Ť La política monetaria tendrá costos sociales, reconocen analistas y Ortiz

La inflación se contendrá a costa de salario y empleo

César Martínez Aznárez /II y última Ť La estrategia de largo plazo del Banco de México para reducir la inflación a tasas de 2 o 3 por ciento en cinco años significará un enorme costo social para el país porque los salarios reales apenas podrán obtener aumentos marginales, el crecimiento será bajo, y por lo tanto el déficit de empleo formal seguirá acumulándose. El costo de esta política es señalado por analistas privados y reconocido por las propias autoridades.

Los especialistas coinciden en que la propuesta del banco central para abatir la inflación --de 15.8 por ciento anual-- para que converja con la de Estados Unidos y Canadá, --de 2 o 3 por ciento al año--, significa en primer lugar aceptar un crecimiento de la actividad económica muy bajo, sobre todo en relación con el requerido para crear puestos de trabajo en el circuito productivo formal.

La actual política significa mantener altas tasas reales de interés, lo que, según Pablo Alvarez-Icaza, director de Estudios Económicos de Bursamétrica, en el corto plazo ''provoca menor consumo y menor inversión'', y por tanto un crecimiento menor.

Para César Castro Quiroz, director de Análisis del Centro de Análisis y Proyecciones Económicas para México (Capem-Oxford), la ambiciosa meta inflacionaria del banco central para el 2003 significará que la economía crecerá --como máximo-- a tasas de 3 por ciento en el trayecto hacia ese año.

El propio gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz, reconoció que la política seguida representa un sacrificio. ''Bajar la inflación en ninguna parte del mundo es gratis, siempre tiene costos'', admitió el funcionario a inicios de octubre ante empresarios nacionales y estadunidenses.

''Si se analiza la evolución de los salarios reales en México durante el periodo 1957-1998, en los años con inflaciones anuales mayores a un dígito, la variación anual promedio fue negativa en 2.7 por ciento. Por otra parte, en los años estables, el salario real creció 6 por ciento'', argumenta Ortiz en su Informe de Política Monetaria.

Según Héctor Chávez, economista en jefe de Santander Investment en México, los efectos de la política antinflacionaria generan ''costos de corto plazo contra beneficios en el largo'', pues proporciona certidumbre, incentiva la inversión y reduce la desigualdad en la distribución del ingreso.

Las percepciones han caído 40%

No obstante, el analista reconoce que esa estrategia --por sus efectos negativos en el corto plazo-- ''siempre es muy difícil de justificar, porque hoy se está pidiendo a la gente que aguante, y no nada más a la de la calle, sino también a las empresas que soporten tasas de interés altas'', y que el empleo crezca poco. Agrega que el problema más grave es en el empleo, pues para satisfacer la actual oferta de trabajo --calculada en un millón doscientos puestos laborales--, se necesitaría un crecimiento de 6 o 7 por ciento del producto, de modo que si las tasas de aumento son sólo de 3 por ciento, el rezago en empleos formales continuará incrementándose.

Como parte de su esfuerzo por reducir la inflación, el Banco de México demandó que los contratos de salarios para el 2000 acompasen su meta de variación de precios fijada en 10 por ciento, de modo que las expectativas inflacionarias que incorporen en los incrementos nominales no superen esa cifra.

Algunos cálculos académicos sostienen que el salario acumuló una caída real de hasta 40 por ciento en el presente gobierno, mientras los datos oficiales dan cuenta de una pérdida de 22 por ciento.

Según Castro, para que los salarios reales puedan regresar a los niveles de 1994, los trabajadores deberán esperar por lo menos hasta que finalice el próximo sexenio. Se pronostica que en 1999 las remuneraciones reales podrían recuperar sólo uno por ciento de su poder adquisitivo.

Para Alvarez-Icaza, buscar una inflación similar a la Estados Unidos y Canadá podría impulsar al sector exportador, lo que significaría mayores niveles de ingreso para el país.

Sin embargo, se mostró en desacuerdo con el argumento de que una inflación de 2 o 3 por ciento permitirá una mejor distribución del ingreso, y advirtió que ''es una condición necesaria pero no suficiente'', porque la corrección del rezago no sólo depende de la política monetaria.