Ť Mary Robinson: la intervención humanitaria, el fracaso de la prevención

Los derechos humanos no deben ser otra forma de colonialismo

Ť La funcionaria de la ONU afirma que el reto es muy grande para una oficina pequeña

Kyra Núñez, corresponsal /II y última, Ginebra, 22 de noviembre Ť Mary Robinson, titular del Alto Comisonado de Naciones Unidas para Derechos Humanos, confiesa que no le entristecen, sino que le satisfacen, "las tribulaciones de los dictadores", como el caso del chileno Augusto Pinochet, cuyo proceso de extradición sentó precedente jurídico para otros tiranos como él.

A la luz de una de las crisis humanitarias más severas de los últimos tiempos, la de las matanzas de Timor en la transición a su independencia, concluye que las soluciones aplicadas a esa nación del sudeste asiático abren nuevas posibilidades estratégicas para la preservación de los derechos humanos. "No es, de ninguna manera, la imposición de valores de Occidente, porque los derechos humanos no deben ser otra forma de colonialismo".

Al admitir que su preocupación más acuciante en estos momentos es el conflicto en Chechenia, donde la población civil es blanco militar, apunta que en casos extremos como ése es necesaria la intervención humanitaria de fuerzas armadas de la ONU. Pero llegar a ese grado, el de la necesidad de intervenir, significa el fracaso de todas las políticas de prevención, acota.

Esos fueron algunos de los temas abordados durante la entrevista exclusiva con La Jornada.

El "cinismo democrático"

Sobre la jurisdicción asentada a nivel internacional en el caso Pinochet, señala: "Ya no es tiempo de permitirle a un individuo salirse con la suya; gente como él debe responsabilizarse de sus actos. El mundo debe romper con el círculo de la impunidad y dedicarse de lleno a la prevención. La construcción de la jurisprudencia requiere varios bloques, como se ha demostrado con el caso de Pinochet en Inglaterra. El asunto fue tratado por la Casa de los Lores y sentó jurisprudencia respecto a la obligación de extradición. Ahora, quien ha abusado del poder y sale del país por vacaciones o motivos de salud u otros, puede encontrarse en las mismas condiciones que Pinochet".

En otro momento de la charla, expresa su preocupación por la tendencia al "cinismo democrático". Se explica: "El cinismo hacia políticas democráticas, cinismo hacia lo que la democracia puede lograr. Aunque reconozco su dificultad, reitero que no es posible hablar de derechos humanos atendiendo solamente los derechos civiles y políticos, sin avanzar en los económicos, sociales y culturales; en suma, el derecho a la democracia y al desarrollo. Es mi agenda pero, desafortunadamente, todavía no lo es para muchos gobiernos.

"Reforzar los procesos democráticos va más allá de tan sólo permitir el mero derecho a votar; requiere la participación y el involucramiento de la sociedad civil, necesita mayor transparencia en la forma como el gobierno opera, y demanda, obviamente, el compromiso gubernamental de realizar los derechos económicos, sociales y culturales, así como los civiles y políticos, de la ciudadanía. Así, la democracia se vincula naturalmente con derechos humanos y el desarrollo."

Robinson asegura que el reto de su mandato es grande, y su oficina, el Alto Comisionado, es pequeña y con recursos insuficientes. "Pero a dos años y pico de trabajos, la seguridad en mi agenda se ha consolidado, aunque es cierto que los problemas no han disminuido. La tarea es simple: embeber de la cultura de derechos humanos a todas las sociedades y prevenir violaciones.

"Hoy veo posibilidades estratégicas que antes no existían o que eran inexploradas, como la interrelación regional, la vinculación institucional de las regiones con la ONU, el apoyo técnico. No es, de ninguna manera, la imposición de valores de Occidente, porque derechos humanos no debe ser otra forma de colonialismo. Mi sentido es el de que los gobiernos mismos se apropien de la causa, junto con la sociedad civil como su aliada."

Timor Oriental ejemplifica la situación. El gobierno de Indonesia creó una comisión de investigación de los dramáticos sucesos en la independencia de esa región y, al mismo tiempo, la Comisión de Derechos Humanos estableció otra comisión internacional de investigación. En lugar de competir, ambas se complementan, y el Alto Comisionado apoya los esfuerzos de cooperación.

La comisión internacional de investigación fue decidida no porque la Comisión de Derechos Humanos desconfiara de la credibilidad del gobierno indonesio cuando éste anunció la integración de su propia comisión de investigación de las violaciones en Timor Oriental, sino que consideró que la situación era de tan seria naturaleza que invocaba abusos potenciales de las leyes humanitarias internacionales y de derechos humanos, que habría que prevenir.

