n En la zona se reproduce la ballena gris

Amenazada, la ecología de la reserva natural del Vizcaíno

n Inversionistas pretenden crear allí la salina más grande del mundo

Matilde Pérez U. n En caso de que la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca apruebe el proyecto Salitrales de San Ignacio estarán en riesgo de 22 a 40 millones de dólares de los recursos que podría otorgar la Agencia para el Ambiente Global (GEF) para la protección de 25 áreas naturales del país, adicionales a la decena que ya tienen recursos de ese fondo internacional, advirtieron directivos del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF).

También estarían en riesgo las inversiones de importantes desarrolladores de ecoturismo que están interesados en invertir en esa reserva, entre ellos capitalistas de Estados Unidos y España, expusieron.

El proyecto de Exportadora de Sal (empresa en la que participa el gobierno federal y Mitsubishi) compromete irreversiblemente el único paisaje prístino de las lagunas de la reserva del Vizcaíno y contradice los principios que llevaron al gobierno mexicano a proteger esa zona que hoy está en un óptimo estado de conservación.

La reserva natural del Vizcaíno ocupa 2 millones 546 mil 790 hectáreas del territorio de Baja California Sur y a su sistema lagunar -Ojo de Liebre, San Ignacio y Bahía Magdalena- cada año arriba la ballena gris a reproducirse. El proyecto de la salina más grande del mundo en áreas naturales protegidas provocaría impactos potenciales en mil 500 kilómetros cuadrados -equivalentes a la mitad de la superficie del Valle de México- a cambio de la producción de 7 millones de toneladas de sal con un valor comercial de 90 millones de dólares y creación de 220 empleos técnicos especializados.

Al presentar el informe San Ignacio. Un faro en el futuro de la conservación, Guillermo Castillejas, director de la representación de la WWF en el país, pidió a las autoridades mexicanas reflexionar sobre los efectos que tendría el proyecto salinero, el cual modificaría el paisaje prístino de esa zona y afectaría ese patrimonio natural del país en detrimento de las generaciones futuras.

Julio Gutiérrez, presidente del Consejo de Administración y del Comité Ejecutivo de Condumex, acotó: "un industrial comprometido con el desarrollo sustentable tiene que actuar con ética" y comentó que en el caso de Salitrales de San Ignacio no puede hablarse de desarrollo industrial con responsabilidad porque antepone la obtención de divisas a corto plazo sin importarle los efectos a la naturaleza a largo plazo.

Lo que está en juego en este caso, insistió, es el esquema legal que protege el paisaje natural de México (artículo 48 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente). " Los industriales no queremos ver en San Ignacio un paisaje industrial ni que las autoridades ambientales tomen una decisión precipitada; Esta es la oportunidad para decidir el camino que se tomará en el futuro", dijo. Consideró que los 180 días hábiles (seis meses) son insuficientes para evaluar el estudio de impacto ambiental de la salinera.

En el estudio, la WWF destaca que el ecoturismo y la pesca sustentable dejarían mayores ingresos a los pobladores de la región en comparación a la propuesta de la salinera, incluso la creación de empleos sería de dos a cuatro veces mayor a los 250 que pretende desarrollar ESSA. Por ambas actividades, el impacto en la economía local sería también superior, por la pesca el potencial de ingreso sería de 42 millones de dólares y por ecoturismo - actividad que está en su fase inicial- de 3 a 4.5 millones de esa divisa, mientras que por la actividad salinera sería de 4 a 7 millones de dólares, por ejemplo.

Insistente en que las pesquerías son la fuente principal de empleos locales e ingresos económicos de San Ignacio y que es la mejor alternativa de desarrollo al igual que el ecoturismo, la WWF destaca en su estudio que ambas actividades son incompatibles con la salinera porque "hay una pérdida del control comunitario sobre las zonas de pesca por el crecimiento no controlado de la población que traería consigo el proyecto industrial, así como los impactos ecológicos que ésta originaría en las pesquerías de abulón, cayo de hacha, langosta, entre otras.

Por su parte, el director administrativo de ESSA, Joaquín Ardura, reconoció las iniciativas de desarrollo presentadas por la WWF y aseguró que no hay contraposición entre el desarrollo de la producción de sal por evaporación solar, la pesca y el ecoturismo. Recordó que la empresa aportó en este año 100 mil dólares a las cooperativas pesqueras de San Ignacio para llevar a cabo estudios para recuperar la captura de especies como la langosta y abulón.

Respecto a la derrama económica, expuso que en Guerrero Negro y el municipio de Mulegé ha contribuido al desarrollo social, de infraestructura y servicios y sólo en 1998 pagó 15.5 millones de dólares en salarios a sus trabajadores y 2.5 millones adicionales en utilidades y un 33 por ciento de los dividendos de la empresa se quedan en el municipio.