PAGINA 9 Ť Lourdes Galaz
Deuda social

* En el 2000 habrá presupuesto para salud, educación y vivienda a favor de 2 millones 600 mil familias * Si los 52 mil 884 millones se repartieran entre 26 millones de pobres, cada uno recibiría siete pesos

Ayer escuché una preocupación del periodista Ricardo Rocha: la gente del gobierno no se pone de acuerdo sobre cuántos pobres hay en México. Todos y unos cuantos más, dijo un joven que también atendía el noticiario. Y para tranquilidad del periodista, el hombre que llevó las cuentas nacionales durante años le respondió: este año son 26 millones de mexicanos que viven en la pobreza extrema. Y qué cree usted, la mitad de ellos, unos 13 millones de compatriotas, nunca había recibido un subsidio del gobierno hasta que les llegó el Progresa (Programa para el Combate de la Pobreza Extrema). šAh!, y el funcionario anunció las buenas nuevas: en el 2000 habrá presupuesto para acciones de salud, educación y vivienda a favor de 2 millones 600 mil familias. š300 mil más que este año! Se congratuló Carlos Jarque, el secretario de Desarrollo Social... aunque no a todos, hay millones de mexicanos que sobreviven sin más. Porque, la verdad, no hay dinero que alcance: si los 52 mil 884 millones de pesos que se presume se gastarán en el año 2000 para combatir la pobreza extrema se repartieran entre los 26 millones que sobreviven en la miseria, alcanzaría para repartir siete pesos diarios a cada sobreviviente. Si se entregaran por familia, serían 31 pesos por día... suma que a nadie lleva de la miseria a la pobreza normal y generalizada.

La semana pasada, un comité de expertos de Naciones Unidas (ONU) pidió al gobierno mexicano hacer un esfuerzo por detener la degradación de los salarios mínimos y sugirió que se tomen medidas para enfrentar la crisis de vivienda en el país. Ese mismo día, aquí en la ciudad de México, el Colegio Nacional de Economistas llamó la atención sobre los pendientes en el ámbito microeconómico, que de no corregirse podrían generar problemas sociales graves en los próximos años. Y ayer compareció el operador de las finanzas públicas (el responsable es el jefe del Ejecutivo), José Angel Gurría, en la Cámara de Diputados. Cientos, miles de estudiantes y sindicalistas marcharon hasta las puertas del recinto legislativo para demandar mayor presupuesto para la educación. El secretario de Hacienda respondió las preguntas de una docena (o más, es lo mismo) de legisladores que en ningún momento, en la tribuna parlamentaria o entre las curules, razonaron su voto a favor de aumentar en 16 por ciento el presupuesto de la Cámara para el año 2000, y mucho menos se habló de que autorizarán un incremento de 58 por ciento ųen términos realesų al presupuesto para servicios personales en el Palacio Legislativo (es decir, las dietas que mensualmente cobran los señores diputados, los honorarios de sus asesores y los salarios de los empleados del Congreso). Más claro: si los diputados votan a favor del aumento de sus dietas, seguramente votarán porque se cumpla el llamado de la ONU para detener la degradación de los salarios mínimos.

