior utilizaron los "fondos de reserva" para su enriquecimiento particular. Sin embargo los acusados, en su defensa, señalaron a la Casa Real, con estatus de jefatura de Estado, como otra de las instituciones que se ha beneficiado con los fondos reservados.
Barrionuevo y Corcuera dijeron tener documentos que así lo demuestran y en los que además se ven implicados "ministros y ex ministros" de las administraciones que llevaron a cabo la transición democrática tras el franquismo.
No obstante, el fiscal Luzón aseguró que los fondos malversados estaban destinados a "la defensa y seguridad del Estado", por lo que exigió se imponga a los imputados el pago de una multa por casi 9 millones de dólares para resarcir el faltante.
Según la acusación del fiscal, Vera acordó con Barrionuevo que parte de los fondos reservados se destinasen a "incrementar las retribuciones de algunos altos cargos del ministerio, de especial relevancia y responsabilidad en la lucha antiterrorista", por lo que Luzón afirmó que el dinero sirvió para beneficio personal, pero en el marco del funcionamiento de los GAL.
Según la cuenta de deberes y haberes del Estado de 1983 a 1994 se destinaron al ministerio del Interior unos 109 millones de dólares de "fondos reservados"; de estos "cerca de 8 millones de dólares fueron utilizados para el lucro personal de altos cargos políticos y de las Fuerzas de Seguridad del Estado".
Ayer, en la sede del partido socialista en Madrid, Corcuera y
Barrionuevo declararon que los "documentos" que tenían en su poder comprueban que "otros ministros y ex ministros" utilizan los fondos reservados con el mismo criterio y similares fines que ellos lo hicieron. En esa denuncia estarían implicados, según los coacusados, "jueces, fiscales, miembros de las fuerzas de seguridad, los ministerios de Justicia, Asuntos Exteriores, Defensa, así como la casa presidencial y la Casa Real".
Entre los documentos que afirman tener Barrionuevo y Corcuera destacarían "algunos recibos firmados por varios fiscales y jueces de la Audiencia Nacional por supuestas clases de formación a miembros de las Fuerzas de Seguridad". Ambos se dijeron "víctimas de una persecución discriminadora", pues incluso durante los gobiernos de transición, los ministerios contaron con una cuenta reservada con más dinero del que sumaba los fondos reservados de los departamentos ministeriales.
Este dinero hubiera servido, según los documentos, para pagar el rescate por algunos secuestrados por ETA u otorgar "sobresueldos a funcionarios". Pero Corcuera negó hoy haber solicitado pagos extra para quienes estaban implicados en la lucha antiterrorista.
Voceros oficiales de la Casa Real afirmaron que la residencia recibe 300 mil mil dólares anuales para la financiación de la seguridad de "sus majestades" y que estos gastos están comprobados por esa institución.