El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez ha ubicado en Guerrero el origen probable de las agresiones contra Digna Ochoa. Un hecho todavía poco difundido en México, pero que ya ha tenido repercusión internacional, es el de dos campesinos ecologistas presos en Iguala, y cuya defensa jurídica estaba precisamente en manos de la abogada, comisionada que fue por el Centro Pro.

El caso reúne varios aspectos que forman una fotografía de la realidad de Guerrero, que puede ser la de México. De un lado, caciques -priístas, por supuesto- que monopolizan la extracción de madera en la sierra, y que cuentan con el apoyo de los militares y de las policías. Del otro, campesinos de decenas de pequeños poblados que se organizaron y resolvieron impedir la salida de la madera.

De la mano de Rubén Figueroa Alcocer -el gobernador sin licencia de Guerrero, como lo llama Julio Hernández- llegaron a la región diversas empresas madereras que aceleraron la tala. Como parte de este proceso, con el nombre de Costa Grande Forest Products, en 1995 se instaló la poderosa Boise Cascade, de Idaho, Estados Unidos, que encabeza la lista de las empresas que ponen en riesgo el hábitat de la humanidad, según los grupos ambientalistas del mundo.

La organización de los pueblos de la sierra de Petatlán, Ajuchitlán y Coyuca de Catalán fue hasta cierto punto sencilla. Primero porque es una zona de influencia cardenista-perredista; y segundo por la unanimidad del descontento ante el ecocidio que sufrían. Era, sin exageraciones, una cuestión de sobrevivencia.

Cuando fue decretado el paro en la explotación de los bosques, el 19 de febrero de 1998, Felipe Arriaga Sánchez dijo a periodistas que tomaban nota de la protesta: ``Eran unos bosques muy bonitos, limpios, vírgenes; hasta venados había. Por la tala han desaparecido camarones en el río, pescados, todo tipo de animalitos, porque no hay agua; nuestros hijos ya no los conocen, si acaso los van a ver en una fotografía''.

La protesta, amplia y legítima, fue tan eficaz que dejó sin abasto a la Boise Cascade, la cual terminó por abandonar la región, desenlace que, una vez conocido por los grupos ambientalistas de Estados Unidos, fue considerado como un enorme triunfo.

Vino entonces una feroz persecución contra los que para entonces ya habían constituido la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, Asociación Civil, conocidos como los campesinos ecologistas de la sierra de Guerrero. El catequista Felipe Arriaga fue acusado de guerrillero por el cacique Bernardino Bautista, quien llamó al Ejército, que pronto se hizo presente en los pueblos de la sierra con detenciones ilegales, torturas y amenazas contra miembros de la organización. Muchos, entre ellos Felipe, fueron obligados a emigrar con su familia.

Y otro de los fundadores, Rodolfo Montiel, fue detenido en una oscura incursión militar el pasado 2 de mayo, cuando soldados llegaron disparando al pueblo de Pizotla, en lo alto de la sierra de Ajuchitlán. Mataron al campesino Bartolo Sánchez y detuvieron además a Teodoro Cabrera.

Entre ambientalistas y periodistas estadunidenses, a Rodolfo Montiel se le conoce como el Chico Méndez de México, en recuerdo del defensor de los bosques de la Amazonia. Y para exigir su liberación se ha levantado un movimiento que trasciende las fronteras, cuyo último episodio es la realización de manifestaciones ante las representaciones mexicanas en Washington, Portland, Seattle y Albuquerque, el pasado jueves 4.

Lo que al parecer terminó por molestar a los probables agresores de Digna Ochoa es que ésta, durante un careo con participantes en la incursión a Pizotla, logró que dos soldados reconocieran que habían detenido ilegalmente a los ecologistas y, más aún, que los habían torturado en el cuartel del 40 Batallón, ubicado en Ciudad Altamirano.

En la misma diligencia, la abogada demandó al juez que el Ministerio Público Federal iniciara una averiguación contra los soldados confesos, por el delito de tortura.

Hoy los campesinos ecologistas sufren un feroz acoso de parte del Ejército. Varios de ellos tenían que bajar el miércoles pasado a testificar en el juzgado a favor de sus campañeros, y la defensa se tuvo que desistir de la prueba para evitar el riesgo de que fueran aprehendidos y torturados por los soldados, como lo fueron precisamente los dos detenidos en Iguala.

Y el juez quinto de distrito ha llegado al extremo de rechazar sin justificación las comparecencias -ofrecidas por la defensa- de agentes del MP y militares que participaron en la tortura, sólo para protegerlos.

Y si las agresiones a la valiente abogada se originaron en la sierra de Guerrero, ¿no sería conveniente que hasta allá fuesen reporteros del país para saber qué pasa?

Es mejor que documentemos ahora lo que ha sido un brutal episodio de guerra sucia contra una frágil y bondadosa mujer, lo cual tal vez mañana ya no podamos hacer, aunque queramos.