El diálogo público demandado por el CGH durante siete meses no puede ya ser se eludido por el gobierno.
1. El periodo de gracia en política se suele diluir muy pronto y el del doctor Juan Ramón de la Fuente, nuevo rector de la universidad parece estarse agotando a pasos desmesurados, a consecuencia quizás de una nula intuición de lo que es la política, pero sin duda por una realidad a la que no puede escapar como su predecesor: el rector de la UNAM es desde los setenta el enviado del gobierno ante la comunidad universitaria y ninguno de estos personeros del poder ha tenido la dignidad necesaria para erigirse en un defensor de los intereses de la UNAM.
2. La casi nula credibilidad de De la Fuente pareció venirse a pique desde el lunes 22, a tres días de su toma de posesión, cuando se negó a dialogar con el CGH y envió a un grupo de emisarios de bajo perfil al Auditorio Che Guevara (entre los que se hallaban dos de los más descalificados colaboradores de Barnés), para demandar se pospusiera una semana el primer acercamiento (en la que la responsabilidad porque la UNAM esté cerrada corre a su cuenta).
3. ¿Qué importancia podría tener por otra parte para el rector reunirse durante una semana, y antes que con los estudiantes, con los burócratas de la anterior administración, que son corresponsables de haber tenido cerrada a la UNAM durante varios meses, sobre todo porque serán acusados política y penalmente?
4. El doctor De la Fuente llega además al cargo en una situación de debilidad por las filtraciones que el equipo de Barnés hizo a la prensa sobre la salida de su jefe, que evidencian aún más la subordinación de la rectoría al gobierno. De acuerdo con algunas publicaciones, a inicios de noviembre Barnés fue convocado como era usual a Gobernación donde se le dijo que ``su tiempo se había agotado'' entregándosele la propuesta ya negociada con la dirigencia perredista que debería presentar como suya al Consejo Universitario: Congreso no resolutivo y sólo ``suspensión'' de uno de los reglamentos impugnados. Barnés dijo que sí pero se rebeló: soliviantó al Colegio de Directores a fin de que rechazara esa propuesta en la que decía se cedía demasiado y para que enviara una airada carta a Los Pinos denunciando la injerencia partidista en la UNAM (8 de noviembre), y el Consejo Universitario no la aprobó el miércoles 10, con lo que se selló la salida de Barnés el viernes 12.
5. El esfuerzo del rector De la Fuente por dedicar parte de su tiempo a negar la intervención del gobierno en su llegada a la rectoría ha resultado por otra parte absurdo, pues en esta designación la Presidencia de la República y la Junta de Gobierno perdieron todas las formas. La víspera de la renuncia de Barnés, Zedillo le había comunicado a Rosario Robles durante un almuerzo en Los Pinos que el siguiente rector sería De la Fuente (Milenio 116), y si no hubo más que una simulación de auscultación no se dio deliberación alguna, pues la noche del jueves 18, dos horas antes de que la Junta hiciera público el anuncio, y cuando aún entrevistaba a los suspirantes, ya se había filtrado la noticia (La Jornada, 19 de noviembre).
6. La ``estrategia'' oficial para imponerse al movimiento estudiantil sin ceder en lo esencial no ha variado hasta ahora como se ve, y ésa será por lo mismo la responsabilidad de las nuevas autoridades universitarias: abandonar el camino decidido en Bucareli casi desde los inicios de la huelga con el aval de la cúpula perredista. La ``Propuesta de los eméritos'' de junio no se distingue de las tesis de los moderados del verano o de la ``Iniciativa de las cinco escuelas'' de noviembre, porque con ligeras variantes no son más que la propuesta oficial, que expresa el acuerdo Bucareli-PDR, o como decían los antiguos ``la misma gata nomás que revolcada'': la oferta de levantar la huelga sin congreso resolutivo y sin la abrogación de los reglamentos. Es decir, que la rectoría pretendería echarse para atrás, pero en realidad no transigiría y los siete meses de huelga no habrían logrado nada.
7. El movimiento estudiantil ha puesto al descubierto que las políticas neoliberales del gobierno ``de Zedillo'' hacia la UNAM implican: a) su empequeñecimiento y la pérdida de su carácter nacional, con la reducción de la matrícula y del número de carreras; b) su desmembramiento, por la separación de las preparatorias y de los CCH y la integración de la investigación científica al Conacyt, y c) su privatización, a través del establecimiento de cuotas y la subordinación de planes y programas de docencia y de investigación a los requerimientos de las grandes empresas. Lo más grave es, sin embargo que, a siete meses de iniciada la huelga, muchos burócratas universitarios, en el más clásico estilo priísta, siguen alentando este plan de desmantelamiento de la UNAM. Y, sobre todo, que a una semana de haber asumido el cargo, De la Fuente no se haya aún deslindado de éste.
8. El nuevo rector no tiene por lo mismo ante este escenario más alternativa que: a) la de tratar de imponer como supuesta solución al conflicto el Plan de Gobernación y el PRD, que con disciplina de partido apoyarían los estudiantes y profesores moderados, pero que no resolvería nada, o b) la de dialogar con el CGH sobre los seis puntos del pliego estudiantil, y aceptar la abrogación de los Reglamentos y la convocatoria al congreso resolutivo, para lo cual tendría que hacer caso omiso tanto de las exigencias de Bucareli como de las pretensiones de la burocracia universitaria. No tiene de otra: o sigue actuando como su predecesor en el papel de representante del gobierno ante la UNAM, tratando de alargar la huelga con la pretensión de doblegar a los estudiantes y poder acelerar el proceso de privatización, o bien asume su cargo y actuando como un universitario acepta defender el proyecto histórico de la Universidad Nacional.
9. Las políticas represivas y de desinformación del gobierno no han cambiado, como lo muestra la violación de una alumna del CCH Oriente, miembro del CGH, que produjo varias movilizaciones y la denuncia del caso ante Mary Robinson (titular del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos), que junto con los expedientes de Chiapas y de la Frontera Norte, deberá ahora conocer el de un gobierno que pretende coartar el derecho a la educación superior.
10. El diálogo ahora es frente a la Nación y todos deben asumir sus responsabilidades, pero la UNAM, hay que reiterarlo, no podrá ser privatizada.