En estos días se ha desatado una polémica que tiene en el ojo del huracán a nuestro otoñal secretario de Hacienda, José Angel Gurría. El jubilado Gurría ha desarrollado su carrera pública en el área hacendaria del gobierno, así como en la banca de fomento. Fue director de Nacional Financiera, institución que lo ``pensionó'', para de ahí seguir prestando servicios al gobierno, antes de posesionarse en su actual cargo.
Junto con el Banco de México, la Secretaría de Hacienda es la principal responsable de diseñar y aplicar, en lugar de una auténtica política económica de Estado para este país, un simple instrumento económico de gobierno. Al lado de Guillermo Ortiz, Gurría es uno de los principales estrategas económicos de la presente administración.
Recientemente, en una presentación de Gurría ante legisladores, el diputado independiente Marcelo Ebrard lo cuestionó por la posible ilegalidad de su cuantiosa pensión de Nacional Financiera. Al parecer, resquicios normativos habrían permitido a Gurría jubilarse antes de tiempo y acogerse a las atractivas prestaciones laborales que caracterizan a la banca en nuestro país.
El adulto mayor, Gurría, se ofendió por la impugnación y contestó días después a la prensa que su pensión cubre la normatividad del caso y se ajusta a la legalidad, lo cual en términos técnicos parece ser así. Asimismo, Gurría calificó de maniobra política el señalamiento de Ebrard y nos recordó los vínculos del diputado con el ex regente Manuel Camacho, auténtica piedra en el zapato para el régimen.
Sobre este asunto cabe preguntarse ¿cuál debe ser la postura de nuestro partido acerca de la impugnación a un distinguido militante del tricolor como lo es José Angel Gurría? El actual secretario de Hacienda, recordémoslo, tuvo hace meses aspiraciones legítimas para contender por la nominación priísta a la elección presidencial del 2000. Sus comprensibles deseos se vieron frustrados, entre otras razones, por unos ilógicos ``candados'' partidistas, que criticamos a su tiempo y que, por otro lado, eran innecesarios para frenarlo, junto con otros candidatos incómodos, en una votación abierta.
Sería conveniente que el PRI fijase una postura en este penoso asunto de la pensión Gurría. ¿Habría que solicitar, en un acto de expiación priísta, que se revisen las condiciones exageradamente ventajosas con que algunos de nuestros militantes estrella se jubilan? El silencio o la indiferencia en asuntos que ofenden las buenas conciencias priístas han caracterizado la conducta del partido, lo cual es cada vez más absurdo ante una sociedad participativa y contestataria. Reconozcamos que con la jugosa pensión anticipada de Gurría existe una clara injusticia social, además de una aparente ilegalidad.
El joven Gurría es un pleno convencido de la ineficiencia del Estado paternalista al que se ha dedicado a combatir, a pesar de ser él un privilegio de la bestia negra que aborrece.
Sin embargo, la ineficiencia del sistema financiero que lo jubiló, ineficiencia cobijada por el Estado intervencionista, no le pesó en la conciencia para acogerse a beneficios que se le niegan a la mayoría de los ancianos jubilados de nuestro país.
Luego que el Estado benefactor, que contribuyó a desmantelar, le ha dado lo que cree merecer, ojalá que Gurría se interese más por la suerte de sus compañeros jubilados. A nosotros sí nos preocupa, y lo que deseamos no es que se le quite a Gurría lo que asegura le corresponde por ley y por derecho. Lo que deseamos es que a los demás pensionados de este país, muchos de los cuales son virtuales indigentes, el Estado o el libre mercado les reconozca sus esfuerzos y así adquieran también el estatus de pensionados light.
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