* Sus críticas, reflexiones de las fuerzas armadas
Rechaza jefe del ejército dar explicaciones al presidente Frei
Ap, Afp, Dpa y Reuters, Santiago, 11 de noviembre * El jefe del ejército chileno, general Ricardo Izurieta, aseveró que no tiene por qué dar explicaciones al gobierno en torno a sus cuestionamientos del miércoles por los procesos judiciales que afectan a militares, al señalar que se trata sólo de "reflexiones" de las fuerzas armadas.
No obstante, subrayó que el fondo de su crítica se refiere a la reinterpretación que le están dando los jueces a la ley de amnistía que dictó Augusto Pinochet en abril de 1978, que permitió liberar de responsabilidades a los militares implicados en graves violaciones a los derechos humanos.
"Si la ley de amnistía ya se aplicó y ya se ha aplicado, y con una cierta orientación, el hecho de que se cambie su aplicación hace que no sea aplicada en la misma forma hacia la gente que en este momento está amparada bajo esa disposición", explicó en referencia a los actuales juicios contra nu- merosos ex oficiales.
De todos modos, ante la avalancha de críticas que sus declaraciones de la víspera desataron, principalmente de fuerzas de izquierda, Izurieta afirmó que "el ejército jamás va a intervenir en las funciones de poder de un Estado. Nosotros somos muy respetuosos de las resoluciones de los diferentes poderes del Estado".
Una de las críticas más fuertes provino del diputado socialista Jaime Naranjo, quien señaló que lo dicho por Izurieta demostraba que en Chile no es posible juzgar a Pinochet, contrariamente a lo afirmado por el canciller Juan Gabriel Valdés, pues hoy se molesta por el desfile ante los tribunales de oficiales de menor rango que el ex dictador chileno.
El hecho es que la controvertida ley de amnistía, aplicada entre septiembre de 1973 y abril de 1978, por décadas fue aceptada por los tribunales de justicia chilenos sin siquiera investigar los hechos denunciados y así se cerraron centenares de juicios contra uniformados.
Sin embargo, muchos de los militares que están siendo juzgados hoy cometieron sus delitos después de 1978, en la década de los 80, y asimismo los jueces ahora interpretan, en los juicios de los detenidos desaparecidos, que se trata de casos de secuestros ya que a la fecha se desconoce el paradero de aquellas personas.
En Londres, el Tribunal Superior fijó para el 3 de diciembre una audiencia de instrucciones en la apelación a la decisión del juez de autorizar la extradición a España del ex dictador chileno, informó un portavoz del Servicio de Fiscalía de la corona.
Pero de acuerdo con fuentes judiciales, en la sesión no se trataría el contenido de la apelación presentada por la defensa de Pinochet, sino que probablemente será sólo para determinar la fecha y otros detalles referentes a la audiencia plena.
El abogado británico del anciano ex militar chileno, Michael Caplan, dijo haber remitido este jueves su respuesta al ministro del Interior, Jack Straw, en relación a su decisión de someter a exámenes médicos independientes a su cliente.
Sin embargo, dijo a la prensa británica e internacional que los términos de su respuesta al funcionario del gobierno del primer ministro Tony Blair eran estrictamente "confidenciales".
Fuentes cercanas al caso dieron por hecho que el detenido se someterá a los exámenes propuestos por el gobierno británico, como ofreció Straw, y una de las fuentes que pidió no ser identificada dijo que "estoy seguro de que él --Pinochet-- lo hará. Fue Chile la que lo sugirió".
En paralelo, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos envió una carta a Straw en torno a su decisión de someter al detenido a nuevos exámenes médicas, estimando que se trata de conocer su verdadero estado de salud ante las versiones de quienes sostienen que el ex general se encuentra gravemente enfermo.
En tanto, se registró un incidente en el Senado, en la ciudad de Valparaíso, durante un homenaje al general Carlos Prats González, asesinado en un atentado terrorista en Buenos Aires en 1974 por órdenes de la entonces dictadura pinochetista, cuando el ex subjefe del ejército y senador designado Julio Canessa críticó al difunto militar por "no haber guardado distancia prudente" con el gobierno que quería culminar un proceso revolucionario.
Mientras en la Universidad de Cuenca, Ecuador, se confería el título Honoris Causa al juez español Baltasar Garzón, las fuerzas armadas de Bolivia rechazaron el "colonialismo judicial español" del citado magistrado por querer juzgar a militares que gobernaron en Sudamérica.
Por su parte, el gremio del sector salud chileno anunció que es "irreversible" el paro nacional de 24 horas que efectuarán unos 10 mil médicos este viernes, tras fracasar negociaciones salariales, reportó el corresponsal Enrique Gutiérrez.