En otras regiones no se ha encontrado la misma fórmula de cooperación y las medidas aplicadas son lentas. Es el caso de Kosovo. "Allí fracasamos, no actuamos a tiempo, y eso me sigue preocupando porque la situación se ha revertido y ahora los que victimizan son los que antes fueron victimizados.

"Otro fracaso enorme fue en Timor Oriental, particularmente porque el sufragio fue auspiciado por Naciones Unidas y contábamos con informaciones suficientes para prevenir lo que después ocurrió; no respondimos adecuadamente, no tuvimos fuerza, voluntad política, para asegurar que el sufrimiento no seguiría.

"Chechenia es ahora mi preocupación extrema; es un problema humanitario y de derechos humanos. Para la reacción rápida se requiere voluntad política, y es a lo que se aboca el secretario general de la ONU, Kofi Annan, que ha abierto el debate ante la Asamblea General para sentar las bases de intervención humanitaria y fijar estrategias para cuando ocurren violaciones serias; el debate se centra en la voluntad política a nivel internacional y sin selectividad, pero al final de este milenio aún no lo hemos logrado.

"ƑA favor o en contra de la intervención humanitaria? Lo que se requiere es mayor discusión y diálogo sobre las bases para que dicha intervención sea apropiada, pero creo que se puede hacer más en el terreno de la prevención. La intervención, a mi juicio, puede ser diplomática, promoviendo la confianza, dando apoyo y capacitación técnica, favoreciendo acciones como la creación de comisiones de reconciliación y de instituciones de derechos humanos, y no sólo la circunstancia extrema de intervención militar.

"En el proceso de reacción interviene también el rol de los medios de comunicación, globales e inmediatos, que nos previenen cuando las situaciones se salen del contexto.

"Sobre la intervención humanitaria, me enfoco a la prevención; si tenemos que intervenir, es el fracaso de la prevención. Pero si tenemos que hacerlo, debe ser proporcional. Sería injusto no intervenir cuando los civiles son el blanco, como se ve en Chechenia."

AL y la tradición humanista

El viaje a tres países de América Latina ilustra las varias facetas del mandato de la ex presidenta irlandesa. En Costa Rica asiste al 30 aniversario del Pacto de San José, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. "Mi presencia valuará ese acto significativo para la tradición humanitaria de la región, y promoverá el vínculo entre los esfuerzos regionales con aquellos realizados por Naciones Unidas".

La visita a México, agrega, "marcará los progresos en materia de derechos humanos. Trataré temas difíciles y temas de alegatos de abusos, de sufrimiento humano, como en Chiapas y la frontera norte".

En Ecuador se pondrá en marcha un seminario de capacitación técnica para funcionarios de gobierno y defensores de derechos humanos. En suma, "promoción, protección y capacitación definen, pues, este viaje; un gran mandato para una oficina pequeña", reitera.

Ť Informarán ONG sobre la "violación sistemática" a los derechos

Conocerá Robinson la situación en Chiapas

Ť Autoridades federales y estatales "intentarán maquillar" el escenario, considera un activista

Andrea Becerril, enviada, y Angeles Mariscal, corresponsal, Tuxtla Gutiérrez, Chis., 22 de noviembre Ť La violación sistemática de los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas, los graves problemas de impartición de justicia ųaún hay 84 presuntos zapatistas presosų, la impunidad con que siguen operando los grupos paramilitares y la militarización en la zona de conflicto, además de las leyes aprobadas de manera unilateral por el gobierno de Roberto Albores, es parte del panorama que una veintena de organizaciones no gubernamentales presentarán a la titular del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Mary Robinson, durante su visita a Chiapas.

Asimismo, organizaciones sociales y campesinas preparan también un informe que harán llegar a la representante de la ONU, en el cual manifiestan preocupación por "el virtual estado de guerra" que se vive en la zona de conflicto y la desestabilización de la entidad por la reciente pugna entre grupos priístas.

Los presos pro zapatistas agrupados en La Voz de Cerro Hueco comenzarán este martes una jornada de resistencia pacífica, para denunciar que el ofrecimiento gubernamental de liberar a quienes fueron detenidos por supuestos nexos o simpatía con el EZLN no se ha cumplido.

Miguel Angel de los Santos, asesor jurídico de los detenidos y representante de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, comentó que el gobierno estatal juega con la libertad de las personas y la otorga cuando el momento político le parece adecuado, por lo que las recientes excarcelaciones de quienes fueron detenidos durante el desmantelamiento del municipio autónomo Tierra y Libertad atendió exclusivamente a crear una buena imagen a Albores en el contexto de la visita de Robinson.

