Ť Senadores investigan el sistema privado, con el cual se lavaría dinero del narco
El caso Raúl Salinas, para examinar la banca de EU
Ť Elliott, funcionaria de Citibank que asistió al hermano del ex presidente mexicano, ante el Congreso
Jim Cason y David Brooks, corresponsales, Washington, 5 de noviembre Ť Amy Elliott, la funcionaria de banca privada de Citibank que asistió a Raúl Salinas de Gortari en el traslado de decenas de millones de dólares de México, a principios de los noventa, fue convocada a presentarse ante el Congreso de Estados Unidos la próxima semana para hablar de su ex cliente.
El Comité de Operaciones Gubernamentales del Senado utilizará el caso de Raúl Salinas y varios más, posiblemente también el caso de Carlos Cabal Peniche, para examinar el negocio de banca privada y cómo ha sido utilizado para lavar dinero del narcotráfico.
Varios bancos comerciales ofrecen servicios especiales, incluyendo banqueros personales y abogados, exclusivamente para clientes con depósitos de por lo menos un millón de dólares; un sector conocido como banca privada. Según un cálculo de la industria bancaria, ese negocio suma en total en el ámbito mundial unos 15.5 billones de dólares, equivalente a 44 veces el valor del producto interno bruto de México.
"La banca privada es un negocio creciente y lucrativo para los bancos estadunidenses", declaró hoy el senador Carl Levin, al anunciar las audiencias sobre el asunto la semana entrante. "Aunque se ha establecido para ofrecer servicios a los ricos, también es atractiva para los cárteles de droga, los que lucran de la corrupción y los que evaden impuestos como una forma de meter sus ganancias mal ganadas al sistema bancario mundial".
El comité del Senado empezó inicialmente su averiguación del sistema de banca privada, luego de que el Departamento de Justicia anunció una investigación sobre cómo Raúl Salinas logró trasladar su dinero desde México, con la asistencia de una "banquera privada" de Citibank, Amy Elliott.
Ni Citibank ni ninguno de sus empleados han sido acusados de algún crimen en este caso, y La Jornada se enteró de que la investigación del gobierno federal al banco no ha prosperado el último año, y recientemente los investigadores del caso fueron trasladados para el de lavado de dinero de clientes rusos en el Bank of New York. Las investigaciones realizadas por el Departamento de Justicia y por el Congreso son separadas, señalaron fuentes legislativas a este diario.
La vicepresidente de Citibank, Amy Elliott, está citada como la primera testigo en la audiencia programada para la próxima semana, en la que también comparecerán el presidente de Citigroup (matriz de Citibank) John S. Reed, el ex banquero Antonio Giraldi, quien cumple una condena de 10 años por lavado de dinero, y varios funcionarios del gobierno estadunidense.
Citibank ha reconocido que Elliott no se apegó a los procedimientos internos al aceptar a Raúl Salinas como cliente, pero también señala que Salinas fue recomendado por un prominente empresario mexicano, Carlos Hank González, un cliente de larga historia con Citibank.
El comité del Senado detectó cómo Elliott asistió a Raúl Salinas en el traslado de fondos de México a Nueva York y de ahí a diversas cuentas en Europa. Asimismo, el comité investigó las actividades de varios bancos más que prestaron sus servicios a Salinas, así como también bancos estadunidenses que brindaron asistencia a Cabal Peniche y Amado Carrillo Fuentes.
"De forma rutinaria, la banca privada utiliza nombres en código para sus cuentas concentradas, que disfrazan el movimiento de fondos de un cliente, y empresas extraterritoriales de inversión privada ubicadas en países con leyes estrictas de secreto", señalan los investigadores legislativos. "Estas leyes son tan estrictas que frecuentemente hay penas criminales por la revelación de información sobre una cuenta de un cliente a reguladores bancarios en Estados Unidos".
Mientras aceptan que gran parte del negocio de la llamada banca privada podrían ser simplemente servicios legítimos para los ricos, los investigadores en el Senado están presionando a los bancos estadunidenses a manejar con mayor cuidado este tipo de cuentas y aplicar un proceso de selección de clientes más cauteloso.
"La banca privada es un sistema de transportación global para el dinero que puede ser utilizado tanto por los (clientes) legítimos y los ilegítimos", declaró hoy el senador Levin. "Nuestros bancos estadunidenses tienen la obligación legal de identificar la diferencia, pero hemos aprendido en esta investigación que las fuerzas en juego en el mundo de la banca privada, frecuentemente hacen menos importante esta obligación que la de ofrecer servicios al cliente".
Los representantes de Citibank lanzaron una contraofensiva a todo este cuestionamiento e informaron sobre los extensos cambios a sus sistemas de control interno, en parte como resultado del caso de Raúl Salinas. Se espera que los funcionarios del banco declaren ante el Senado que Citibank ha desarrollado procedimientos que incluyen una evaluación más extensa de sus clientes, a fin de asegurar que las fuentes de sus depósitos sean legítimas. Después de aceptar un nuevo cliente, un sistema de computación monitorea cada transacción financiera de los clientes ricos para detectar cualquier movimiento dudoso o sospechoso. Estas medidas se implementaron en 1997.
