* Los paramilitares asesinaron a 27 etarras en los 80

Garzón, tras el creador de los GAL; acusa a Felipe González

* Documentos desclasificados dan al juez "nuevos datos" del caso

* La derecha está detrás de esta ofensiva, denuncia el ex presidente

Armando G. Tejeda, corresponsal, Madrid, 20 de noviembre * El juez de la Audiencia Nacional de España, Baltasar Garzón, reactivó la víspera uno de los sumarios más escandalosos de la joven democracia española: Garzón apunta al ex presidente del gobierno y líder del Partido Socialista Obrero Español, Felipe González, como el máximo responsable de la formación y de las operaciones realizadas por los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), comandos paramilitares creados desde las fuerzas de seguridad del Estado, que protagonizaron en la década de los 80 una guerra sucia contra ETA.

González en su calidad de "ex presidente" del gobierno, tiene condición de "aforado", por lo que será el pleno del Tribunal Supremo el que decidirá "si hay suficientes indicios" para proceder contra el líder socialista, quien mantuvo un férreo control del poder español en sus 15 años de gobierno (1982 a 1996).

Las secuelas de tantos años en el poder empiezan a resurgir de los archivos del sistema judicial: esta semana se relacionó también a González y a su gabinete con la creación de un entramado financiero ilegal (llamado Filesa) para hacer del PSOE una institución solvente, a pesar de la irregularidad del manejo de los recursos públicos.

González, uno de los líderes más "prestigiosos" del entorno internacional, lleva a cuestas un extenso cúmulo de denuncias por delitos de "tortura, asesinato y terrorismo de Estado" en el curso de su administración.

La teoría de Garzón se basa en 13 documentos que permanecían en poder del Centro Superior de Información de Defensa (Cesid, sistema de Inteligencia heredado por el régimen franquista). Estos documentos, clasificados como "secreto de Estado", fueron desclasificados en abril de 1997 a petición de tres jueces.

Estos documentos aportan "datos nuevos" que a juicio de Garzón comprometen a González, incluso en la llamada Acta Fundacional de los GAL del 6 de julio de 1983, y en cuyo pronunciamiento se indicaba que "la forma de acción más aconsejable era la desaparición por secuestro". Los GAL asesinaron entre 1983-87 a 27 personas, todas del entorno del independentismo vasco.

El pleno del Tribunal Supremo convocó a una reunión urgente la próxima semana para analizar el caso, pero desde la jefatura de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, anunció que apelará la decisión de Garzón, pues otro fiscal de esa misma institución, Pedro Rubira (mano derecha de Fungairiño) pidió en julio que se levantaran las medidas cautelares contra los imputados, entre ellos el mismo González.

El líder de facto del PSOE acusó de inmediato a la derecha de estar detrás de la ofensiva de Garzón, y dijo que hace poco fue objeto de "amenazas veladas" en este sentido por parte de un dirigente del Partido Popular. González acusó también al gobierno de haber orquestado esta acción para distraer la atención de la polémica actual sobre la privatización del grupo de telecomunicaciones Telefónica; algunos socialistas acusan a ciertos dirigentes de esa empresa cercanos al gobierno de llenarse abusivamente los bolsillos con la ayuda de las opciones de compra sobre las acciones de la empresa.

"Una vez escuché al juez Garzón hace muy poco tiempo que afirmaba, de manera casi textual, refiriéndose a otros jueces de la Audiencia Nacional, que había que acabar con el sistema político corrupto y con el felipismo, y que esa era su misión en la vida", declaró González al aludir el "rencor de la derecha" en esta nueva acusación.

Garzón lleva varios años investigando todo lo relativo al terrorismo de Estado en la época socialista. Tiene un voluminoso expediente sobre el caso Oñederra, el primer asesinato de los GAL, el 19 de diciembre de 1983, un año después de que González protestara como jefe del Gobierno.

Este caso es un ejemplo más de la política "descabellada e ilegal", aplicada por el régimen socialista, dice Garzón. El caso se basa en la investigación del surgimiento de la "organización terrorista" GAL, el asesinato del etarra Ramón Oñederra, los asesinatos de los también etarras Angel Gurmindo y Vicente Perurene, en 1984, y el atentado mortal contra el francés Christian Olaskoaga así como las heridas de su hermano Claude, ese mismo año.

"En la causa se contienen una serie de datos que directa o indirectamente están referidos al excelentísimo señor presidente del gobierno en ejercicio en 1983", dice el magistrado en su justificación y solicitud al Tribunal Supremo. Garzón no considera que los GAL surgieran por "generación espontánea", asilada y ajena a los ámbitos de competencia del Ejecutivo. Fue una "organización criminal creada desde instancias oficiales en forma premeditada".

El secretario general del PSOE y candidato a la presidencia, Joaquín Almunia, afirmó que se está "politizando la justicia" basado "en los conflictos del pasado". Destacó que el proceso abierto por Garzón se produce cuando faltan meses para las elecciones.

Para el vicepresidente segundo, Rodrigo Rato, "quienes pusieron en grave peligro y deterioro instituciones españolas básicas cuando eran gobierno no pueden continuar poniendo en deterioro las instituciones básicas cuando son oposición".

El calvario judicial de González y su partido apenas comienza: el 13 de diciembre comenzará el juicio del caso de dos vascos secuestrados en Francia, torturados y asesinados en San Sebastián y enterrados en Alicante. La acción fue diseñada por los GAL. También está pendiente el caso Brouard, un pediatra vasco asesinado a tiros en su consultorio, en otra acción de los GAL.