Ť Hay intranquilidad militar por la detención del ex dictador, dice Izurieta
Rechaza el ejército pedir la extradición de Pinochet
Enrique Gutiérrez Aicardi, corresponsal, y agencias, Santiago, 26 de noviembre Ť El ejército chileno no está de acuerdo en que se pida la extradición del ex general Augusto Pinochet, pero admite que hay "intranquilidad" en sus filas ante su prolongada detención en Gran Bretaña y debido a los procesos que enfrentan varios ex oficiales aquí.
El comandante en jefe de esa arma, general Ricardo Izurieta, volvió a insistir este viernes en "la intranquilidad" que afrontan las fuerzas armadas por el caso del ex dictador, quien la víspera pasó su cumpleaños 84 por segunda vez consecutiva bajo arresto domiciliario en Londres, en espera de una apelación para evitar enfrentar a la justicia en España.
En cuanto a la posible extradición, que en un momento dado se manejó como posibilidad para traerlo de regreso a Chile a 13 meses de estancia forzada en Londres, Izurieta aseveró que "el ejército no está dispuesto a traerlo a cualquier costo", en un implícito rechazo también a que se le juzgue en tribunales chilenos.
Dijo sentir "angustia y frustración" porque al mismo tiempo al menos cinco ex generales de la pasada dictadura se hallan sometidos a procesos judiciales, acusados de graves violaciones a los derechos humanos, en relación a la investigación del crimen del dirigente sindical Tucapel Jiménez, ocurrido en 1982 a manos del régimen pinochetista.
En una entrevista con la revista local Caras, el sucesor de Pinochet al frente del ejército añadió que la gente en las unidades suele preguntarle a sus superiores: "Oiga, mi comandante, Ƒhasta cuando a los militares nos tienen metido en esto y los otros están todos indultados?", y de allí la frustración que, dijo, sienten.
El ejército ha mantenido una "clara orientación profesional" y "no está ni ha estado en riesgo la institucionalidad", apuntó en respuesta de si el caso Pinochet gravitaba en las determinaciones de las fuerzas armadas, y afirmó que las decisiones las tomaba él y la institución no se ocupaba de política ni él se sentía presionado por ex oficiales.
El general Izurieta volvió a negar que la institución castrense tenga un archivo de informes sobre los detenidos desaparecidos bajo el régimen de Pinochet, y dijo que comprendía el dolor de las madres pero que tampoco era el papel de los militares andar buscando la información, sino que debe surgir "espontáneamente".
En el plano electoral, un nuevo sondeo de opinión recabado entre el 13 y el 23 de noviembre daba cuenta de un virtual empate entre los dos principales candidatos a la presidencia, el socialista Ricardo Lagos y el opositor derechista Joaquín Lavín.
El sondeo de la empresa Gémines, efectuado en la zona metropolitana y ciudades con más de 40 mil habitantes, arrojó sin embargo una ligera ventaja por primera vez para Lavín en la primera ronda con 41.7 por ciento de los votos frente a 41.5 por ciento para Lagos.
En una segunda ronda Lavín mantiene la ventaja con cuatro décimas, pues captaría 44.5 por ciento de las preferencias contra Lagos, que obtendría 44.1 por ciento. Pero, en Santiago y la zona metropolitana Lagos estaba adelante con 42 por ciento frente a 41.5 de Lavín.
El director de Gémines, entre cuyos socios figuran ex colaboradores de la dictadura, Andrés Passicot, dijo que será necesaria la segunda vuelta, pero subrayó que tanto en la primera como en la segunda ronda electoral se observa que hay un "perfecto empate estadístico", mientras el resto de los candidatos minoritarios suman en conjunto 5 por ciento.
Ricardo Lagos dijo no sentirse preocupado por el sondeo de Gémines de cara a los comicios del 12 de diciembre, al expresar su confianza en que tenía un gran respaldo ciudadano para ganar, además de que añadió que había que trabajar muy firme y que veía un país muy distinto al mostrado por la firma encuestadora.
El presidente Eduardo Frei se declaró listo para estudiar mecanismos para perfeccionar el proyecto de ley sobre reformas laborales, al que se oponen los empresarios, pero rechazó las acusaciones de ese sector de que se trate de una "emboscada legislativa" al aprobarse el paquete en la Cámara de Diputados en época electoral.
Mientras, un informe castrense señaló que para desmantelar unas 250 mil minas enterradas por el ejército chileno en las fronteras con Argentina, Perú y Bolivia se requerirá un gasto de unos 300 millones de dólares y unos 11 años de trabajo.