NUEVO LEON: UNION IGLESIA-ESTADO

La convocatoria del gobierno panista de Nuevo León para realizar hoy en la Gran Plaza de Monterrey una "oración ecuménica por la paz en la familia" provocó que la Secretaría de Gobernación emitiera una llamada de atención al gobernador de la entidad, Fernando Canales Clariond, y una subsecuente controversia. El llamado de Gobernación se sustenta en la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público que establece la prohibición a las autoridades de "participar en la realización de actos de culto religioso y actividades que tengan propósitos similares".

No obstante, es claro que, con su actitud, Canales Clariond atenta contra el principio constitucional de la separación entre la Iglesia y el Estado, principio que constituye uno de los pilares de la institucionalidad pública.

El empecinamiento de Canales por participar en lo que se conoce como "mega oración", acto de naturaleza evidentemente confesional, revela un grave desconocimiento de la ley, además de entrañar una manipulación ideológica para ganar simpatías entre sus gobernados. Con su actitud, Canales Clariond violenta el estado de derecho y atenta contra la condición laica del país, principio estrechamente vinculado a la garantía constitucional de la libertad religiosa. El gobernador pasa por alto que es el representante de una ciudadanía plural, en la que conviven no sólo católicos, sino individuos que profesan distinta fe religiosa, o incluso ninguna; el acto anunciado lo convierte en el gobernador de los católicos y lo descalifica como el mandatario de los neoleoneses en general.

Por otra parte, este episodio recuerda la actitud de otros panistas que al asumir funciones de gobierno confunden los ámbitos público y privado y, no en pocas ocasiones, traspasan su esfera de competencia para tratar de imponer sus particulares ideas de moral pública en asuntos que conciernen exclusivamente la vida privada.

El extrañamiento de la Secretaría de Gobernación no es, en sentido alguno, motivado por una actitud jacobina ni niega a Canales Clariond el derecho que tiene como mexicano a profesar el culto de su preferencia. Es responsabilidad de esa instancia del gobierno federal garantizar la vigencia del estado de derecho y evitar que éste se violente. En ese sentido, cabría esperar que dicha autoridad haga la investigación correspondiente y aplique las sanciones a las que haya lugar.

Cabe recordar, en justicia, que el gobernador Canales Clariond no ha sido el único que en fechas reciente ha pasado por encima del principio histórico de la separación entre la Iglesia y el Estado. También lo hizo Vicente Fox, candidato panista a la Presidencia de la República, quien al asumir la candidatura ondeó el estandarte de la Virgen de Guadalupe. Sin embargo, Gobernación no reaccionó ante el hecho, como tampoco lo hizo cuando una alta funcionaria de la Secretaría de Relaciones Exteriores se arrodilló ante el Papa -líder no sólo de la Iglesia católica, sino también jefe de un Estado extranjero- en un acto oficial en Los Pinos.

Existe, pues, un manifiesto descontrol sobre las manifestaciones de culto públicas de representantes del Estado, por lo que para evitar que se siga violentando la legalidad, Gobernación, por medio de la Subsecretaría para Asuntos Religiosos, debe asumir una actitud consistente y sancionar conforme a la ley a los funcionarios que incurran en faltas de este tipo, sin distinguir el signo político o la jerarquía del infractor.