Además, Citibank ha adoptado una política de revisar cuidadosamente las cuentas de sus clientes que provienen del sector público. De sus 40 mil clientes de la banca privada a nivel mundial, sólo 350 son figuras públicas, según información de la industria bancaria obtenida por La Jornada. Citibank ha adoptado esta política en parte como resultado de la critica que generó el caso de Raúl Salinas.
Pero esto parece no ser suficiente. De acuerdo con publicaciones de diarios locales, Citibank también manejó cuentas bancarias para dos hijos del ex dictador de Nigeria Sani Abacha, quien murió el año pasado. Estas cuentas, con millones de dólares en fondos, que las autoridades suizas creen podrían ser fruto de sobornos pagados por empresas petroleras extranjeras, se mantuvieron activas hasta el año pasado cuando se dio a conocer la investigación del gobierno suizo.
Investigadores en el Congreso y fuentes de la industria bancaria entrevistados por La Jornada argumentan que uno de los problemas es que los "banqueros privados" frecuentemente se dedican a asistir a sus clientes ricos en el traslado de fondos por todo el mundo para minimizar impuestos sobre éstos y evitar otras formas de regulación gubernamental. "Lo que estamos intentando hacer para nuestros clientes es ayudarlos a minimizar sus impuestos y las regulaciones gubernamentales a través de medios legales", explicó un banquero privado que pidió el anonimato a este diario. "Pero, claro, hay áreas grises". Sin embargo, mencionó que su banco rechazó a Raúl Salinas como cliente.
Son precisamente esas "áreas grises" las que preocupan a los senadores, pues hay un patrón de posibles abusos por el sector de banca privada. Pero los investigadores creen que el enfoque de sus investigaciones no sea tanto sobre fondos que resultan del narcotráfico, sino en dinero que es fruto de corrupción oficial en diversas partes del mundo.
Ť El zar antidrogas, por la calificación multilateral
Propone McCaffrey un mecanismo nuevo que sustituya la certificación
Jim Cason y David Brooks, corresponsales, Washington, 5 de noviembre Ť El zar antidrogas de la Casa Blanca, Barry McCaffrey, invitó a funcionarios antinarcóticos del hemisferio a Washignton para promover un nuevo mecanismo multilateral, como alternativa al proceso de certificación unilateral de Estados Unidos a los esfuerzos antidrogas de otros países.
En tanto, dos influyentes senadores buscan convertirlo en una condición más de la calificación anual a los países latinoamericanos.
La conferencia de líderes del hemisferio en políticas de drogas concluyó hoy, con el compromiso de los representantes de 34 países de realizar evaluaciones mutuas de sus esfuerzos antinarcóticos sobre la base de acuerdos en el marco de la OEA. "Este mecanismo no se trata de sanciones, se trata de cooperación", indicó el secretario General de la OEA, César Gaviria.
El procurador general de México, Jorge Madrazo Cuéllar, en su ponencia sobre los desafíos para la región en el futuro, pidió políticas que identifiquen a los narcotraficantes como los adversarios y no a los pueblos y gobiernos. "La política humanista contra las drogas no certifica, no señala, no estigmatiza; al contrario, evalúa participativa e incluyentemente a fin de corregir; es comprensiva de los niveles de desarrollo alcanzada por los socios y es abierta al apoyo de todos".
Esto fue el propósito de la conferencia de dos días, y McCaffrey confía en que el nuevo mecanismo de evaluación multilateral, el punto central del programa, sustituya a la larga el proceso de certificación, el cual realiza unilateralmente el gobierno estadunidense, al calificar el desempeño de la lucha antidroga de los países identificados como principales afectados por el narcotráfico. "La cooperación multilateral sirve mejor a los intereses de los estadunidensea que la certificación", señaló McCaffrey.
El mecanismo de evaluación en el marco de la OEA, firmado por México y otros países del hemisferio el 5 de octubre pasado, obliga a estos gobiernos a responder a un amplio cuestionario sobre sus esfuerzos antinarcóticos en 79 rubros. Además, nombrarán a un grupo de expertos que se reunirán en el año 2000 para evaluar los esfuerzos antidroga de cada país.
Pero la propuesta para deshacerse de la certificación, al parecer, quedara frustrada. En vez de que el nuevo mecanismo sirva de sustituto, los senadores Charles Grassley y Jesse Helms proponen incorporar la iniciativa al proceso de certificación, como una variable más al calificar a cada país. Los influyentes legisladores presentaron un proyecto que obligaría al presidente de Estados Unidos a juzgar a México y a otros países sobre la base de su evaluación favorable o no bajo el nuevo mecanismo de la OEA.
"El gobierno de Clinton, como sus antecesores, está intentando ignorar la certificación como una responsabilidad legítima y deshacerla donde pueda", declaró Grassley al presentar la propuesta al Senado. "Como asunto de interés nacional, estamos obligados a juzgar las acciones de otros países les guste o no".