Ť Vecinos de San Juan de Aragón denunciaron la anomalía; hay 7 detenidos
Operativo contra la carga clandestina de gas
Ť Transportistas utilizan por lo menos 20 estaciones ilegales para reabastecerse de ese combustible
Luego de que las autoridades sorprendieron a un grupo de microbuseros que cargaban gas de manera clandestina en plena calle de la unidad habitacional San Juan de Aragón, la Dirección General de Transporte del Gobierno capitalino anunció la puesta en marcha de operativos especiales contra este tipo de acciones.
Vecinos del lugar denunciaron ante la dependencia que dos pipas de la compañía Silza SA de CV se instalaban en las calles segunda privada de avenida 661, de las 18:00 horas a las 2:00 de la madrugada, para abastecer de gas LP a microbuses de varias rutas del transporte concesionado de pasajeros, como la 1,18, 24 y 3, entre otras.
En un comunicado, la dependencia informó que dicha actividad representaba un grave riesgo para la población de la unidad habitacional San Juan de Aragón, y Narciso Bassols cuarta y quinta sección, así como de las instalaciones de la Liga Anáhuac.
El director general de Transporte, Francisco José Díaz Casillas, informó que en la ciudad existen por lo menos 20 puntos donde se realiza esta actividad en forma ilícita, por lo que se aplicará un operativo en coordinación con las procuradurías Federal del Consumidor (Profeco), General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) y de Protección Civil.
En el primer operativo conjunto fueron detenidas siete personas y asegurados igual número de vehículos. Ellos son: David Castañeda Vargas y Enrique Flores Olmedo, conductores de las pipas con placas del estado de México 41626 y KL95494, así como los operadores de cinco microbuses: Felipe Olivar Vargas, Cornelio Medina Melitón, Manuel Arellano López, Ismael Trigueres Hernández y Tiburcio Morales Hernández. Todos ellos fueron remitidos al Ministerio Público donde se inició la averiguación previa 13/2644/99-11 por delitos ambientales.
Díaz Casillas explicó que una vez que la dirección a su cargo compruebe que los microbuses asegurados estaban realizando la carga del combustible sin la debida autorización ni las normas mínimas de seguridad, perderán la concesión para la prestación del servicio.
Además, agregó, al violar disposiciones vigentes relacionadas con la comercialización del gas y en materia de seguridad, establecidas por la Profeco, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y Protección Civil, los involucrados podrían ser sancionados con penas de prisión de 3 meses a 6 años, y a pagar multas de 100 a 150 días de salario mínimo, según establece el código penal en materia ambiental.
El funcionario exhortó a la ciudadanía que tenga conocimiento de algún lugar donde se realice este tipo de acciones, a que lo denuncie a los teléfonos de Locatel, 56 58 11 11 o de la DGT, 55 33 32 89 y 55 33 32 85, para proceder oportunamente, toda vez que representa un riesgo para la seguridad de los usuarios y los habitantes de las zonas donde se realiza la carga.