Gilberto López y Rivas
La subordinación militar mexicana a EU

APARTIR DE 1995, ESTADOS UNIDOS Y MÉXICO comenzaron una de las etapas de mayor acercamiento en la cooperación militar. Desde entonces, más de 3 mil soldados mexicanos, pertenecientes a las fuerzas de elite, han sido entrenados en las academias militares estadunidenses. Además, hay que mencionar la sustancial ayuda de ese país al nuestro en equipo bélico.

Todas las entidades de seguridad de Estados Unidos se han volcado a la asesoría y el entrenamiento de las fuerzas de seguridad mexicanas, controladas ya por los militares vía la Policía Federal Preventiva. Además del entrenamiento que ofrecen las escuelas militares del Pentágono, la FBI ha impartido cursos de capacitación a policías federales y estatales en México.

Hasta la CIA ha intervenido en esta ola de ayuda a las fuerzas de seguridad militares y policiacas en México. Según el libro Drug Politics: Dirty Money and Democracies, de David C. Jordan, ex embajador estadunidense en Perú, la CIA se encargó de entrenar a un grupo secreto llamado CO47, responsable de investigar y combatir a grupos insurgentes en la República.

La propia CIA elabora un plan de coordinación intersecretarial estadunidense denominado Proyecto Piloto México, para ofrecer productos refinados de inteligencia al alcance de la presidencia de Estados Unidos y su gabinete de seguridad.

En ese sentido, es un hecho que México ha quedado subsumido a la agenda de seguridad estadunidense y que el gobierno de la República ha elegido a las fuerzas armadas para llevar adelante la preparación de todos los organismos de seguridad en caso de una situación emergente, como podría ser una rebelión social de grandes dimensiones.

Las fuerzas armadas siguen un proceso interno de modernización que les dará mayor autonomía y capacidad para enfrentar amenazas a la seguridad interna desde perspectivas regionales. Su concentración principal se halla en Chiapas, Tabasco, Guerrero, Veracruz y Oaxaca, donde está concentrada una cuarta parte de las fuerzas de tierra, con 11 zonas militares, 27 batallones de infantería, cuatro regimientos de caballería y dos regimientos de artillería.

En 1995, el Ejército Mexicano tenía 130 mil hombres, ahora tiene 40 mil más. En ese mismo año, el Ejército contaba con un solo Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, ahora tiene 70. Esos elementos se agregaron a la brigada de 4 mil efectivos de reacción rápida, que se organizaban en un batallón de asalto y dos batallones de Policía Militar.

El Ejército Mexicano ha invadido otras áreas, como la lucha en aguas dentro del territorio nacional. Antes no tenía Grupos Anfibios de Fuerzas Especiales, ahora sí, de manera particular en el sudeste del país, donde abundan los ríos, esteros, lagos y pantanos. El dispositivo aéreo ha mejorado con la constitución de Escuadrones Aéreos de Fuerzas Especiales, integrados por fuerzas aerotransportadas, reforzadas con helicópteros estadunidenses UH-60 Black Hawk y MD-500, además de los rusos MI-8.

Muy diferente a la experiencia altamente centralizada antes de 1995, la estructura de mando en el Ejército Mexicano ha sufrido un proceso de descentralización. Los nuevos planes otorgan a los jefes de cada una de las 41 zonas militares suficiente autonomía para tomar las decisiones en materia de logística, entrenamiento y misión de las fuerzas especiales.

Nuevas generaciones de soldados están siendo educadas en este contexto de subordinación de México a la seguridad estratégica de Estados Unidos. En aras de mantener la relación con ese país en los mejores términos, el gobierno ha seguido paso a paso las exigencias y las prioridades que exige Washington.

El Estado mexicano ha dado una respuesta policiaca y militar a los brotes de insurgencia en el país, en lugar de poner en práctica una política social y económica de largo plazo para aliviar tensiones y rencores sociales; para eliminar la violencia de grupos paramilitares, guardias blancas y sicarios, así como para ejercer una reforma profunda a la administración de justicia.

Sin democracia, las fuerzas de seguridad que han sido creadas durante el presente sexenio ųya sean policiacas, militares, militarizadas o paramilitaresų terminarán convertidas en el brazo represivo de un gobierno autoritario que no busca otro objetivo que la desaparición, a cualquier precio, de la insurgencia armada en el territorio nacional y del potencial disidente de las organizaciones populares y los partidos políticos opositores.

De nada sirve que el Ejército tenga la capacidad militar para llevar adelante la contrainsurgencia si la política autoritaria y antidemocrática del gobierno estimula la proliferación de más grupos armados.

La clave para desactivar la bomba de tiempo de una rebelión generalizada está en la democratización del país y en la desaparición de las formas autoritarias de gobierno. Una tesis difícil de aceptar por el grupo en el poder. *