Explicó que los seis liberados de cualquier manera pronto iban a salir, ya que su proceso jurídico había concluido y sólo se esperaba el dictamen de una sentencia absolutoria. Por ello, agregó que los 84 presuntos zapatistas aún presos llevarán a cabo una jornada de resistencia pacífica en el interior del penal.

De los Santos precisó que al menos 20 ONG de derechos humanos preparan el informe que entregarán a la funcionaria de la ONU. En él destacarán la violación a los derechos humanos y colectivos de los pueblos indios, sobre todo por la presencia del Ejército, que impide el desarrollo normal de sus actividades cotidianas, culturales y religiosas.

Entrevistado por separado, Porfirio Encino, dirigente de la Coalición de Organizaciones Autónomas de Ocosingo (COAO), comentó que desafortunadamente Robinson no podrá escuchar de viva voz las quejas y testimonios sobre violaciones a los derechos humanos de las comunidades indígenas en la entidad, debido a que sólo estará dos días en Chiapas y a la intención del gobierno estatal de maquillar la situación real que se vive.

Recordó que en este año Roberto Albores, a través de la mayoría priísta del Congreso local, aprobó de manera unilateral tres iniciativas de ley relacionadas con los pueblos indígenas que pretenden suplir los acuerdos de San Andrés: la de amnistía a favor de los grupos de civiles armados, la de remunicipalización de la zona de influencia zapatista y la legislación sobre derechos y cultura indígenas.

Sin embargo, no fueron consensadas con el EZLN ni con las bases de apoyo zapatista, a las que afectan directamente, y al mismo tiempo se continúa con la guerra de baja intensidad, con la militarización de comunidades, entre ellas la de Taniperla ųdonde el Ejército ocupa lo que era la escuela primariaų, Amador Hernández y Trinidad, agregó el dirigente.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, que preside el obispo Samuel Ruiz, consideró que con el desmantelamiento de los municipios autónomos y las recientes leyes aprobadas, el gobernador interino buscó legitimarse, pero provocó un mal mayor.

Además de ambigua, ya que no precisa a cuáles grupos de civiles armados se daría la amnistía, la ley respectiva pasa por alto las acusaciones contra el gobierno estatal de haber promovido y encubierto la existencia de grupos de civiles armados que provocaron matanzas como la de Acteal.

De hecho, agrega el organismo en un informe, "la masacre de Acteal demostró el nivel de involucramiento de los cuerpos paramilitares y funcionarios públicos de alto rango, y distintos mandos de los cuerpos de seguridad".

Hace notar que, contra lo establecido en los acuerdos de San Andrés y el Convenio 169 de la OIT, firmado y ratificado por el gobierno mexicano, Albores se dedicó a desmantelar los municipios autónomos con el argumento de que rompen el estado de derecho, y con ese pretexto lanzó una serie de operativos policiaco-militares y paramilitares en contra de cuatro ayuntamientos rebeldes.

De acuerdo con ONG y organizaciones sociales y campesinas, Albores promovió y logró la aprobación de la Ley de Derechos y Cultura Indígenas de Chiapas sólo para dar la imagen de que responde a los acuerdos de San Andrés, y propiciar la reanudación del diálogo entre el EZLN y el gobierno federal.

En mayo, una vez que las iniciativas estuvieron aprobadas, Albores preparó supuestas deserciones zapatistas, la primera en ese mes, a orillas del río Jataté, en Ocosingo. Allí, 18 personas encapuchadas que se dijeron militantes del EZLN entregaron algunas armas de fuego al gobernador durante un acto público y sostuvieron que desertaban del grupo rebelde.

Hubo otros dos actos similares, uno en Suchilá y otro en San Manuel, en el municipio autónomo San Miguel. Sin embargo, las comunidades de la zona desmintieron que los presuntos desertores fueran zapatistas, e incluso organizaciones campesinas, como la ARIC-Independiente, denunciaron que se utilizó a delincuentes para disfrazarlos como integrantes del EZLN y montar la farsa de que había deserciones masivas del grupo rebelde.

Ese incidente provocó la intervención de la Secretaría de Gobernación, dependencia que en agosto tuvo incluso que reconvenir al gobernador Albores por haber demandado públicamente que se dejara en manos del gobierno estatal la solución del conflicto con el EZLN.

Otro hecho que tensó aún más el ambiente fue el despliegue policiaco y militar en Amador Hernández, con el pretexto de proteger a la empresa constructora de un tramo de la carretera a San Quintín, pese a que la comunidad se opone al proyecto y que éste ni siquiera se había iniciado.

Tres compañías al mando del comandante de la 39 Zona Militar, Fermín Rivas, bajaron en paracaídas al municipio tzeltal, lo que motivó que el subcomandante Marcos lo denunciara como un intento más por cercar a la comandancia zapatista, durante el encuentro que sostenía con estudiantes de antropología y paristas de la UNAM en torno a la privatización del patrimonio cultural.

