México es uno de los países más derrochadores de energía en el mundo, pues utiliza casi tres veces la energía que destina Japón para producir un dólar de producto interno bruto. Su infraestructura energética es desequilibrada y altamente dependiente de los hidrocarburos, ya que más de 90 por ciento de la producción de energía primaria depende de éstos. Esta dependencia de los hidrocarburos se ha profundizado durante los últimos tres sexenios porque el gobierno federal ha privilegiado la generación de electricidad a partir de la instalación de plantas térmicas que consumen hidrocarburos, desaprovechando su enorme potencial en otras fuentes de energía que, a diferencia de los hidrocarburos, son renovables y de menor impacto ambiental. Desde principios de los años ochenta el gobierno federal prácticamente suspendió el programa de construcción de plantas hidroeléctricas y el apoyo gubernamental para el desarrollo de la energía solar y otras fuentes alternas ha sido inexistente o escaso.
La política petrolera ha sido un crimen económico contra la nación. La urgencia por obtener divisas para pagar la deuda externa ha inducido al gobierno federal a extraer los hidrocarburos en forma acelerada, lo que acorta la vida de los yacimientos y provoca graves daños al medio ambiente. En lugar de construir las refinerías y plantas petroquímicas necesarias para transformar localmente el petróleo y con ello generar empleos para los mexicanos, reactivar la planta productiva nacional y producir internamente los combustibles y materias primas petroquímicas que necesitamos, se ha preferido ampliar la infraestructura de extracción para exportar grandes cantidades de petróleo en su estado natural. Así, México exporta petróleo crudo barato, transfiere a los países compradores los beneficios derivados de su transformación industrial y compra a aquéllos volúmenes crecientes de combustibles y petroquímicos a precios caros.
El sector energético mexicano está patas arriba. La propuesta general es enderezarlo y operarlo con verdaderos criterios de eficiencia técnica económica y de beneficio para todos. La preservación de nuestras reservas de hidrocarburos requiere impulsar fuentes alternas de energía y que Pemex abandone su papel de monoexportador de petróleo crudo y recupere su vocación industrial. Ello permitiría reducir progresivamente la exportación de petróleo crudo para transformarlo localmente en combustibles y petroquímicos, generando empleos y estimulando la reconstitución de cadenas productivas. Poseer reservas petroleras relativamente abundantes y baratas representa ventajas comparativas que deben ser transformadas en ventajas competitivas para la planta productiva nacional.