Ť Pidieron condena pública contra agresiones
Aún sin respuesta, solicitud de ONG al presidente Zedillo
Ť El caso Digna Ochoa, otro pendiente que encontrará Robinson
Blanche Petrich Ť A lo largo de su gestión, la titular del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Mary Robinson, le ha dado especial importancia al tema de la protección a los defensores en situación de riesgo. Y en su visita a México, que comienza este martes, encontrará que el caso de Digna Ochoa, abogada del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro que sufrió un secuestro express en agosto y un ataque en su propia casa a fines de octubre, sigue en el aire, sin esclarecimiento ni acciones contundentes por parte de la autoridad.
Previendo la visibilidad de este caso, apenas uno más en el expediente de agresiones contra miembros de organizaciones no gubernamentales en todo el país, varias agrupaciones propusieron que el presidente Ernesto Zedillo emitiera una declaración pública de condena inequívoca a esos ataques y de voluntad política para prevenir, investigar y sancionar cualquier ataque contra esos activistas.
Mariclaire Acosta, presidenta de la Comisión Mexicana para la Promoción de los Derechos Humanos, explica la lógica de esa propuesta: "Si el presidente Zedillo va a intervenir en los asuntos de derechos humanos de países como Cuba, debe tener un expediente interno en orden".
La propuesta de los grupos civiles fue formalizada el 8 de noviembre, durante la segunda reunión realizada en la Secretaría de Gobernación entre la comisión intersecretarial para el seguimiento de derechos humanos y un núcleo de ONG: el Pro, la Red Todos los Derechos para Todos, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción, el Fray Francisco Vittoria, la Academia Mexicana de Derechos Humanos, Sin Fronteras, Acción Cristiana para la Abolición de la Tortura, el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana y la oficina del Arzobispado de México sobre la materia.
El secretario de Gobernación, Diódoro Carrasco, quien presidió la primera parte de esa reunión, externó que el compromiso del gobierno con los convenios internacionales en la materia es claro y que no había necesidad de una nueva declaración que lo refrende. Pero aun así, dijo que "trasladaría" la propuesta de las organizaciones a Los Pinos. Quedan apenas 24 horas para que inicie la visita de Robinson.
Una interlocución que tardó en llegar
Una queja persistente de los grupos defensores de derechos humanos a lo largo de la gestión del presidente Zedillo ha sido la falta de puentes de comunicación con las autoridades federales y locales. "Hasta ahora no nos habían considerado interlocutores válidos", asegura Rocío Culebro, ex presidenta de la Red, actualmente dirigente de la sección México de Amnistía Internacional. Ante ese vacío en su propio país, las ONG buscaron, y con mucho éxito, visibilidad en los foros internacionales a lo largo de los últimos años.
Una vez concertada y programada la visita de Robinson, el gobierno mexicano estableció por primera vez ese diálogo con las ONG, con la reactivación de la Comisión Intersecretarial para la Atención de los Compromisos Internacionales de México en Materia de Derechos Humanos, constituida en 1997. La primera reunión con los grupos civiles, el 25 de octubre, "fue un primer escarceo", externó un representante de las ONG.
Del bando gubernamental estuvieron presentes el subsecretario de Asuntos Migratorios, José Angel Pescador Osuna; el coordinador para el diálogo en Chiapas, Emilio Rabasa; el subsecretario de Seguridad Pública, Jorge Tello Peón, y el jefe de asesores de Carrasco, Armando Labra. Del lado no gubernamental, las agrupaciones ya citadas. En suma, en ese contacto inicial el gobierno pidió la cooperación de las agrupaciones, y éstas demandaron que la relación no fuera "ni cosmética ni cortoplacista". El resultado fue una primera identificación de la agenda y las posibles áreas de cooperación.
Después de esa reunión, la titular de Relaciones Exteriores, Rosario Green, citó a un desayuno a un "pequeño grupo" para darle continuidad a la discusión. Allí, la canciller mencionó que había instrucciones "precisas del señor Presidente para emprender el agiornamento de las políticas de derechos humanos", e insistió en la necesidad de no incurrir en generalizaciones ni exageraciones.
Bitácora de una reunión a puertas cerradas
La segunda reunión de la Comisión Intersecretarial y los grupos no oficiales tuvo lugar el 8 de noviembre, algunos días después del segundo ataque a Digna Ochoa.
El primer punto de la agenda se dio de manera natural. Los invitados a Gobernación expusieron que el panorama para las organizaciones de derechos humanos no puede ser más desalentador, no sólo por las amenazas y agresiones sufridas, sino también por las repetidas restricciones impuestas por las autoridades para las visitas de organismos civiles internacionales.
Fue cuando las ONG insistieron en que un buen punto de partida para la nueva relación con el gobierno sería una declaración clara y contundente del propio Presidente de la República, refrendando su apego a los compromisos que se han firmado con Naciones Unidas y otras instancias internacionales para la protección de los defensores de derechos humanos en riesgo. Incluso se habló de presentar una carta con las líneas propuestas.
Sin embargo, Diódoro Carrasco respondió que siendo claro el compromiso del gobierno con sus obligaciones internacionales, no "había lugar" para un nuevo refrendo presidencial. Expuso todas las acciones gubernamentales en la materia y prometió "mecanismos ágiles" para enriquecer la interlocución con las instancias presentes. En ese instante se mencionó a Armando Labra, asesor del secretario de Gobernación, como enlace.
Otro tema de agenda fue el de la política migratoria mexicana. Las agrupaciones hablaron de las expulsiones de observadores extranjeros, de la naturaleza "restrictiva" del nuevo reglamento de la ley y de su reiterada demanda de que se derogue el artículo 33 constitucional, que estipula la declaración de extranjeros non gratos y su expulsión sin juicio previo.
Pescador Osuna, negó que se hubieran dado expulsiones, sino "sanciones administrativas" contra ciudadanos extranjeros en situación irregular. Reconoció que la nueva Ley de Población tiene, efectivamente, "elementos restrictivos", y adelantó que está en estudio una nueva iniciativa sobre el tema para reformar el reglamento. En cuanto al artículo 33, puntualizó que no será derogado ni reformado, pero también dijo que no volverá a ser invocado en lo que queda de la presente gestión.
Se tocó la preocupación de las ONG sobre la falta de límites y fronteras claras entre la definición de lo que es la seguridad pública y la nacional, confusión reforzada por la resolución reciente del magistrado de la Suprema Corte Mariano Azuela, quien asentó que hay jurisdicción válida para la presencia militar en instituciones de seguridad pública.
Tello Peón reconoció que suele "haber confusión" entre los dos conceptos. Argumentó que la nueva ley de la Policía Federal Preventiva "es un avance", pero no un instrumento acabado, sino una herramienta para enfrentar la actual "crisis institucional". Dijo compartir la preocupación de sus interlocutores por los "huecos y vacíos" en la legislación actual.
Finalmente, se habló ųtambién a nivel de "escarceo"ų sobre la situación en Chiapas, lo cual dio marco para que Emilio Rabasa, comisionado para el diálogo en ese estado, refiriera ampliamente sobre la iniciativa de Carrasco asentada en su Carta al EZLN, emitida apenas llegó al cargo, en septiembre último.