Los estudiantes emprendieron una marcha desde La Realidad a Amador Hernández y Albores amenazó días después con aplicarles la ley; las mujeres de la comunidad se plantaron frente a los militares, y aunque la Cocopa se trasladó al lugar, los soldados aún permanecen en la localidad.

Albores trató de oponerse a la decisión de las autoridades federales de suspender la construcción de la carretera, y provocó otra crisis estatal al enfrentar a campesinos chiapanecos contra comuneros de Oaxaca, en la zona de los Chimalapas, donde existe un viejo conflicto agrario que tiene que ver con la delimitación del área.

Tuvo que intervenir nuevamente Gobernación, ante el reclamo del gobernador de Oaxaca, José Murat, y la denuncia del hoy candidato a la gubernatura de la entidad, Pablo Salazar Mendiguchía, en el sentido de que Albores usaba el conflicto de los Chimalapas y responsabilizarlo de haber cedido indebidamente a los oaxaqueños parte del territorio de Chiapas.

De los Santos dijo que todo ese panorama debe ser conocido por Robinson, ya que las autoridades federales y estatales tratarán de presentarle una escenario poco realista de la situación en Chiapas.

Ť Insuficiente, firmar memorándum de intención

Limitados, los alcances de la visita de Robinson, dicen ONG

Ť Debe concretarse un convenio de asesoría técnica, expresan

Georgina Saldierna Ť Organizaciones no gubernamentales (ONG) demandaron ayer que el "memorándum de intención" que se firmará entre el gobierno mexicano y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) contenga la voluntad expresa de establecer un convenio de asesoría técnica lo más amplio posible y que en él participen los tres Poderes de la Unión, así como la sociedad civil.

Las ONG, al hablar sobre la visita a México de Mary Robinson, titular del ACNUDH, aseguraron que ésta ya tiene información sobre el estado que guardan los derechos humanos en el país, por lo que su labor consistirá fundamentalmente en impulsar un convenio de asistencia técnica que revierta la situación de violación a esas garantías.

Señalaron que Robinson propuso desde hace un año el establecimiento de este acuerdo, teniendo como base un diagnóstico que elaboraría un equipo de expertos, a partir de una visita in situ y de un análisis de las observaciones, conclusiones y recomendaciones que han hecho a México diversos órganos de Naciones Unidas.

Sin embargo, dicha visita no se realizó, debido a que el gobierno mexicano desatendió la propuesta. La carencia del diagnóstico previo hace que se reduzcan los alcances de la estancia de Robinson en México, ya que no podrá firmarse ningún convenio de asistencia; sólo se signará un "memorándum de intención", con lo cual, estimaron las ONG, se pospone de manera indefinida la suscripción del primer documento.

Entre los demandantes de un amplio convenio de asesoría técnica se encuentran el Movimiento Ciudadano por la Democracia, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos. En total suman 57 ONG.

Durante una conferencia de prensa, representantes de estos organismos explicaron el alcance de un convenio de asesoría técnica con la ONU, al señalar que su establecimiento implica tener una Constitución que se apegue a los estándares internacionales de derechos humanos y contar con un sistema electoral bien establecido, el cual garantice el ejercicio de los derechos políticos y asegure que la voluntad del pueblo constituirá la base de la autoridad del gobierno.

También implica la creación de un marco jurídico que con arreglo a la Constitución proteja los derechos humanos y la democracia, así como la existencia de instituciones nacionales de derechos humanos arraigadas e independientes; de una Judicatura sólida, independiente y habilitada, y de un Ejército fiel a la Constitución, capacitado en los principios de las garantías individuales y que desempeñe funciones militares legitimas.

Se requieren, abundaron, mecanismos eficaces y accesibles de solución de conflictos y una sociedad civil enérgica que incluya organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, grupos de mujeres, sindicatos y organizaciones comunitarias que estén capacitados, equipados, financiados y organizados de manera apropiada.

Explicaron asimismo que los programas de cooperación técnica se realizan en colaboración con otros órganos de Naciones Unidas, gobiernos y ONG, como un apoyo a los estados que procuran fortalecer los derechos humanos.

A la fecha son pocos los convenios de asesoría que existen en América Latina. De manera destacada se encuentra el celebrado con el gobierno de Colombia, donde se estableció desde 1997 una oficina permanente del Alto Comisionado.

Durante la conferencia de prensa, Mariclaire Acosta, de la Comisión Mexicana para la Promoción de los Derechos Humanos, manifestó que con la visita de Robinson no se puede esperar un cambio mágico en el rubro; la llegada de la comisionada forma parte de un proceso de colaboración para impedir la violación de las garantías individuales, subrayó.