Hace 18 años, cuando terminaba la bonanza petrolera y comenzaban las décadas perdidas, el presidente José López Portillo suscribió el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales impulsado por la ONU. El comité de 18 expertos que revisa los resultados de los programas sociales de los gobiernos está reunido en Ginebra, Suiza, y dentro de unos días analizará el informe de México correspondiente al quinquenio 1992-1996. Ayer mismo apareció en la prensa que una comisión que representa a 50 organizaciones no gubernamentales mexicanas presentó al comité de expertos un documento con hechos y cifras en el que refutan que de 1992 a la fecha haya crecido el bienestar de los mexicanos. Ese comité de 18 expertos de la ONU llamó la atención del gobierno mexicano sobre el empobrecimiento de la población con la degradación cotidiana del salario en los últimos 18 años. Y precisamente en ocasión de la glosa del quinto Informe del presidente Zedillo, una comisión del Senado de la República se reunió con el secretario Carlos Jarque, quien ahora lleva las cuentas de la pobreza extrema y opera los programas sociales del gobierno, para revisar sus resultados en este sexenio, particularmente el año anterior. En ese encuentro, recuerdo que la senadora Rosa Albina Garavito (PRD) con todo detalle explicaba cómo el gasto social del gobierno como porcentaje del PIB en 1998 fue de 8.3 puntos, menor que el 8.4 por ciento de 1981, cuando se firmó el pacto con la ONU. Y haciendo cuentas claras, la senadora ųque por cierto es buena economistaų sumó el monto de la deuda social acumulada, sólo por concepto de la pérdida del gasto social per capita, de 1981 a la fecha. Estamos hablando de šun billón 300 mil millones pesos! si este año el PIB crece al 5 por ciento como lo estiman los tecnócratas del gobierno. La deuda social convertida a dólares, aunque usted no lo crea, es equivalente a la deuda externa del gobierno. La diferencia, decía la senadora, es que la deuda social se oculta, la deuda externa se conoce, se reconoce y se paga puntualmente... y ciertamente sería demagógico sugerir que esa deuda social acumulada en 18 años pudiera pagarse de la noche a la mañana, pero sí es válido proponer que el gobierno acuerde un plan de pagos.

Los asesores del grupo parlamentario del PRD en el Senado hacen cuentas: para alcanzar el nivel de gasto social per capita que se ejerció en 1981, con tasas de crecimiento de 3 por ciento en el producto interno bruto, con índice demográfico a la baja, y conservando un porcentaje de 9.5 por ciento del PIB en el gasto, tendrían que transcurrir nueve años más. Más claro: sólo para alcanzar el nivel de bienestar de 1981, no para pagar la deuda social, tendrían que pasar nueve años más. Y dice la senadora a Carlos Jarque y a José Angel Gurría en su momento: "No es una década perdida, señores del gobierno. Son 27 años..." štoda una generación! Claro, el presidente Zedillo no está de acuerdo con estas cuentas. El 10 de noviembre habló ante financieros nacionales y extranjeros y dijo que "el gobierno alcanzó la proporción más alta (del PIB) en gasto social de toda la historia... y en un contexto de austeridad nos proponemos seguir avanzando". Hay cuentas alegres, ciertamente, al anunciarse el programa económico del año 2000, el último del sexenio zedillista. Sin embargo, hasta ahora los diputados que cuestionan desde la tribuna al secretario de Hacienda no llegaron a fondo en esto de las partidas presupuestales. Como se advertía, pusieron todos los huevos en la canasta del IPAB, que ahora tanto preocupa a priístas y panistas que aprobaron el rescate bancario. José Angel Gurría, tranquilo: "no fuimos nosotros (el gabinete) los que votamos, fue el Congreso..." Los diputados que cuestionaron al secretario de Hacienda tampoco se detuvieron a preguntarle sobre las trampas de las cuentas nacionales. Y es que no se vale decir ųcomo aseguran el Presidente y su gabineteų que el gasto social en el sexenio, particularmente en 1998, ha sido el más alto de la historia y que seguirá siéndolo, cuando hasta en los documentos oficiales se reconoce que el gasto programable (y, por supuesto, el gasto social), como proporción del PIB, es el más bajo de los últimos 20 años... No se vale decir que se reparten más rebanadas de papel, cuando el pedazo de pastel se reduce y muchísimo. Además, tampoco se vale hacer las cuentas del gran capitán cuando lo cierto es que los expertos tecnócratas reclasificaron los conceptos del gasto social en 1995, en 1997 y en 1998. Esto es, se cambió la metodología de la presupuestación del gasto. Y los diputados parece que no lo entienden o no hacen caso. Más claro: se reclasifican como gasto social partidas que antes se contabilizaban como gasto corriente de las entidades públicas. Y así por el estilo. Pero esa es otra historia...

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