Miguel Concha
Chiapas: oportunidad histórica
La violación sistemática de los derechos humanos en Chiapas ha continuado desde la visita de la Relatora Especial de Ejecuciones Extrajudiciales en julio de este año. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas realizó por ello y a partir de entonces un informe que se dará a conocer hoy a Mary Robinson durante su entrevista con el presidente del centro, don Samuel Ruiz García, en el que se presentan las características de la guerra de baja intensidad que el gobierno mexicano ha implementado contra las comunidades indígenas. En él queda en evidencia esta guerra, que se manifiesta en homicidios, desapariciones y hostigamientos, así como en las diversas formas de violencia utilizadas por el ejército en la zona de conflicto. Menciona que estos casos son sólo la punta de un iceberg de violaciones constantes, y señala tres puntos importantes de esta estrategia: militarización, paramilitarización e impunidad. El gobierno juega con una doble cara: por una parte declara su intención de diálogo con el EZLN, y por otra utiliza todo su poder económico y militar en una guerra contrainsurgente.
Para mostrar su rostro de diálogo, utiliza todos los mecanismos diplomáticos con el fin de contrarrestar la mala imagen de México como país de graves violaciones a los derechos humanos. Moviliza sin embargo en las comunidades todos sus recursos económicos, fomentando la funcionalidad de los paramilitares, causando divisiones entre la población civil y preparando así el terreno para las elecciones del próximo año. Fondos públicos, inversiones y programas sociales repartidos en función de la filiación política de quien los recibe. Un ejemplo son las inversiones públicas en la Selva Lacandona, al tiempo que se realizaban operativos policiaco-militares y se ofrecía dinero a los zapatistas que entregaran sus armas. En ocasiones el gasto social es una simple máscara para cubrir el enorme gasto de infraestructura militar. En esa lógica se construyen carreteras y campamentos militares. Este derroche, lejos de ayudar al desarrollo de las comunidades, obedece a objetivos bélicos. En ese contexto sucedieron en agosto los hechos de Amador Hernández. Con el pretexto de proteger a la compañía constructora de una carretera, las autoridades enviaron al ejército, que hasta la fecha ocupa ilegalmente tierras del ejido. La actuación impune de éste quedó demostrada más adelante, con el ataque que se realizó en San José Nueva Esperanza, en el que los militares abrieron fuego contra un grupo de indígenas tojolabales. Estos hechos no son aislados; la intromisión de las fuerzas armadas en la zona de conflicto es permanente y afecta la vida cotidiana de sus pobladores.
El informe menciona la impunidad con la que actúan los grupos paramilitares, bajo el encubrimiento de policías militares. Tanto Paz y Justicia como el MIRA violentan la vida de las comunidades y sus pobladores, como lo demuestran los asesinatos de Cristóbal Vázquez y Manuel Cruz por civiles armados de filiación priísta. Su actuación ha sido además causa del desplazamiento de más de 10 mil indígenas en Chenalhó. Los desplazados no sólo no han podido regresar a sus lugares de origen, sino que ha habido nuevos desplazamientos. Hace apenas unos días, el 7 de noviembre, 11 familias salieron de Canolal al ya de por sí saturado campamento de refugiados en Acteal, a causa de las amenazas de los priístas.
En el documento del CDHFBC se afirma que la carta abierta dirigida al EZLN por el secretario de Gobernación es deficiente, y que no es "un gran paso para resolver el conflicto", como ahí se pretende, aunque se reconoce que es un cambio de posición del gobierno en cuanto a la actitud mostrada desde el año pasado. Sin embargo, éste no ha planteado ningún mecanismo que asegure la imparcialidad y la capacidad de convocatoria, interlocución y decisión de la aún inexistente intermediación.
Por todo lo anterior, el CDHFBC propone la realización de foros con el apoyo y la asistencia técnica del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en los que se discutan públicamente temas como el rol de las fuerzas armadas; su supervisión civil y en materia de derechos humanos; la limitación del fuero de guerra, de modo que las instancias militares no sean juez y parte en casos de violaciones de derechos humanos de civiles, la creación del ombudsman militar, etc.
Otras de las recomendaciones se refieren a los derechos indígenas. Se pide que se recomiende al gobierno de México el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés y se solicita a la Alta Comisionada asistencia técnica para la legislación de los derechos indígenas en nuestro país.