GELMAN: JUSTICIA DENEGADA
Ayer, el presidente saliente de Uruguay, Julio María Sanguinetti, respondió al clamor mundial que exige esclarecer el paradero del nieto o la nieta del escritor argentino Juan Gelman, cuya nuera, embarazada de siete meses, fue secuestrada en 1976 por la junta militar que gobernaba Argentina y presumiblemente trasladada a Montevideo, en donde habría dado a luz antes de ser asesinada por los compinches uruguayos de la dictadura que acababa de tomar el poder del otro lado del Plata.
En el marco de dos décadas de gestiones orientadas a conocer la suerte de su hijo Marcelo y de su nuera Claudia García Iruretagoyena (los restos del primero aparecieron en 1989, metidos en un tambor de cemento; los de Claudia no han sido encontrados) y para localizar al hijo (o la hija) de ambos, Gelman recurrió, en mayo de este año, al secretario uruguayo de la Presidencia, Elías Bluth, para pedirle la intervención del gobierno de Sanguinetti. Posteriormente, en octubre, hizo pública la falta de resultados y de respuestas a su solicitud. Muchos ciudadanos de diversos países -entre quienes destacan los premios Nobel José Saramago, Dario Fo y Adolfo Pérez Esquivel-- respaldaron la demanda de esclarecimiento del poeta argentino.
En su réplica de ayer, en una carta a Gelman, Sanguinetti tuvo el mal gusto de afirmar que ese clamor le causó daño "en plena campaña electoral", "cercenó cualquier posibilidad que hubiera de encontrar alguna discreta noticia o confesión" para dar con el paradero del ser humano robado por los asesinos de su madre y dejó a "la vida" la responsabilidad de devolver a Gelman al nieto o la nieta que nació en un local de exterminio. De esa manera, hizo abdicar a su gobierno a la obligación de investigar un homicidio y el secuestro de un recién nacido.
El episodio expresa a cabalidad las miserias de los regímenes formalmente democráticos que sucedieron a las dictaduras militares de los años setenta y ochenta enAmérica Latina , y se inscribe en la inadmisible tolerancia mostrada por los gobernantes electos de la región ante la barbarie que asoló sus países en el pasado reciente: otras manifestaciones de esta actitud vergonzosa son la amnistía otorgada por Carlos Menem a los militares asesinos -98 de los cuales son ahora reclamados por el juez español Baltasar Garzón para ser juzgados-, el empeño del gobierno chileno por sustraer a Pinochet de la acción de la justicia y, lo peor, la amnesia oficial que permite a militares golpistas y criminales participar en la escena democrática de sus países: así ocurre, entre otras naciones, en Bolivia, donde Hugo Bánzer despacha como presidente, y en Guatemala, donde el genocida Efraín Ríos Montt encabeza la principal fuerza electoral del momento.
Mientras tanto, en el Cono Sur está pendiente la identificación de cerca de 500 hijos de asesinados políticos que fueron adoptados por los verdugos de sus padres o regalados a parejas afines a las tiranías militares. Por lo que respecta a la suerte de decenas de miles de desaparecidos, la justicia sigue pendiente.
En tanto los gobiernos de la región no se armen de voluntad política para esclarecer plenamente los actos de barbarie cometidos por los regímenes dictatoriales de las décadas pasada y antepasada, no podrá hablarse de verdaderos estados de derecho sino, a lo más, de inconvincentes remedos democráticos, y el mundo seguirá exigiendo que se informe a Juan Gelman del paradero de su descendiente.
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