* El vaso se colmó, coinciden fuentes internacionales

El alud de denuncias, motivo del viaje de Mary Robinson a México

* Preocupante corriente de informes sobre violaciones a derechos

Kyra Núñez, corresponsal /I, Ginebra, 20 de noviembre * Cuando el 12 de junio de 1998 la alta comisionada, Mary Robinson, emitió su ''Declaración sobre la situación de los derechos humanos en Chiapas, México'', fuentes confidenciales coincidieron en que ''el vaso se había colmado''. Días antes había ocurrido la matanza de nueve personas en San Juan de la Libertad, y en diciembre de 1997, la masacre de Acteal, ambos de los no aislados eventos impunes en el país.

En palabras de Robinson, ''la declaración fue motivada por el preocupante número de comunicaciones e informaciones que se reciben sobre el deterioro reciente de la situación en la región de Chiapas''.

Para ese entonces, el flujo de denuncias de serias violaciones a derechos humanos en México, ante la ONU, ''se había convertido en una corriente constante y sustancial de informes''. Mientras, la representación gubernamental mantenía firme la posición de que los hechos en Chiapas y los alegatos de abusos ni eran sistemáticos o institucionales ni, por supuesto, el gobierno tenía los brazos cruzados, sino que actuaba para revertir las situaciones de delitos considerados del fuero común y de la competencia exclusiva de la jurisprudencia y de la propia soberanía nacional.

Preocupada por el deterioro alarmante de la situación en la que aparentan acciones de fuerzas intergubernamentales, Robinson pide al gobierno del presidente Zedillo buscar urgentemente la manera de restablecer el diálogo, sugiriendo la reducción de la presencia militar en Chiapas, como manera de restablecer la confianza.

México ųaducen las víctimasų ha hecho oídos sordos a todos los llamados, sobre todo en lo referente a la escalada militar, que viene acompañada con quejas sobre la impunidad con la que actúan y los abusos que cometen en las poblaciones donde están adscritos los militares.

La declaración fue tomada a mal. Robinson, a un año y medio de presidir el cargo, fue criticada por autoridades y políticos. Pero resultó un parteaguas, pues desde ese momento, la oficina del Alto Comisionado estableció el proceso de comunicación y de respuesta, el cual había sido demandado por el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas, que desde los 80, ya tenía la situación de México como materia de preocupación, las relatorías de Naciones Unidas sobre Torturas y la de Ejecuciones Arbitrarias y los comités de expertos en Tratados y Pactos Internacionales, que habín voceado con insistencia la impunidad que la encubría.

Este proceso es evaluado por un experto en derechos humanos: ''Desde la declaración de Robinson, ha habido un diálogo fluido pero poco fructífero en resultados concretos'', aunque bajo una óptica optimista, México ha decidido aceptar las misiones de más de cuatro relatores especiales sobre temas específicos: derechos del niño, ejecuciones arbitrarias y de desechos tóxicos.

México quedó en la mira de organismos de derechos humanos y lo ha estado desde 1994. Incluso, el secretario general de la ONU, Kofi Annan, debió expresar su ''gran consternación" luego de Acteal.

La reacción de la cancillería, por medio del embajador Antonio de Icaza, se expresó en una protocolaria reunión con la alta comisionada. Fuentes confidenciales aseguran que Robinson no se retractó ni en privado ni en público. Una fuente informativa recuerda: ''En ese encuentro, calificado de fructífero por la alta comisionada, se construyó un puente para el diálogo''. México ingresó en la agenda de Robinson y así se evidenció con la subsecuente serie de encuentros con la titular y funcionarios de la SRE y diplomáticos en Suiza, así como con su política de puerta abierta a las organizaciones de la sociedad civil mexicana e internacional, tanto en Ginebra como en Nueva York. En apoyo a México, representantes de otras naciones consideraron que Robinson había actuado a la ligera, según palabras de un diplomático de América del Norte. Pero Robinson, se sabe, no negocia con palabras sino con hechos.

Añadiendo leña al fuego, la subcomisión para la Prevención de la Discriminación y Protección de las Minorías adoptó por mayoría de votos el 20 de agosto de 1998, una resolución titulada ''Desarrollo de la situación de los derechos humanos en México'', en la cual pide al gobierno acciones para combatir la impunidad, proteger el trabajo y la integridad física de los defensores de derechos humanos ųnacionales o extranjerosų, cumplir con lo estipulado en los acuerdos de San Andrés ųde 1996ų y tomar medidas para restablecer el diálogo con el EZLN. Y advierte, es tiempo de prevenir que la violencia y la impunidad causen un daño irreparable al estado de derecho. El daño, sin embargo, había sido ya causado, según opiniones de organismos no gubernamentales.

La resolución de la subcomisión es histórica, por ser la primera y hasta la fecha única, ya que este 1999 sus miembros no la ratificaron, aunque en su informe de sesiones insistieron en lo preocupante de una situación alarmante.

La tensión llegó a Ginebra. La representación mexicana expresó opiniones desechando la necesidad de tal resolutivo, aduciendo que las susodichas violaciones son delitos que las autoridades se encargan de combatir, que no es el único país donde existen abusos, que los problemas existen únicamente en 3 de los 111 municipios de Chiapas y en tan sólo cuatro de los 32 estados del país.

Pero la acción pública y directa contribuyó, tanto como las declaraciones de Annan y de Robinson, a levantar el velo del silencio con el cual se encubría una situación cada vez más dramática, consideraron voces de ONG internacionales y nacionales.

El levantamiento armado del EZLN y muy particularmente las masacres ocurridas en Ocosingo ųenero de 1994ų, la de Aguas Blancas, un año después, y Acteal, en diciembre de 1997, fueron el clímax de un cambio de visión para los responsables internacionales de la promoción y vigilancia de los derechos humanos en México. Por primera vez, en el ámbito nacional e internacional, voces civiles y defensores de derechos humanos pidieron, desde enero de 1994, una misión verificadora de derechos humanos y pasan luego a demandar que el secretario general de la ONU, la Comisión de Derechos Humanos, o el Alto Comisionado designen a un relator especial para México.

A partir de que el Alto Comisionado, ya con Robinson a la cabeza, instala en 1997 la estructura de seguimiento a nivel regional, y el cúmulo de casos comienzan a registrarse, la gravedad de la situación se visibiliza; según palabras de la primera declaración oficial para cinco países de Latinoamérica, incluido México, ''las denuncias explotan en números y, a partir de 1998, el flujo se vuelve constante, proveniendo de organismos no gubernamentales internacionales y mexicanos. Antes, en tiempos del primer Alto Comisionado, las posibilidades institucionales de actuar estaban maniatadas por una lucha interna entre la nueva estructura y el entonces Centro de los Derechos Humanos y, se dice, porque siendo un ecuatoriano, José Ayala Lasso, el primer titular de la oficina, no puso a sus grupos de apoyo en riesgo.

Pero incluso antes de la restructuración del centro y del Alto Comisionado, y de que los oficiales de región fueran designados, la información fluía sin interrupción, habiéndose identificado dos elementos de importancia: el TLC ųdel cual se dice, viola derechos económicos, sociales y culturalesų y el levantamiento zapatista, que demuestra, se dice, violaciones también a los derechos civiles y políticos.