Dieciséis ministros de Comercio de diferentes países del continente americano participaron en el encuentro de gobiernos y sociedad civil, el pasado 3 de noviembre, realizado en el marco de la quinta ronda de negociaciones del Area de Libre Comercio para las Américas (ALCA).

En este encuentro, representantes de organizaciones sociales y civiles de todos los países del hemisferio, agrupados alrededor de la llamada Alianza Social Continental, plantearon nuevamente la exigencia de que la negociación del ALCA se democratice y permita la participación amplia y plural de los distintos sectores de la sociedad, y demandaron información y transparencia.

La reunión, que tuvo una duración de casi dos horas, se realizó en el hotel Crowne Plaza de Toronto, Canadá, lugar donde se realizaron tres eventos paralelos: la reunión de los ministros, la de la Alianza Social Continental, y el foro empresarial que participa de manera permanente como observador en la negociación del ALCA. Mientras que el foro empresarial cuenta con el aval de los gobiernos y participa con cierto carácter consultivo, los gobiernos, en particular el mexicano, se han opuesto a ampliar la ventanilla social y abrir espacios reales para que los trabajadores, campesinos y los productores pequeños y medianos tengan voz e influencia en la negociación.

Los grupos sociales presentaron a los gobiernos dos propuestas a ser consideradas en las negociaciones del ALCA: una sobre inversión, finanzas y deuda, y la segunda sobre exclusión social, empleo y pobreza. En el primer caso se plantea la necesidad de regular los capitales especulativos y favorecer inversiones productivas que creen empleos dignos, y se plantea que los gobiernos deben mantener su derecho a establecer las reglas de inversión extranjera, y resolver controversias de acuerdo a sus leyes nacionales, rechazando la pretensión del foro empresarial de repetir en el ALCA el capítulo sobre inversiones del TLCAN, por sus resultados nefastos ampliamente conocidos.

En relación a la deuda externa, se plantea que ésta ha crecido en la región de América Latina y el Caribe, de 257 mil millones en 1980, a 736 mil millones de dólares en 1999, y la manera cómo la crisis de la deuda en los 80 provocada por cambios en la política monetaria en los países del norte, desencadenaron alzas dramáticas en las tasas de interés pagables sobre los préstamos internacionales. Se propone en este sentido, que en vez de rescatar a inversionistas privados con dinero del presupuesto público, como es el caso de México, Asia y Brasil, los gobiernos deben discutir cómo hacer que los inversionistas privados asuman parte de los costos de resolución de las crisis financieras. Asimismo, se demanda la reducción del peso de la deuda externa de los países menos desarrollados como una condición indispensable para la verdadera cooperación entre los pueblos.

En la segunda propuesta, la alianza social llama a los gobiernos a garantizar que el incremento del comercio y la integración económica sirvan a amplios objetivos y profundicen la democracia y la sustentabilidad, erradicando la pobreza, y añaden que si el area de libre comercio de las américas no va a favorecer a dichos objetivos, debe ser rechazada o radicalmente modificada. Se llama a los gobiernos a rechazar la estrecha vía a través de la cual todos competimos para vender los recursos naturales y la fuerza laboral al menor precio posible, y en su lugar adoptar el camino justo, aumentando capacidades y habilidades, mejorando los estándares laborales y las condiciones de vida, respetando y valorando la diversidad cultural y la biodiversidad en el hemisferio.

Los representantes gubernamentales respondieron en distintos tonos: algunos dando clases de historia, otros rechazando lo que llamaron ideologías sin sustento, y otros más, apoyando un diálogo más franco sociedad civil-gobierno, y el impulso de análisis más objetivos sobre el impacto social y ambiental de los acuerdos comerciales regionales y subregionales puestos en marcha en los últimos tiempos en el continente.

Varios de los actores de la sociedad civil presentes en Toronto participaron en la histórica reunión trinacional de Zacatecas, México, en octubre de 1991, donde se realizó una de las primeras reuniones de negociación del TLCAN. Encabezando redes y coaliciones nacionales que demandaron comercio justo en lugar de libre comercio, estos actos han decidido participar activamente frente a la negociación del ALCA, y retomar las exigencias de Zacatecas que siguen siendo totalmente válidas frente a los actuales procesos: inclusión de la agenda social, democratización de las negociaciones y bases para lograr desarrollos sustentables.

La reunión de Zacatecas tuvo que refugiarse en la universidad ante la negativa radical de las autoridades de gobierno para que se utilizaran las instalaciones de un conocido teatro local, cuyo uso fue prometido con anterioridad. En Toronto, el gobierno facilitó la reunión sociedad civil-gobiernos, y demostró que es posible arribar a procesos de diálogo que aunque todavía muy limitados, son la antesala de la democracia que queremos y necesitamos para arribar a la modernidad.