José Antonio Rojas Nieto
Impuestos y petróleo

Dicen algunos de los que saben que ningún sexenio como éste ha sido tan sólido desde el punto de vista macroeconómico. Puede ser, por aquello del control del déficit. Acaso sólo por ello. Pero también es cierto que otros, que también saben, dicen que en ningún sexenio como éste se había cedido tanto terreno en el aspecto tributario, en detrimento no sólo del cumplimiento de algunas responsabilidades gubernamentales básicas, sino del componente más importante de los ingresos de Pemex, los llamados Derechos de Extracción de Hidrocarburos, la renta petrolera.

En 1994 la participación de los ingresos tributarios (impuestos sobre la renta, al valor Agregado, de producción y servicios, tenencia, comercio exterior y algunos otros menores) alcanzó una raquítica participación de 11.3 respecto al PIB; en 1995, 1996 y 1997 fue de sólo 9.3 por ciento en promedio. Esto, en buen romance, significó una liberación de responsabilidades fiscales a los contribuyentes, que apenas hasta 1998 se empezó a superar levemente, cuando los impuestos nuevamente alcanzaron una participación de 11.2 por ciento en el PIB para, muy probablemente, llegar a 12 por ciento en 1999. Una vez más, como en sexenios anteriores, esta disminución se compensó con crudo, pues el peso de la renta petrolera en los ingresos gubernamentales se elevó: de 2.2 por ciento del PIB en 1994, a 3.9 por ciento en promedio de 1995 a 1997. Y aunque en 1998 bajó a 2.5 por ciento y en 1999 a sólo un poco más de 2 por ciento, se espera un peso mayor en el año 2000.

Así, en los primeros tres años del sexenio los ingresos tributarios apenas representaron 60 por ciento de los ingresos gubernamentales; consecuentemente los no tributarios ųla renta petrolera de manera fundamentalų llegaron a 40 por ciento del total, lo que sigue haciendo de México uno de los países con más baja tasa fiscal del mundo: apenas 9 por ciento del PIB en esos años, y poco más de 11 por ciento en los tres últimos. Por cierto que para el presupuesto del año 2000 se plantea una reducción de la participación de los ingresos tributarios de casi medio punto del PIB, lo que continúa y profundiza la tendencia a la pérdida de peso de los impuestos en el producto nacional. Y también en el presupuesto se esperan ingresos no tributarios mayores, justamente por la recuperación del precio del crudo y, con él, de la renta petrolera captada por el gobierno. Esto no puede seguir así; este gobierno se cargó y se sigue cargando más sobre el petróleo, a pesar, incluso, del descenso drástico de precios. En 1998, cuando la mezcla mexicana de exportación registró apenas poco más de 10 dólares por barril, seis menos que en 1997 y cinco menos de lo que muy probablemente registrará este año, la renta petrolera representó más de 15 por ciento de los ingresos presupuestales, y casi 2.5 por ciento del PIB, lo que resulta dramático, por la pérdida de la capacidad financiera de Pemex, tan urgido en varios ámbitos de su producción ųprimaria y refinaciónų, de un reforzamiento sustantivo. Y más dramática resultó, para poner otros ejemplos, la elevación de los impuestos a las gasolinas y el diesel, que de representar 6 por ciento de los ingresos presupuestales totales, en 1998, con precios del crudo por los suelos, se elevaron a poco más de 11 por ciento.

En el fondo de todo esto no hay sino una continua y persistente improvisación tributaria; seguimos sin discutir y aprobar una reforma fiscal integral, la que, sin duda, deberá impulsarse durante años para revertir las tendencias regresivas en el sector, que nos caracterizan y que nos siguen ubicando como uno de los países con más baja carga fiscal del mundo. En medios gubernamentales y empresariales se habla mucho de la reforma fiscal integral, aunque no se ha dicho en qué consiste, quiénes deben impulsarla y soportarla y durante cuántos años. Es obvio que a nadie le gusta pagar impuestos. Menos aún si se tienen muchas evidencias de que buena parte de esos gravámenes se dilapida y se utiliza mal. Pero, a pesar de todo, es inevitable el pago de impuestos, sólo que los montos, formas y mecanismos deben ser cada vez más claros y transparentes. Y estar inscritos en una perspectiva que nos permita no sólo lograr una mayor participación de los ingresos tributarios en el producto nacional, sino una paulatina pero firme e irreversible liberación de la renta petrolera del fisco para su utilización crecientemente productiva. Respecto a esto, precisamente esto, ni éste ni muchos gobiernos anteriores han hecho nada, absolutamente nada. También en este caso, como en muchos otros, los números no mienten.