n Otorga EU asilo político a periodista chilena
Niega Pinochet haber participado en violaciones a los derechos humanos
Enrique Gutiérrez Aicardi, corresponsal, y agencias, Santiago, 4 de noviembre n El ex dictador chileno Augusto Pinochet negó haber participado en las violaciones a los derechos humanos que se cometieron durante su régimen dictatorial, al considerar "improcedente" declarar ante el exhorto del juez Juan Guzmán Tapia.
Al justificar su rechazo a contestar el cuestionario de 75 preguntas que le había enviado a Londres el juez chileno en torno al caso de la llamada "caravana de la muerte", afirmó que tal tramitación "debió ser rechazada como protesta ante al desconocimiento de la soberanía jurisdiccional chilena por España y Gran Bretaña".
En su misiva al juez, publicada hoy por el vespertino La Segunda, señaló que era su deseo dejar constancia de que "mi primordial objetivo es el esclarecimiento de los hechos y mi ninguna participación en los mismos", en alusión a las múltiples querellas criminales en su contra fincadas en tribunales de Santiago.
"...No es menos cierto que la situación procesal a que me encuentro sometido hace del todo improcedente que, privado de libertad por una jurisdicción que no reconozco, declare ante su S.S. --Su Señoría-- por la vía de una carta rogatoria, cuya tramitación, a mi juicio, debió ser rechazada..." en protesta ante los dos países europeos, afirma.
El ex gobernante de facto dijo estar "sometido a un arresto prolongado e injusto, en territorio extranjero, lejos de mi patria y de mi entorno natural, y además aquejado de diversos males que tienen mi salud comprometida..."
Por lo anterior, concluyó el ex dictador, "lamentablemente debo señalar al señor ministro que no me encuentro en condiciones de analizar la legalidad del procedimiento ni tampoco dar, en su caso, respuesta adecuada a las preguntas contenidas en el exhorto que se me ha comunicado, como habría sido mi deseo".
Pinochet, quien el 25 de noviembre cumplirá 84 años de edad y se halla bajo arresto domiciliario en Londres desde el 16 de octubre de 1998, se negó así a responder sobre el caso de los 72 asesinatos de opositores políticos de la caravana de la muerte, un operativo para asesinar a decenas de dirigentes y activistas disidentes.
Al parecer en la carta rogatoria del juez también se buscaba aclarar los nexos que tenía el ex general con la Dirección de Inteligencia Nacional, el aparato represor de la dictadura pinochetista y en torno a la cual diversos testimonios sostienen que él la dirigía directamente.
En Madrid, mientras el canciller español Abel Matutes expresó su esperanza de que conflictos como el de Pinochet no afecten los trabajos de la próxima Cumbre Iberoamericana a realizarse en La Habana, el líder opositor socialista, Joaquín Almunia, criticó que la política exterior de su país quede en los hechos en manos de Garzón.
Aseveró que José María Aznar ha "cometido errores de bulto", ya que "este gobierno le dejó al juez Garzón la dirección de la política de España hacia América Latina", en referencia a los procedimientos judiciales lanzados por el magistrado contra Pinochet y recién contra cerca de un centenar de militares golpistas argentinos.
"Quien dirige la política exterior es el gobierno, no Garzón", añadió Almunia al aludir a la Constitución española.
El aspirante presidencial acotó que en el lugar de Aznar, él habría consultado al Consejo de Estado antes de retransmitir el pedido de extradición del ex gobernante de facto chileno planteado por el juez.
En tanto, la Corte de Apelaciones confirmó por unanimidad el sometimiento a proceso y detención del general retirado Humberto Gordon, ex director de la disuelta policía secreta de la antigua dictadura, en relación con el caso del asesinato en 1982 del líder sindical Tucapel Jiménez.
En otro plano, una encuesta difundida hoy arrojó que 67 por ciento de los militantes y simpatizantes demócratas cristianos votará en las elecciones presidenciales de diciembre por Ricardo Lagos.
Asimismo, una decena de ex presidentes del Partido Demócrata Cristiano se inclinaron por Lagos como la mejor opción para continuar con el progreso en el país.
Mientras, Estados Unidos otorgó asilo político a la periodista chilena Alejandra Matus, autora del Libro negro de la justicia chilena, prohibido en su país.